La oposición del Parlamento de Cantabria, con los votos del Partido Popular, Podemos y Ciudadanos, han aprobado la propuesta del PP, enmendada por Podemos, para pedir que ningún residente del CAD de Sierrallana sea trasladado durante y antes de la ejecución de las obras de tratamiento de termitas.

El debate y su posterior votación ha sido seguido por cerca de cuarenta trabajadores y familiares de los residentes del CAD de Sierrallana, que este jueves han convocado una huelga, y que esta tarde se han concentrado frente al Parlamento antes del pleno.

Isabel Urrutia, diputada del PP.

Desde el Partido Popular, la diputada y exdirectora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, Isabel Urrutia, ha defendido esta propuesta, en la que además se pide que se mantenga las plazas públicas que existen en el centro en la actualidad y que éstas cuenten con personal necesario para atenderlas.

De hecho, solicitan que en el resto de los centros de titularidad pública se cubran las plazas en caso de que haya solicitantes, y “no permitan que queden vacantes mientras haya lista de espera”.

“No sé cuál es la intención del Gobierno de Cantabria” ha asegurado la diputada popular, que ha recordado las denuncias del comité de empresa sobre una posible privatización, al aprovechar las obras para trasladar a 24 residentes a la entidad privada religiosa Fundación Asilo. “Yo no conozco el contenido del concierto”, ha añadido, insistiendo en que lo que sí sabe es que “si lo ponemos en relación con otros centros de titularidad pública, vemos cómo el Gobierno decide no cubrir las plazas de estos centros”.

El Partido Popular ha criticado la falta de información que el Gobierno ha otorgado sobre el tema que, en su opinión, se debe a que “no hay expediente o el que hay no ofrece conclusiones lógicas para justificar el traslado” de los residentes.

Asimismo, ha afeado la actitud de la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Felisa Lois, con sus “declaraciones públicas intolerables” sobre los trabajadores, “acusándoles de dejación de funciones” con “el objetivo de lavar su dañada imagen”. Unas declaraciones que, en su opinión, vienen porque “cuando le dan una cebolleta se viene arriba y no tiene límite”. “Todavía estamos esperando a que rectifique públicamente de sus acusaciones de baño a manguerazos en el CAD por parte de los trabajadores”, ha añadido, entre los aplausos del público asistente al pleno.

“EL TRASLADO ES UN CUENTO DE TERROR AL QUE NO LE AUGURAMOS FINAL FELIZ”

Contra el traslado de los residentes también se han manifestado Podemos y Ciudadanos. Los tres partidos han dudado de la necesidad del traslado, ya que ya se está llevando a cabo una parte del tratamiento con los pacientes en el edificio, y critican que el Gobierno no haya sabido explicar el motivo por el que no se ha dado otra alternativa.

Podemos ha criticado también la actitud de Felisa Lois con los trabajadores y familiares, a los que cree que “insulta y desprecia con total impunidad». “Su gestión de los Servicios Sociales en poco o nada se diferencia del PP”, ha asegurado el diputado Alberto Bolado, para quien “el traslado es un cuento de terror al que no le auguramos final feliz”.

Desde Ciudadanos, también dudan de la necesidad del traslado cuando “en principio el tratamiento, según los informes, de la empresa es inocuo”. Su portavoz, Rubén Gómez, ha resaltado varias contradicciones del Gobierno, como la falta de un informe o del cálculo de los costes finales, lo que en su opinión refleja una “mala planificación” que “ahonda en la sensación de falta de transparencia”.

“ESTÁN AGITANDO DE MANERA INTERESADA EL FANTASMA DE LA PRIVATIZACIÓN”

Rosa Valdés, diputada del PRC.

Por el contrario, los dos partidos del Gobierno han votado en contra de la propuesta, a la que han calificado de “pura hipocresía hecha iniciativa” por parte del Partido Popular.

La portavoz regionalista, Rosa Valdés, ha criticado que los partidos de la oposición “están agitando de manera interesada el fantasma de la privatización sin poder probarla fehacientemente”.

Valdés ha asegurado que el PP pretende erigirse “como defensor de la sanidad pública cuando han probado ser sus principales detractores en sus etapas de mayorías absolutas”; y ha insistido en que ellos tienen “nula credibilidad”, cuando “durante cuatro años han practicado lo contrario de lo que hoy exigen al Gobierno”, con el resultado de un “varapalo de las urnas» y «las protestas multitudinarias de los que ahora dicen defender”.

También ha cargado contra Podemos, al que ha acusado de ser “el socio necesario de esa coalición opositora de los dos extremos”, que cada vez está “más cerca de este partido corruptor” por “interés populista”. «Esto no es el cierre de La Pereda», ha insistido.

Por parte de los socialistas, Silvia Abascal ha señalada la ironía de que sea el PP “cuya única definición de su gestión se llama recorte” se erija como “abanderado de la sanidad pública”. De hecho, ha resumido que la acción de los ‘populares’ entre 2011 y 2015 se orientó a la «demolición» del cuarto pilar del Estado del Bienestar, la atención a la dependencia.

“Lecciones las justas”, ha advertido, insistiendo en que “el único interés de este Gobierno es que el CAD sea un centro público y referente en el cuidado de dependientes”, y defendiendo de que se ha informado en todo momento al comité de empresa y a la junta de participación de las familias de todos y cada uno de los procesos llevados a cabo.