El consejero de Economía, Ángel Agudo (PSOE), el titular de Deporte de aquel Gobierno (PRC), Javier López Marcano y el empresario Santiago Díaz, en sala de prensa || FOTO: archivo

El Gobierno de Cantabria, con su intervención en el Racing el 22 de diciembre de 2004, asumió un crédito de 1,2 millones de euros avalado personalmente por el  entonces máximo accionista del club, el constructor Santiago Díaz (ASCAN, del Grupo SADISA) y por su mujer, María Victoria Zabala.

Una póliza que habían firmado en mayo de aquel año, con la garantía personal solidaria de la operación entre sí y con la sociedad (Racing), y que se renovaron el 1 de octubre de 2004, un mes antes de proclamarse la causa de liquidación de la sociedad anónima deportiva con la que se justificó la intervención pública de aquel Ejecutivo PRC-PSOE, que asumió una deuda bancaria total por valor de 21,2 millones de euros en aquel primer rescate del Racing.

Así aparece detallado en un documento del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) al que ha tenido acceso EL FARADIO. Un borrador en el que se hace una valoración de la deuda de Dumviro (de la familia Montalvo) a 31 de diciembre de 2010, supuestamente previo a la la compra-venta del Racing en operaciones selladas entre Zurich y Santander en los últimos días del mes de enero de 2011.

Y que revela que aquel rescate inicial de 2004 motivó  “las actuaciones llevadas a cabo” con posterioridad.

Aquella información de la deuda bancaria del Racing como origen de la operación de Zurich entró en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria el 11 de marzo de 2015, de la mano del Instituto Cántabro de Finanzas, para pasar a formar parte de la instrucción de la jueza Paz Hidalgo.

E iba adjunta, presuntamente, a una comunicación abogado-cliente, entre el ICAF y el despacho Gómez-Acebo y Pombo: un intercambio de borradores para un informe que buscaba descartar que la operación pudiera ser considerada como una ayuda de estado por la Unión Europea.

En su recurso al auto del 11 de mayo de Paz Hidalgo, que prácticamente abría juicio oral, la Fiscalía pedía una prueba pericial sobre la autenticidad de este documento. Pero la Audiencia de Cantabria, al desestimar por completo el recurso de la Fiscalía, ha dado carpetazo a esta parte de la historia, que puede volver a aflorar en la investigación que sigue abierta por los 22 millones de euros de subvenciones al Racing.

MUCHA INFORMACIÓN ENTRE PÁRRAFOS TACHADOS

En el informe, a pesar de las líneas tachadas, es perfectamente legible un completo análisis de los antecedentes  de la compra-venta de Zurich en 2011, con origen de la intervención en el Racing, en el Acuerdo del Consejo de Gobierno del 22 de diciembre de 2004.

En la comunicación abogado-cliente, en concreto, se aborda la valoración del riesgo del crédito de Cantur a Dumviro y en los antecedentes aparecen varias páginas con todos los párrafos tachados, con la información relativa a la intervención original del Gobierno en el Racing con la que se liberaron deudas de Santiago Díaz y Dimitri Piterman (y sus esposas), entre otros.

Una deuda bancaria de 21,2 millones de euros, de la que estaba pendiente de amortización una cantidad de 16,9 millones, con vencimiento a principios del año 2006.

Fundamentalmente tres créditos:

• uno primero de 9 millones de euros, suscrito con Caja Cantabria en 2003, a devolver en tres plazos de tres millones cada uno antes de abril de 2006, y avalado en un 50% por el excéntrico «Dimitri Piterman y su esposa», y la otra mitad por Norcasa, una inmobiliaria con apenas un 5% de la propiedad del Racing.
• Otro de 10,8 millones de euros que vencía el 31 de enero de 2006, con intereses variables y fijos, del que se mencionan varios “avalistas”, que responden a partes proporcionales, sin concretar identidades.
• Y una póliza de crédito de mayo de 2004, de 1,2 millones de euros, renovada el 1 de octubre de aquel año, otorgada por el Banco Santander, garantizada personalmente por el máximo accionista del club, Santiago Díaz, propietario de ASCAN (Hormigones Cántabros y Promodico), y su esposa, María Victoria Zabala, de forma solidaria con la sociedad y entre sí.
• Además el Racing tenía una línea de descuento de 223.000 euros.

Para canalizar el rescate el Gobierno adoptó una serie de merdidas, a partir de los acuerdos en su reunión del 22 de diciembre.

Facultó a la empresa pública Cantur, cuyo titular era el todavía investigado Javier López Marcano, a firmar un préstamo participativo de 6.750.000 euros a favor del club de fútbol.

A cambio adquiría el 53 % de las acciones en el club de Hormigones Cántabros y Promodico, sociedades del Grupo SADISA (ASCAN), por un importe de 16 euros “para su recolocación en el mercado por sí o a través de un tercero”.

Eso exactamente es lo que terminaría sucediendo, a través del abogado que también ha estado investigado en el Caso Racing, Emiliano Garayar, que recibió el encargo de colocar el club en su despacho de Gómez-Acebo y Pombo en las Torres Kio.

La operación se complicó más, con el depósito del grueso de las acciones en una fundación holandesa, Stitching Interfoot, “creada ad hoc y administrada por ING Management”, que fue la sociedad que traspasó las acciones a Dumviro (diciembre de 2005), la empresa de Jacobo Montalvo, gran beneficiado de la venta del Racing en Zurich según la jueza instructora del Caso Racing, Paz Hidalgo.

Además, el Racing cede la marca y los derechos federativos del Racing a CEP Cantabria y a cambio recibie de la empresa pública 17,5 millones de euros. 

Y en la misma fecha CEP se lo devuelve la entidad verdiblanca, en forma de canon de 2 millones de euros cada uno de los siguientes once años (22 millones de euros), que el Gobierno ayudó al Racing a pagar con la subvención, supuestamente para la cantera, por ese mismo importe y para el mismo periodo (22 millones en 11 años).

Esa subvención sigue siendo objeto de investigación judicial, como ha ordenado en su auto de archivo del Caso Racing la Audiencia de Cantabria.

CEP Cantabria era la principal empresa de financiación de operaciones públicas al llegar PRC y PSOE al Gobierno en 2003 y fue relevada en sus funciones por el ICAF, con el mismo Ejecutivo.

Y ni lo menciona el informe del ICAF, pero el Gobierno también canalizó la subvención para formación de la cantera, por ese mismo importe y para el mismo periodo (22 millones en 11 años), que ahora tendrá que investigar la justicia de primera instancia como ha ordenado en su sentencia de archivo del Caso Racing la Audiencia de Cantabria.

LA COMPRA-VENTA DE 2004 “MOTIVA” LA VENTA DE ZURICH

En el mismo informe de Gómez-Acebo para el ICAF, añadido a la instrucción del caso Racing en 2015, se  describe la situación económica del Racing a finales de 2004, que “motiva las actuaciones llevadas a cabo” (la compra-venta de Zurich que trataba de justificar).

En primer lugar, menciona otro informe de Gómez-Acebo y Pombo, de noviembre de 2004, que sitúa al Racing en situación de liquidación, con una deuda de 5,7 millones de euros.

Sin embargo, y “a modo informativo”, el informe que ingresó en el TSJC en 2015 añade que cabía la opción de ampliar o reducir capital de forma adecuada para evitar la liquidación, según la Ley de Sociedades Anónimas. Es decir, que se argumentó que el Racing entraba en liquidación para la intervención del Gobierno en el Racing de 2004 aunque había alternativas.

FORMA PARTE DE UN INFORME QUE DISIPABA DUDAS SOBRE AYUDAS DE ESTADO

El polémico documento se envía como un anexo de una comunicación confidencial abogado-cliente y acompaña a un informe jurídico de Gómez-Acebo y Pombo sobre si la actuación del Gobierno de Cantabria en la operación de compra-venta de Zurich podía constituir una ayuda de estado para la Unión Europea.

Y concluye que no, en base a los documentos anteriormente citados, a sumar al calendario de pagos acordado con WGA y el aval del cumplimiento de las obligaciones de pago de la empresa de Ali Syed, por un importe de 1,5 millones.

Todo esto demostraría, para Gómez-Acebo y Pombo, que se cumplían los tres requisitos para que la UE no considera la compra-venta del Racing una ayuda de Estado, al renunciar Cantur al reembolso de 1,4 millones, la diferencia entre la prenda de las acciones de Dumviro y los intereses, 7,9 millones y los 6,5 que de deuda que asumía –sic- la WGA de Syed.

Estos requisitos son:

-que se puedan “demostrar a priori la viabilidad económica y la mejora de la situación económica” del Racing

-que se hizo todo lo posible para “impedir la apertura de nuevos créditos y la acumulación de nuevas deudas”

-y que el Estado pueda “contar con el cobro de sus créditos en un periodo razonable”.

Así, el informe de valoración del riesgo del crédito de Cantur a Dumviro era esencial para demostrar que había una mejora de la situación económica de la empresa (del Racing) como requisito para eludir la consideración de ayuda de estado, ya que era preciso levantar una deuda de 7,9 millones de euros contraída por la empresa de Montalvo con la empresa pública del Gobierno de Cantabria (Cantur)

Además, en aquella misma comunicación abogado-cliente entre el despacho de abogados y el ICAF se adjuntaba el informe de solvencia de Credit Suisse confirmando –sic- la solvencia de WGA.