El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, han realizado finalmente este jueves una visita al Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Sierrallana, donde han negado de forma tajante que se vaya a privatizar.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, visitan las instalaciones del CAD. Foto: Nacho Romero.

Tezanos ha asegurado que las obras se abordan para “dignificar lo público” y “adaptar unas instalaciones totalmente obsoletas al modelo centrado en la atención a la persona”.

La vicepresidenta ha admitido que la detección de terminas fue un hecho que han aprovechado para iniciar los trámites de una reforma integral del módulo afectado, y mantiene que el traslado de los 24 residentes por motivos de seguridad, ya que insiste en que no piensan correr con “ningún riesgo”.

No obstante, ha explicado que el ICASS va a analizar las propuestas y sugerencias que los trabajadores les han trasladado. “Estamos abiertos, como siempre, a escuchar, a dialogar, a poder consensuar lo mejor, pero primando siempre la seguridad de los usuarios del CAD”, ha afirmado.

“Mientras esté este Gobierno no se va a privatizar nada y menos una cosa tan sensible y delicada como es la atención a las personas dependientes”, ha asegurado Revilla.

“QUEREMOS HACER QUE EL CAD SEA UNA REFERENTE”

De hecho, han defendido las obras de reforma del centro, que consideran “imprescindibles” para “hacer que el CAD sea un referente” en Cantabria y fuera. Aseguran que el traslado de los usuarios es la mejor opción, según de lo que dictamina los técnicos para garantizar, por encima de todo, la seguridad de estas personas.

Revilla ha recordado que los propios trabajadores del CAD, de los que ha destacado su “vocación y espíritu especial”, están de acuerdo con las obras de reforma. Algo que manifestaron los propios empleados en la huelga del pasado jueves. Sin embargo, estos insistieron en que las reformas podrían llevarse a cabo sin necesidad de trasladar a ningún residente, pues el módulo no está en su máxima capacidad (97 usuarios de 110 plazas) y quedan habitaciones libres.

Sobre los trabajadores, Díaz Tezanos ha asegurado que seguirán en el centro reforzando los otros dos módulos que van a recibir residentes del módulo en obras y, además, recibiendo formación necesaria para la puesta en marcha del modelo de atención centrado en la persona por el que apuesta el Gobierno de Cantabria en materia de dependencia y discapacidad.

El otro temor de los empleados es por sus puestos de trabajo, que al reducirse en usuarios también podría prescindirse. Actualmente hay casi 160 empleados en el centro que se dividen entre los turnos de mañana, tarde y noche.

Sin embargo, desde el Comité de Empresa y el sindicato de trabajadores Unidos han insistido en que no se trata solo de defender los puestos de trabajo, sino de proteger a unos pacientes que están notando ese ambiente de incertidumbre y cuyo traslado podría afectarles a su modo de vida. “Son personas, no son muebles ni objetos que se puedan trasladar a su antojo”.

Varios familiares de los usuarios también se han manifestado en contra del traslado, y en la propia página del Facebook que han creado para defender su causa, ‘Nuestro CAD, su CASA’ han denunciado que no les hayan dejado asistir a la reunión con Revilla y Tezanos.

LOS TRABAJADORES DE LA UTE SAD-CANTABRIA DENUNCIAN EL IMPAGO DE SUS NÓMINAS

Concentración frente a la UTE-SAD Cantabria por el impago de las nóminas de las trabajadoras.

Este jueves los trabajadores de la UTE SAD-Cantabria se han concentrado en la sede de la empresa, en la Plaza de la Esperanza de Santander, para denunciar el impago de sus nóminas.

A esta concentración han asistido también miembros de Izquierda Unida, entre ellos su coordinadora, Leticia Martínez, y su portavoz, Miguel Saro, que han coincidido en la «fragante injusticia que se está cometiendo con unas trabajadoras que ya de por sí tienen unas condiciones precarias en su día a día».

La UTE SAD-Cantabria es concesionaria de los servicios de ayuda a domicilio (además de los de limpieza y ajardinamiento) de Santander y Torrelavega, donde trabajan unas 140 personas, de las cuales, más del 90% son mujeres.

Ya en 2016, la empresa presentó un ERE que afectaba a 37 trabajadoras, y que IU ha denunciado que fue fruto de una “baja temeraria”. «Además del ERE, las trabajadoras que todavía siguen en la empresa, denuncian que no se están aplicando las subidas salariales acordadas, no se está pagando el kilometraje real ni respetando las horas de descanso, en un ámbito con una elevada siniestralidad laboral», añade Saro.

«Estas trabajadoras no merecen pagar los platos rotos ni de la empresa que no paga ni del gobierno autonómico que parece ser que no abona los importes acordados a dicha empresa», ha denunciado Leticia Martínez, que ha aprovechado para denunciar «la precarización del mercado laboral”, en estado caso y en otros como Sistema Britor, La Gallofa o Mercadona.

«Me encuentro estas situaciones a diario, tanto como concejala en Astillero como ahora coordinadora de Izquierda Unida de Cantabria; las reformas laborales y la permisividad de los gobernantes ocasionan preocupación y sufrimiento en la vida de la ciudadanía», ha asegurado.

MOVILIZÁNDOSE POR LA SANIDAD PÚBLICA

Este miércoles, la Plataforma Cantabria por lo Público y sin Recortes presentó una nueva campaña en defensa de la sanidad pública, en la que han aprovechado para denunciar la “precarización laboral” en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, además de la situación de las listas de espera y los copagos.

Esta precarización no sólo afectaría a los contratos que dependen de Ferrovial Servicios, empresa adjudicataria del contrato de colaboración público privada del hospital, sino también a los del servicio público.

La portavoz de Cantabria por lo Público, Mercedes Boix, ha anunciado una “gran movilización” durante la temporada de otoño, que podría ser una manifestación o un nuevo “abrazo a Valdecilla”, como el que ya protagonizaron miles de cántabros en 2013, para protestar contra el contrato público privado con Ferrovial, que finalmente firmó el Partido Popular, y que el actual Gobierno ha asegurado que sería demasiado caro rescindir.