El Interventor General del Gobierno de Cantabria, un alto funcionario responsable del control del correcto funcionamiento económico del propio Ejecutivo, advierte de que la “precariedad” de medios de la que dispone le impide realizar de forma debida su labor de fiscalización.

Así lo hace en un documento al que ha tenido acceso EL FARADIO firmada por el propio Interventor, autor en los últimos tiempos de informes que han puesto el foco en la gestión de las empresas públicas SODERCAN, MARE, y en otros organismos como el Instituto Cántabro de Finanzas o, por primera vez, la Fundación Comillas.

Salvador Blanco,  de SODERCAN

Tal y como señala, el Parlamento mandató al Gobierno para que remitiera en el tercer bimestre del año las auditorías de empresas públicas y fundaciones del Ejecutivo.

Para explicar la situación en la que se encuentra, el Interventor recuerda que su situación es diferente a las empresas habituales que realizan auditoría, como es la propia fijación de plazos.

O el hecho de que el sector público no tiene la misma “agilidad” que el sector privado (al respecto pone como ejemplo que hace “escasos días” estaban con correcciones y ajustes de las memorias)

En el sector privado, por ejemplo, cada empresa es auditada por tres personas (director de auditoría, auditor y auditor junior), mientras que en la Intervención General de Cantabria se cuenta con cuatro personas para el conjunto del sector público y fundacional, compuesto por una veintena de sociedades.

Además, las cuentas de los entes no se empiezan a recibir hasta marzo, aproximadamente, de modo que entre los retraso para recibirlos, las dudas y la necesidad de hacer ajustes, sumado a esa falta de medios que anuncia hacen que resulta “inalcanzable” tener los informes antes del 5 de junio.

Y añade, en consecuencia, que “no puede comprometerse” a tener los informes definitivos en una fecha determinada, por lo que los irá remitiendo según los vaya concluyendo.

Todo a pesar de que el pasado mes de diciembre todo el arco parlamentario, incluidos por tanto los partidos de gobierno, aprobó una moción presentada por Podemos en la que se pedía que se aumentara la plantilla de personal de este cuerpo.

SODERCAN, COMILLAS, ICAF

Los informes más polémicos de Intervención fueron los que se refirieron a la empresa pública SODERCAN en la época en que la gestionaba Salvador Blanco, colaborador de Ángel Agudo, y recuperado al frente de su dirección por PSOE y PRC.

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En ellos se detectaron una serie de prácticas como el fraccionamiento de proyectos en varias fases para evitar que salieran a concurso, el pago por asesoría sin que constaran informes documentales, el conocimiento previo por parte de empresas ligadas al grupo Fraile y Blanco de la próxima convocatoria de concursos en los que acabarían resultando adjudicatarios o el pago de servicios de asesoría a sospechosos habituales de la época como Garayar, ligado al Racing, en situaciones de crisis como la quiebra de la cooperativa de Monte o los problemas de Greyco, entre muchas otras irregularidades..

Los contenidos de este informe llevaron a Podemos y al resto de la oposición parlamentaria, como PP y Ciudadanos, a cuestionar la gestión de esta sociedad pública, con reprobaciones aprobadas en la Cámara. Podemos llegó a condicionar su apoyo a los presupuestos a la dimisión de Salvador Blanco, defendido públicamente por PSOE-PRC. Salvador Blanco llevó a Julio Revuelta a los tribunales por este asunto, y perdió el juicio.

Pero no fue el único informe: en el de la Fundación Comillas, el proyecto del siglo de Revilla, se describió el sistema de pago de alquileres entre las distintas sociedades públicas implicadas, en lo que el Interventor consideró que, al igual que otros gastos, en realidad era una subvención encubierta para ayudar a reflotar su agujero económico. A esto sumó las irregularidades en las contrataciones de directivos, en la época del PP.

El interventor también ha detectado irregulares (1,2) en la empresa pública de medio ambiente MARE, ha descrito el funcionamiento de la red societaria de los propietarios de ECOMASA, dentro de una fiscalización muy extensa del ICAF, el Instituto Cántabro de Finanzas, un ente dedicado a financiar empresas públicas y privadas, y que no hizo ningún tipo de control en un aval concedido a Santiago Díaz, propietario del Grupo SADISA, con la constructora ASCAN –y para cuya concesión fue necesario cambiar la legislación autonómica–.

INFORMES CRÍTICOS CON LOS GOBIERNOS

Si bien desde el Gobierno se trató de descalificar la gestión del Interventor por haber sido nombrado por el Gobierno de Ignacio Diego, lo cierto es que PSOE-PRC le ratificaron en un cargo en el que podían haberle relevado sin problema, no le han destituido y sólo se quejaron de él cuando trascendió el informe de SODERCAN, años después de que fuera elaborado y que, por tanto, el el Gobierno debían conocer antes de que se hiciera público su contenido.

Y también lo es que el Interventor ha cuestionado la gestión de los gobiernos del PP (en el informe de la Fundación Comillas se apuntaban también irregularidades y gastos de la etapa de Diego), hasta el punto de que la propia vicepresidencia del Gobierno aireó a los medios el informe de la empresa pública MARE.