El juez Ruz, a la izquierda, junto al periodista Antonio Rubio || Foto: El Faradio

El juez Pablo Ruz, instructor de los Papeles de Bárcenas en la Audiencia Nacional y que dio por acreditada la ‘Caja B’ en el PP (ahora destinado en el juzgado de instrucción número 5 de Móstoles), ha llamado este jueves a un «vuelco administrativo y moral» frente a la corrupción «sistémica», un reto en el que «nos jugamos mucho» como sociedad.

Así lo ha afirmado en el Curso de Periodismo de Investigación de la UIMP, codirigido por Antonio Rubio, director del Master de Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Dolores Gallardo, presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC).

Tras marcar distancias entre las profesiones, el juez de origen lebaniego -que investigó a un exsenador por Cantabria- ha enmarcado su intervención en los paralelismos de la investigación judicial y la periodística.

Así, ha admitido haber sido «beneficiario directo» de investigaciones periodísticas y ha defendido un periodismo «responsable», que puede «contribuir a la investigación judicial».

«Periodistas, fiscales y jueces hemos caminado juntos», cuando en ocasiones investigar «supone darse de bruces con el poder», al tiempo que ha reivindicado una «verdadera e independiente» investigación judicial y un «verdadero e independiente» periodismo de investigación.

Y ha apostado por la «transparencia» y la «normalidad» de las relaciones entre la prensa y los jueces. «Cuanta más transparencia se entiende mejor nuestra tarea», ha aseverado.

En un discurso salpicado de citas de referentes periodísticos como Randall, Bastenier o Enric González (uno de sus «héroes personales») ha reforzado la necesidad de los dos poderes como «pilares fundamentales» y «salvavidas» de la democracia, sobre todo en un contexto de «tremenda ola» de corrupción «sistémica», que afecta desde políticos a particulares, funcionarios, empresarios, etc.

Todo en un contexto de «lucha titánica contra el poder corrompido», que tiene la capacidad de «desmoralizar» a toda una sociedad, porque (como escribió Sabater) los corruptos no son los mejores pero ocupan los cargos de arriba y desde esa posición «ven la oportunidad de saquear».

El juez Ruz ha mencionado más elementos en común entre jueces y periodistas de investigación: desde la «sana obsesión por el rigor», a los límites en el procedimiento de unos y otros (porque «no vale todo» y «la verdad real no puede obtenerse a cualquier precio»), hasta los daños de la crisis, por la carencia de medios.

Y ha incidido en la importancia del tiempo para poder realizar un periodismo «molesto e irrespetuoso» pero «responsable», que incluso pueda «erosionar el respeto si está mal emplazado» y «destruir la confianza cuando no se merece».

Incluso se ha atrevido con los mandamientos que deben cumplirse en la tarea, como perseguir la verdad, con lealtad, verificación, independencia y control del poder. Un perfil que cumplen las personas con «determinación», «cierta pasión» y que nunca pierdan la «decencia».

Decencia que ha personificado en el reportero Ricardo Ortega, que falleció en Haití por fuego estadounidense después de que hubiera sido desterrado de la corresponsalía en Washington por sus informaciones críticas con la Guerra de Irak – una maniobra de la que ha responsabilizado a la administración de Aznar-. «Perdió la vida pero no la decencia», ha recalcado.

SOBRE LA EFICACIA DE LA JUSTICIA

Ruz, que ha comparado la tarea de un juez con la de un cirujano, en el sentido de que interviene para remediar algo que está mal, ha admitido la lentitud de la Justicia, basada en la falta de medios, ha defendido modificaciones en el ámbito de un «derecho procesal especial», que permita dotar de medios.

Una suerte de cuerpo independiente de peritos financieros y contables, al igual que existe con los forenses, con más agilidad, flexibilidad y con prioridad al apoyo de las investigaciones por corrupción.

A su juicio, facilita la labor dividir las macrocausas en piezas separadas y se ha mostrado crítico con la imposición de plazos para cerrar las instrucciones (seis meses prorrogables).

Asimismo, ha abogado por la protección de denunciantes y testigos, un asunto sobre el que ha valorado alguna iniciativa legislativa en marcha, aunque «queda mucho por hacer».

También ha abogado por limitar la capacidad de actuación de las partes, en concreto de las acusaciones populares que, por su experiencia, pueden entorpecer las diligencias. «Una buena labor del juez y el fiscal puede valer».

Además, ha apostado por limitar los privilegios de los aforamientos, en la cantidad de beneficiarios («España bate records», ha dicho) de la posibilidad de declarar por escrito o en sus despachos profesionales, que «dificulta» la investigación.