Ciudadanos ha pedido que Juan Ramón Carrancio, que se presentó bajo sus siglas a las elecciones pero que ha abandonado la formación naranja después de que se conociera que había sido denunciado por falsedad documental (si siguiera en sus filas y fuera imputado, tendría que dejar el escaño; de este modo, no).

Juan Ramón Carrancio, a la derecha. A su lado, Rubén Gómez

Para ello han presentado un informe jurídico en el que se pide a la Mesa del Parlamento (órgano del que el propio Carrancio forma parte gracias a una cesión del PP, y que tiene mayor retribución que el resto de diputados) que Juan Ramón Carrancio pase a ser diputado no adscrito en los términos que marca el artículo 26 del vigente reglamento de la cámara y proceda a su inmediata salida del Grupo Mixto –en el que se encuadra Ciudadanos, que sacó dos diputados, y para tener grupo, es necesario disponer de tres).

Todo en el mismo día en el que el Ayuntamiento de Santander confirmaba su rectificación respecto a su propio criterio en el reparto de comisiones en el municipio tras la marcha de los ediles de Ciudadanos, apoyo constante del PP durante la legislatura. Inicialmente el PP quiso sobrerrepresentar a estos ediles en detrimento de Antonio Mantecón, de Santander Sí Puede. Pero, ante las amenazas de que estaban vulnerando la ley, estarán todos en todas, algo que el PP ha evitado decir en el Pleno de este lunes, tratando de responsabilizar de esto a los propios grupos en lugar de al riesgo de ilegalidad.

En cualquier caso, Gema Igual sí que decía expresamente algo que no había dicho a las claras hasta ahora: que no se apoyará en los tránsfugas para negociar decisiones municipales. Sus negociaciones –que serán más necesarias sobre todo en las comisiones, donde se ve reducida su mayoría y dado que no hablará con los no adscritos– serán con quienes forman de grupos.

Con todo, la oposición ponía el acento en que, aunque no negocie nada, sí que puede seguir recibiendo los votos de los ex de Ciudadanos, que no dejan de ser quienes permitieron que el PP mantuviera la Alcaldía tras perder la mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales.

LA DECISIÓN DEL PARLAMENTO, EL DÍA 27

A nivel autonómico, la Mesa del Parlamento se reunirá el próximo día 27 de julio para tratar la situación de Juan Ramón Carrancio, mientras que el diputado Rubén Gómez informa al mismo tiempo que este ya no pertenece a Ciudadanos.

EL INFORME JURÍDICO

Ante esta situación, Ciudadanos se basa en el artículo 23, apartados 3 y 4, del reglamento de la Cámara para instar a que Carrancio pase a ser un diputado no adscrito, de tal forma que los diputados que pertenecen a una misma formación política no pueden formar grupos diferenciados y tampoco constituir grupos con diputados de formaciones políticas que no hayan concurrido a las elecciones con su propia candidatura.

Según estos artículos no podrán constituir Grupo Parlamentario separado, ni fraccionarse en Grupos Parlamentarios diversos, los diputados y diputadas que en las mismas elecciones hayan comparecido bajo un mismo partido, federación, coalición o agrupación de electores.

Asimismo, no podrán formar Grupo Parlamentario propio los diputados y diputadas pertenecientes a formaciones políticas que no hayan presentado candidatura propia a las correspondientes elecciones al Parlamento de Cantabria.

Ciudadanos asegura que a según el artículo 25 del Reglamento, que regula el Grupo Parlamentario Mixto quedará constituido por los diputados y diputadas pertenecientes a partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que no hayan alcanzado el número mínimo exigido para la constitución de Grupo Parlamentario propio por el apartado 1 del artículo 23, así como por quienes procedan de un Grupo Parlamentario disuelto en virtud de lo dispuesto por el apartado siguiente.
Para Ciudadanos la tesis de la necesidad de pertenecer a un partido, para poder formar parte del Grupo parlamentario Mixto no sólo descansa el tenor literal del artículo 23.3, citado: “El Grupo Parlamentario Mixto quedará constituido por los diputados y diputadas pertenecientes a partidos…”, sino también por el contexto en el que se ubica, como son los artículos 23.3 y 23.4, en los que siempre es requisito de referencia dicha pertenencia.

El informe recoge que existen antecedentes históricos y legislativos en Andalucía, Madrid y Santa Cruz de Tenerife.