Bankia, el banco que integró a Caja Madrid y a la caja valenciana, financió la compra de terrenos en el barrio santanderino de El Pilón que le dio la mayoría en la toma de decisiones a la empresa constructora abocando a los vecinos a una situación de minoría y la expulsión de la que trataron de defenderse creando una activa plataforma vecinal.

El barrio de El Pilón, uno de los barrios más afectados por el derecho al realojo y el retorno.

La mayoría de los terrenos le correspondían a Costa Verde Hábitat, una constructora surgida de la unión de una serie de empresarios privados y Hábitat, la filial inmobiliaria de la caja valenciana, que pasó a integrarse luego en la estructura de Bankia.

Fue en 2007 cuando Costa Verde Hábitat se hizo con la mayoría de los terrenos, y eso fue posible gracias a la financiación que le brindó, precisamente, Bankia. Para esas fechas, el fallecido Miguel Blesa seguía teniendo cargos en la parte de Caja Madrid.

La entidad financiera resultante de la fusión de las cajas madrileña y valenciana (Bancaja) concedió créditos por un valor total de, como mínimo, 8,1 millones de euros.

Por cifras que van desde los 6.000 euros del más pequeño hasta los 1,1 millones del mayor concedido, pasando por otros de cantidades tan dispares como los 120.000 y 140.000 euros hasta otros más sustanciosos (de medio millón de euros en adelante).

Y no sólo es que le diera crédito: es que se lo dio en condiciones mejores que las del mercado o de las que venían disfrutando otros particulares de la zona, con tipos del 3,112% por debajo del 5% de los propietarios con sus entidades, y en un momento en que el tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios estaba en torno al 4’60-4´70%, tal y como recoge el INE.

La mayoría de las compras de terrenos se formalizaron entre junio y agosto de 2007, cuando el Plan General de Santander acababa de pasar por uno de sus períodos de información pública y quedaba todavía un año para la quiebra de Lehman Brothers.

Todavía en agosto de 2013 quedaba un pequeño estirón para alcanzar la mayoría suficiente dentro de la denominada Junta de Compensación (el organismo que canaliza las actuaciones urbanísticas cuando implican a varios propietarios) para poder tomar decisiones, y eso se consiguió en octubre.

Durante la tramitación del Plan General hubo vecinos que advirtieron de la situación de El Pilón y pidieron medidas para los realojos, así como para poner en valor el barrio y su tradición de huertas en plena ciudad, a las que se le dijo que no, mientras que sí que se aceptaron las peticiones de la empresa responsable (de la que en un primer momento fue socia también la cántabra Tecniobras).

Tendrían que pasar casi diez años para que se regulara la situación de expropiaciones y realojos en Cantabria, a raíz precisamente del caso de El Pilón, con una legislación autonómica aprobada en contra del criterio de PSOE y PRC, pero que sacaron adelante los partidos de la oposición (PP, Podemos y Ciudadanos, que suman mayoría), y que denunciaron durante la tramitación presiones de constructores para que “le dieran una vuelta” al proyecto, que derivaba a lo privado los costes del realojo. Esa ley está suspendida, pendiente de recurso ante el Tribunal Constitucional.