Este miércoles se ha hecho pública la sentencia de la justicia marroquí que, tras meses de juicios denunciados por la comunidad internacional por irregularidades, ha condenado a 20 activistas que participaron en el campamento de Gdeim Izik, también conocido como el “campamento de la dignidad”.

Los activistas condenados durante el juicio en Marruecos. Foto: agencia equipo Mediático

Las condenas van desde los 20 años de prisión a la cadena perpetua para 20 de los 24 presos políticos que llevan siete años detenidos.

Las condenas han sido publicadas por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara, que han seguido de cerca el caso junto a diferentes ONG y de observadores internacionales. A ellos les llega la información mediante Ahmed Ettanji, de la agencia equipo Mediático.

Entre los presos, siete hombres han sido condenados a cadena Perpetua, Ahmed Sbai, Brahim Ismaili, Abdalahi Lejfauni, Larosi Abdelyalil, Mohamed Bachir Butanguiza, Mohamed Bani y Abhah Abdalahi Ahmed Sidi.

Otros cuatro activistas, Naama Asfari, Mohamed Burial, Hasan Dah y Chiej Banga han sido condenados a 30 años de prisión; junto a los 25 años de Abdalahi Taubali, El husain Ezaui, Mohamed Lamin Haddi, Mohamed Embarek Lafkir, Mohamed -Juna Babait y Sidahmed Lamyaied; y los 20 años de prisión de Mohamed Tahlil, El Bachir Khada, Abdalahi Taubali.

Dos de los condenados han sido puestos en libertad, ya que la sentencia les imponen menos tiempo del que ya han pasado en la cárcel en estos siete años.

LOS HECHOS

Estos activistas saharauis han sido condenados por su participación en el año 2010 en el campamento de Gdiem Izik, organizado a las afueras de El Aaiún ocupado- unos 16 km de la capital- donde se concentraron más de 20.000 saharauis para denunciar las faltas de los derechos sociales, políticos y económicos a los cuales son sometidos desde el año 1975 cuando el Reino de Marruecos ocupo ilegalmente el territorio saharaui en la llamada Marcha Verde, tras la salida de la administración española de la región.

El campamento de la Dignidad fue desmantelado por la Gendarmería y el Ejército de ocupación marroquí en la madrugada del 8 y 9 de noviembre de 2010. En ese mismo momento no solo se impuso un bloqueo informativo para que nadie se enterara de lo que realmente sucedía, sino que se militarizo todo el territorio ocupado, y comenzó la persecución hacia los activistas y defensores de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

EL JUICIO

Tras ser detenidas estas 24 personas, primero fueron juzgadas por un Tribunal Militar, en un proceso que, después de 7 años presos y gracias a la presión de algunas organizaciones internacionales, se repitió en el año 2016 en el Tribunal de Apelaciones en Salé.

Desde entonces, las ONGs advirtieron en todo momento sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de falta de garantías procesales. Los observadores internacionales, entre los que destacan Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI), Centro Robert F. Kennedy (RFK) y Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) entre otras, han denunciado que todas las acusaciones basadas en supuestas «confesiones y declaraciones» se han obtenido bajo terribles torturas y otros tratos crueles e inhumanos por parte de las fuerzas policiales marroquíes, durante los interrogatorios.

Tras ser aplazado el juicio en varias ocasiones, finalmente se ha emitido sentencia esta madrugada, en un proceso que la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara ha declarado “ilegal” bajo un tribunal “extraterritorial e incompetente” ya que se circunscribieron al Sáhara Occidental, Territorio No Autónomo, ocupado ilegalmente por Marruecos, y por tanto, “fuera de la soberanía, competencia y jurisdicción del citado Tribunal”.

Desde CEAS-Sáhara han recordado que el Comité de la ONU contra la Tortura concluyó el pasado mes de noviembre de 2016 que Marruecos había vulnerado la Convención contra la Tortura en relación a uno de los condenados, Naâma Asfarim; al igual que recuerdan que uno de los activistas denunciados y actualmente refugiado en España, Hassanna Aalia, fue declarado Refugiados Político por la Audiencia Nacional Española.

Las asociaciones pro saharauis en Cantabria han mostrado en las redes sociales su indignación por esta sentencia, que llega en un momento en que más de 70 niños y niñas están pasando el verano en la comunidad autónoma con familia cántabras.

Previsiblemente, en las próximas horas se convoque una concentración de protesta y denuncia por esta sentencia.