El Ayuntamiento aceleró los permisos en Sol 57 tras el intento policial de parar las obras
El intento de la Policía Local de parar las obras en Sol,57,el edificio que sufrió un derrumbe parcial la semana pasada dejando a 15 propietarios sin vivienda, llevó a varios departamentos del Ayuntamiento de Santander a acelerar los trámites que permitían que se reanudasen las obras, paralizadas por carecer de la licencia adecuada.
Así lo confirma la sucesión de fechas del expediente de disciplina urbanística levantado por el Ayuntamiento a raíz de la primera denuncia vecinal (la segunda, posterior, no fue atendida), consultada por EL FARADIO.
Esta es la relación de movimientos:
-El 27 de junio la Policía acude al edificio para decirle a la empresa que debe parar las obras, y es cuando estos le dicen que ya tienen una licencia de obra mayor que nadie había trasladado a este cuerpo municipal.
-El agente llama al Servicio de Obras, donde le confirman que, efectivamente, la obra ya tiene licencia, y le dicen que debe permitir que continúen.
-Ese mismo día, una técnico del Ayuntamiento de Santander, Yolanda Purón Gutiérrez, escribe un mail al Servicio de Arquitectura para que dé instrucciones sobre la obra al contar ya con licencia. Se contaba con ella desde cuatro días antes, pero no se habían dado pasos hasta entonces.
-Al día siguiente, el arquitecto municipal, Ramiro Amirrortu de Mesones, le responde que procede seguir adelante. Y ella emite un informe jurídico al respecto.
-El último trámite, ese mismo día, lo firma César Díaz, como concejal de Obras, con una resolución que permite mantener las obras y que archiva el expediente de obra ilegal (las obras se iniciaron sin licencia).
Hablamos de los efectos de la primera denuncia vecinal. La segunda, posterior a todos estos trámites, no provocó ningún tipo de medida por parte del Ayuntamiento de Santander.
PSOE y PRC han pedido la dimisión del concejal de Obras, César Díaz, así como la creación de una comisión de investigación, cuyas conclusiones piden que se trasladen a la Fiscalía. Está por ver si el PP o los tránsfugas de Ciudadanos cuyo apoyo ahora rechaza respaldan o no esa medida para pedir explicaciones sobre el derrumbe.
LA PARALIZACIÓN FUE MÁS LENTA
Ese repaso a las fechas contrasta con el otro trámite, el de paralizar las obras: allí, entre el informe jurídico para un asunto más urgente, como era pararlas, y la resolución que efectivamente ordenó pararlas, transcurrieron seis días.
Y pasaron otros seis hasta que se comunicó a la Policía que debían notificar la paralización de la obra, algo que hicieron en el mismo día.
En cambio, la resolución para que volvieran a reanudarse las obras tardó cuatro días (de los que dos eran sábado y domingo).
Así que, efectivamente, tal y como dijeron los vecinos y el concejal de Obras no supo concretar, las obras nunca estuvieron paralizadas pese a hacerse sin licencia.
No es el único asunto relacionado con fechas: la resolución del Ayuntamiento ordenando paralizar las obras tardó seis días en ser notificada a la Policía, responsable de comunicárselo a la empresa.
Cuando finalmente les llegó esa comunicación, la empresa había conseguido ya la licencia, que tardó once días en concederse, frente a los tres meses de media que vienen detallando en Santander profesionales del sector de la arquitectura o la obra civil (el concejal de Obras aseguró desconocer los plazos medios de concesión de licencias en Santander)
El responsable de las obras, quien pide la licencia, es Dos Imanes Producciones, cuyo responsable es Guillermo Vega, conocido empresario del sector de la hostelería y el ocio en Santander, exdueño del BNS y promotor de los conciertos de Música en Grande.
Medios como Eldiariocantabria.es y Mituin han enumerado distintas concesiones o adjudicaciones de sus empresas, como el uso de la campa para los conciertos sin necesidad de concurso público o subvenciones por valor de 100.000 euros del Ayuntamiento por los “precios populares” de las entradas, así como adjudicaciones del anterior Gobierno autonómico del PP por campañas contra el consumo de drogas, entre otras.
La obra contó con la dirección de obra del estudio de ingeniería Tainsa (la comunidad de propietarios sostiene que al ser obra mayor no eran profesionales competentes, que debió hacerlo un arquitecto y no un ingeniero) y la ejecutó Millán IC-Multiservicios.
CONSULTA AQUÍ LA CRONOLOGÍA DE CÓMO SE REANUDARON LAS OBRAS