Santander Sí Puede, el partido del concejal Antonio Mantecón en la capital cántabra, ha solicitado que la Fiscalía de Cantabria investigue el derrumbe de una parte del edificio número 57 de la calle del Sol.

Antonio Mantecón (centro) con el abogado Juanma Brun y Susana Ruiz, coordinadora del Comité Ciudadanos de SSP.

Lo ha anunciado el propio Mantecón en una rueda de prensa que se ha llevado a cabo al finalizar el Pleno del Consistorio santanderino, y donde ha pedido que la justicia se involucre en la investigación de este suceso.

Mantecón, acompañado del abogado Juanma Brun y de la coordinadora del Comité Ciudadano de Santander Sí Puede, Susana Ruiz, ha desgranado las irregularidades y responsabilidades que, en su opinión, se deben depurar de este suceso.

En concreto, la acusación se dirige contra el empresario propietario del local donde se efectuaban las obras, Guillermo Vega; el concejal de Urbanismo, César Díaz; la ingeniería responsable de las obras, Tainsa; y los responsables técnicos de las áreas municipales de Arquitectura, Obras y Disciplina Urbanística.

Según han denunciado en rueda de prensa, en la documentación municipal se pueden apreciar indicios de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y abuso en función administrativa.

Entre los factores que les llevan a tener estos indicios, han citado la «extrema celeridad» que se ha producido en licencias e informes, la «inacción absoluta» frente a las denuncias vecinales y la falta de sanciones por incumplimiento de la licencia.

Por ello han pedido que se investigue especialmente al Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento por todas estas cuestiones.

Además, Mantecón ha pedido también la dimisión de Cesar Díaz porque con su «trato de favor a amigos ha puesto en riesgo la integridad de vecinos». Algo que ya han pedido varios partidos políticos, así como crear una comisión de investigación (la última vez este jueves cuando la concejala de Ganemos, Tatiana Yáñez, ha tratado de incluir el tema por urgencia en la sesión plenaria y se lo han impedido los votos del PP y de los tránsfugas de Ciudadanos). Por el momento, la alcaldesa, Gema Igual, ha respaldado su actuación y ha apuntado a los funcionarios.

Asimismo, Mantecón ha apostado por una «acción conjunta» de los partidos de la oposición para aclarar lo sucedido con el derrumbe.

Lo que se hace es trasladar a la Fiscalía los indicios para que sea quien investigue, ya que, según han explicado, si denunciaran directamente, se correría el riesgo de que un hipotético archivo cerrara la vía de la demanda a los propios afectados si así lo quisieran.

IRREGULARIDADES MANIFIESTAS

El pasado 19 de julio la fachada sur del edificio se desplomó entorno a las seis de la tarde, horas después de que fuera desalojado por aviso de los propios vecinos, que vieron cómo las grietas de sus casas se hacían cada vez más grandes.

La rápida intervención de los bomberos municipales evitaron que los daños personales se unieran a los materiales. Éstos últimos habían comenzado con el inicio de las obras en el antiguo local Másters, actualmente en propiedad del empresario hostelero Guillermo Vega (expropietario del BNS y promotor del festival Música en Grande).

Tras el derrumbe, las primeras dudas llegaron al saber que los vecinos del edificio habían presentado hasta tres denuncias diferentes (la última de ellas el mismo día, tras el desalojo) ante el Ayuntamiento.

Desde el Consistorio, César Díaz, concejal de Urbanismo y la alcaldesa, Gema Igual, admitieron conocer estos escritos, aunque no supieron asegurar en un primer momento si las obras se habían llegado a paralizar, como así lo requirió un informe técnico tras la primera denuncia vecinal.

Posteriormente se ha sabido que esa paralización no se llevó a cabo, tal y como denunciaban los vecinos, porque desde el Ayuntamiento se agilizaron los trámites para que la licencia de obra mayor fuese concedida en el menor tiempo posible.

Y es que el tema de las licencias también es un punto oscuro en esta historia. Inicialmente se concedieron dos para realizar obras menores en el local, aunque los vecinos denunciaron que se estaban llevando a cabo labores de obra mayor.

Cuando la denuncia llegó a los equipos técnicos, que la corroboraron y ordenaron la paralización de la obra hasta obtener los permisos necesarios, se solicitó un permiso de obra mayor, que fue concedido en el plazo de once días, cuando de media se suele tardar hasta tres meses.

Además, esta concesión se produjo poco antes de que se avisara de la paralización de las obras, cuya comunicación sufrió un inexplicable retraso.

Posteriormente el equipo de Gobierno ha admitido que se han apreciado trabajos que excedían incluso la licencia otorgada por la obra mayor, y que podrían haber trastocado el muro de carga del edificio.