En el corazón del barrio antes poblado por pescadores y pescateras, y hoy por inquilinos de Air BNB; en el Puerto Chico antes raquero que se pronuncia alargando la O final; días después del marinero Carmen y en los días previos a la celebración de las fiestas patronales…, pasó algo que empieza a ser un hecho tan identitario de la capital cántabra como el acento cantarín, el desplome de un edificio.

Al igual que a través de la fachada caída podíamos ver como si fuera a través de un cristal el detalle de lo que un día fueron salones, habitaciones y otros escenarios del día a día de nuestros vecinos, este desplome ha permitido asomarnos a otra modalidad de transparencia y comprobar el funcionamiento de esta ciudad en la que todos somos primos y compañeros de instituto.

El desescombro está dejando entrever otro rasgo tan distintivo de la ciudad que está hasta en el escudo,

Las dos caras, en este caso de la tramitación de las licencias de obra.

Un Ayuntamiento de dos velocidades en la que una cara beneficia a las empresas hosteleras y de la construcción (y derivadas). Y la otra perjudica a quienes son los auténticos mártires que no salen en la bandera de Santander: los afectados por un modelo de urbanismo que, al igual que el edificio que ha sembrado una nueva grieta en nuestra ciudad, ha llegado al colapso.

LOS HECHOS DEL DÍA DEL DERRUMBE

El pasado miércoles, 19 de julio, se produjo el derrumbe parcial de un edificio en la calle del Sol, 57 (final de la calle del Sol, ya en Puerto Chico).

No hubo heridos porque el edificio había sido desalojado esa misma mañana debido a las numerosas quejas de los vecinos por las grietas y daños en sus propiedades como consecuencia de las obras de reforma en el antiguo local de copas Másters, ahora a cargo del conocido empresario santanderino Guillermo Vega, ‘Willy’.

Por los pelos la cosa no llegó a mayores, ya que el desplome del edificio se produjo cuando los bomberos trabajaban en su apuntalamiento y vecinos acudían, escoltados, a recoger algunas de sus propiedades.

Ha sido una tragedia en tiempo real: cientos de santanderinos y turistas pudieron presenciar in situ (y muchísimos más a través de un intensísimo tráfico de imágenes y vídeos en redes sociales y Whassap), en una de las zonas más céntricas de la ciudad y en pleno verano, los trabajos de desescombro realizados de urgencia.

El resultado, 15 personas que se han quedado sin hogar, alojados inicialmente en el Centro de Acogida ‘Princesa Letizia’ y sufriendo un estado anímico que se mueve entre la indignación, el estupor y la tristeza

Entre ellas personas mayores, mujeres en la recta final del embarazo y unos vecinos que años atrás habían sido afectados también por el incendio en la calle Tetuán, además de un negocio, un estudio de tatuajes que ha tenido que cancelar su actividad a la espera de novedades mientras le siguen llegando las facturas.

HECHOS PREVIOS: LOS AVISOS DE LOS VECINOS

Como ha sucedido otras veces en Santander (el ejemplo más sangrante es el Cabildo de Arriba, allí hace diez años hubo tres muertes), los vecinos ya habían anunciado que esto iba a suceder.

Por distintas vías, desde llamadas de teléfono a la Policía o el 112, hasta denuncias en el Registro del Ayuntamiento e incluso el recurso a la contratación de un arquitecto que elaboró un exhaustivo informe que envió al Consistorio santanderino.

En total presentaron, al margen de las llamadas, tres denuncias: la primera dio en una orden de paralización de obras que no se cumplió, la segunda no fue atendida y la tercera fue el mismo día del desalojo.

HECHOS PREVIOS: EL INFORME PERDIDO

Ese informe entró en el Ayuntamiento vía registro y vía Policía, y le llegó al Servicio de Arquitectura a través de la técnico jurídico. Pero César Díaz sostiene que a él nunca le llegó y lo cierto es que no se adoptó ninguna medida.

El documento detallaba las grietas, la falta de adecuación a la licencia concedida (era de obra menor, y los trabajos eran de obra mayor) y cómo se había procedido a rebajar el suelo y a abrir huecos en la fachada en busca de las ventanas originales del Masters.

HECHOS PREVIOS: LA GESTIÓN DE LAS LICENCIAS E INFORMES

Para hacer las obras del Masters (que implicaba una ampliación) se dieron tres licencias: dos de obra menor y una mayor (los trabajos amparados en esta última se hicieron antes de pedir la licencia).

Cuando los vecinos denunciaron por primera vez, se abrió un expediente por medio del cual se comprobó que las obras incumplían la licencia y se ordenó paralizarlas.

Cuando la Policía acudió a ordenar la notificación, seis días después de que se lo dijeran a ellos mismos, la empresa ya había obtenido la licencia, por lo que las obras no fueron paralizadas. Y después de esa visita se activó el proceso para que esa reanudación de las obras tuviera la resolución que la respaldara. Enseguida os contamos cómo pasó eso.

TRÁMITES LENTOS Y TRÁMITES RÁPIDOS

En todo el proceso, hubo trámites que fueron muy rápidos:

-la segunda licencia, de obra menor, se concedió en tres días (fin de semana incluido)

-pero más llamativo aún resulta comprobar que recibió informe favorable en el mismo día, y eso a pesar de que entró en el Registro cinco minutos antes de su cierre. Se supone que las licencias se tramitan en orden de llegada, con lo cual para que se tramitara en el día lo que tendría que haber pasado es que el departamento estuviera a cero.

-la tercera licencia, la de obra mayor, tardó unos sorprendentes once días, toda vez que quienes trabajan en esta área contabilizan un plazo de, como mínimo, tres meses (una media que el máximo responsable del servicio dice desconocer) y que resulta más rápido que la ciudad más rápida de España, Navarra, según un informe del Defensor del Pueblo.

(Además, esa licencia se presentó mientras se demoraban los plazos entre la primera denuncia vecinal y los informes para parar las obras y se concedió en el tiempo que medió entre la decisión de paralizar la obra y la comunicación de esta decisión a la Policía. Y, con todo, sus contenidos también se acabarían incumpliendo).

-También fue muy rápida la sucesión de movimientos para que las obras se reanudaran: el día 27 la Policía intentó pararlas (no sabían que tenían ya la licencia de obra mayor) y ese mismo día se activan los informes necesarios, con una consulta de la jurídico al arquitecto, una respuesta favorable de este, y la elaboración del informe jurídico y del informe del arquitecto que llevan a la resolución por escrito para seguir con las obras. Todo en dos días, desde el día de la visita policial (los informes para pararlas tardaron más).

(Un detalle extra: el Servicio de Obras ordenó por teléfono seguir con los trabajos antes de que se elaborara la resolución oficial que lo permitiera… de modo que lo que ha sucedido es que los trabajos continuaron sin licencia, sin supervisión de que pararan y sin resolución municipal)

En cambio, resultaron más lentos otros aspectos:

-la tramitación de la orden de paralizarlas, que nunca fue ejecutada

-la comunicación a la Policía de que debía ordenar la paralización de obras

-la información a este cuerpo de que la empresa ya había conseguido la licencia, justo en el lapso de seis días que medió entre la decisión de parar las obras

-la respuesta a la segunda denuncia vecinal, que, directamente, nunca se produjo.

-y tampoco se activó de forma automática el expediente con sanciones a la empresa pues, aunque hubiera logrado la licencia de obra mayor, lo cierto es que estuvo semanas trabajando sin licencia.

 

LAS EXPLICACIONES

Las explicaciones del Ayuntamiento de Santander el mismo día del derrumbe fueron confusas e insuficientes.

No supieron aclarar si las obras del Masters se habían llegado a paralizar ni si se había vigilado por el cumplimiento de esa orden municipal, y hubo un intento de desviar la atención hacia las obras de un ascensor realizadas meses atrás.

La cosa no mejoró al día siguiente, cuando tampoco supieron concretar cuál es el plazo medio de concesión de licencias de obra mayor en Santander, no aclararon por qué pese a la falta de licencia constatada no se había abierto automáticamente y revelaron como novedad un dato, el de que se había vaciado parte del suelo, que ya constaba en el informe del arquitecto contratado por la comunidad.

Todavía faltaba otro día para que el Ayuntamiento asegurara que ese informe, esa segunda denuncia, nunca le llegó al concejal César Díaz, pese a que él se refiriera a su existencia en la rueda de prensa del segundo día y a que, en todo caso, consta rastro documental que lleva hasta el Servicio de Arquitectura.

INVESTIGACIÓN MÁS HACIA FUERA QUE HACIA DENTRO

Y aunque el Ayuntamiento inició tras el derrumbe un expediente para aclarar lo sucedido y Gema Igual y César Díaz han sugerido que hay decisiones que adoptan tras ver informes de funcionarios, lo cierto es que las pesquisas parecen estar centrándose más en las causas físicas del derrumbe que en las causas internas del Ayuntamiento que llevaron a que las obras se tramitaran de forma exprés y no se paralizaran nunca.

Las declaraciones públicas hablan de peticiones de información a las empresas implicadas y de futuros informes de técnicos municipales e independientes, pero no del papel del personal, político o funcionarial, en el Servicio de Obras.

EL PLANO POLÍTICO…

En el plano político, los partidos de la oposición han pedido la dimisión o cese de César Díaz, toda vez que en su departamento, Obras, es donde se producen las licencias e informes que marcan el desarrollo de estos trabajos, bien por su rapidez, bien por su lentitud, o bien por sus silencios.

Lo han hecho PSOE, PRC, Izquierda Unida, Santander Sí Puede, Ganemos y Ciudadanos (que carece de representación en Santander después de que sus dos concejales, ahora tránsfugas, hayan abandonado el partido).

Díaz no dimitirá, como ha avanzado la alcaldesa, que identifica responsabilidad con culpabilidad.

Es decir, defiende que sus decisiones no han causado el derribo sin entrar a que estos daños (a los propietarios, pero también a la imagen de Santander) se producen en un área de su responsabilidad.

PSOE y PRC han reclamado una comisión de investigación, que Ganemos (Tatiana Yáñez) pidió en el último Pleno, sin que se aceptara debatirlo porque lo planteó minutos antes y el PP, gracias a los tránsfugas cuyo apoyo negaba querer, rechazó debatirlo de urgencia.

Santander Sí Puede ha pedido, acogiéndose a la Ley del Suelo, que se inhabilite a Guillermo Vega para contratar con el Ayuntamiento.

El próximo Pleno, a finales de agosto , que ya les da tiempo a todos a presentar mociones y hacer preguntas en tiempo y forma, se prevé intenso

…Y EL PLANO JUDICIAL

Con todo, pese al respaldo de Gema Igual a César Díaz y el rechazo a la comisión de investigación, se ha abierto otro frente en la aclaración de lo sucedido y la búsqueda de responsabilidades, el judicial. Ganemos presentó una demanda.

Y Santander Sí Puede ha pedido a la Fiscalía que inicie una investigación en la que señalan a César Díaz, Guillermo Vega y los responsables municipales de Obras, Arquitectura y Disciplina, por delitos que apuntan a la prevaricación y el cohecho y penas de seis años de prisión y diez de inhabilitación, en una acción que ha encomendado al mediático abogado Juanma Brun.

Todo sin descartar acciones por parte de los propios propietarios, que irán todos a una mientras analizan los próximos pasos.

LOS RESPONSABLES DE LA OBRA

Quien pide hacer la obra, el promotor, es la empresa Dos Imanes Producciones, cuyo administrador es Guillermo Vega Gandarias, ‘Willy’, conocido hostelero de la ciudad, muy cercano en los círculos sociales y educativos a miembros del equipo de Gobierno, y que se negó a reparar los desperfectos ante las primeras denuncias vecinales.

Fue durante años dueño del BNS y es el organizador de los conciertos de Música en Grande que se celebran en la Campa de La Magdalena (recinto y suelo público que durante años usó sin concurso, hasta que el año pasado se convocó, siendo ganador él), además de haber recibido subvenciones tanto del Ayuntamiento por los «precios populares» del festival como del Gobierno del PP, según han detallado eldiariocantabria.es y MiTuin.

La dirección de la obra la realiza el estudio de ingeniería Tainsa. Este asunto es polémico y será uno de los puntos calientes si hay batalla legal: la comunidad de vecinos sostiene que las licencias de obra mayor las tienen que gestionar arquitectos, y no ingenieros.

Finalmente, los trabajos los ejecutó la empresa Millán IC-Multiservicios.