“Esto acaba de empezar” y “esto huele cada vez peor”. Así de directos se expresaban a través de sus redes sociales Antonio Mantecón, concejal de Santander Sí Puede –que ha llevado a la Fiscalía el derrumbe en Sol, 57—y Miguel Saro, concejal de Izquierda Unida, tras conocerse la relación de amistad entre el excalde y ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y César Díaz, concejal de Obras, con Guillermo Vega y Javier Ruiz Ocejo, los empresarios promotores de las obras en el bajo del edificio que sufrió un desplome parcial hace ya casi dos semanas.

Antonio Mantecón describía en Facebook como las “cloacas de una ciudad” se traducen en una “red clientelar” en la que “los recursos económicos de Santander” se ponen “al servicio” de un “selecto y reducido” círculo de amigos a quienes todo esto les reporta “pingües beneficios”.

Antonio Mantecón (centro) con el abogado Juanma Brun y Susana Ruiz, coordinadora del Comité Ciudadano de SSP, anuncian la petición a la Fiscalía.

Para el concejal de Santander Sí Puede, el “nepotismo” y “los tratos de favor” que vienen denunciando son “cada día más evidentes”.

Y hablaba de “corrupción con letras mayúsculas a lo largo de diez años de una historia que en su último episodio ha puesto en riesgo la vida de los vecinos del edificio derrumbado en el número 57 de la Calle Sol”.

“Hablamos de concesiones de trabajos a cambio de sumas millonarias . Hablamos de la sensación de impunidad absoluta por el incumplimiento de las normas municipales tanto urbanísticas, como de otro tipo, que rigen para todos ciudadanos, salvo para los cercanos a Iñigo de La Serna y el actual concejal de urbanismo de Santander Cesar Díaz”, aseveraba.

Concluía advirtiendo que “se está destapando la caja de los truenos en este podrido Ayuntamiento” y augurando que “los responsables van a pagar por esto”.

Por su parte, Miguel Saro, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santander y portavoz de la formación a nivel autonómico, anunciaba a través de Facebook que volverán a pedir la dimisión de César Díaz y la creación de una comisión de investigación “con las más amplias facultades”.

Saro hablaba de la “red de relaciones” entre los dirigentes del PP y estos empresarios, en una relación que consideraba que “debía de haberse aclarado desde un principio entre los responsables públicos, algo que aún no han hecho, habida cuenta del considerable número de ocasiones en el que fue elegido de uno de los socios para ejecución de contratos menores del Ayuntamiento”.

La trama d @idlserna y Cesar Díaz, «los amigos de mis amigos, son mis amigos, vaya lío??» https://t.co/67LTH3Zuic @elfaradio @oscar_allende

— José Ramón Blanco (@jr_blanco_) 4 de agosto de 2017

RESPONSABILIDADES JUDICIALES Y POLÍTICAS

Santander Sí Puede ha llevado el derrumbe de Sol, 57 a la Fiscalía Superior de Cantabria para que investigue lo sucedido tras detectarse un mal funcionamiento de las instituciones en aspectos como la celeridad en la concesión de licencias e informes o la falta de información a la Policía municipal, así como la ausencia de respuesta del Ayuntamiento a la segunda denuncia de los vecinos sobre los efectos de la obra en el Master, que iba acompañada de un informe técnico de un arquitecto advirtiendo de riesgos estructurales; o la falta de apertura de un expediente con sanciones cuando se detectó que la empresa, Dos Imanes Producciones, había incumplido la licencia que se le había dado.

Derrumbe (19 de julio)

Esa petición de Fiscalía señala al concejal de Obras, César Díaz, al empresario Guillermo Vega, promotor de la obra; a la ingeniería Tainsa; y a los responsables de los servicios de Obras, Arquitectura y Disciplina Urbanística, apuntando indicios de delitos como prevaricación, cohecho, abuso en el ejercicio del cargo o falta de respuesta de empleados públicos a peticiones de ayuda ciudadana, que podrían sumar penas de seis años de prisión y de diez de inhabilitación.

La semana pasada Mantecón ya aventuraba la posibilidad de ampliar esa petición de investigación ante las nuevas revelaciones. Este partido también ha pedido que Guillermo Vega sea sancionado con la prohibición de contratar con la administración

A esta acción ante la Fiscalía se suman dos denuncias en los tribunales: la de los dueños del propio Master y la de la concejala Tatiana Yáñez (Ganemos). En cuanto se tramite una de ellas (podría darse el caso de que cayeran en el mismo juicio), la investigación de la Fiscalía se trasladaría al juzgado.

En el plano político está pendiente la convocatoria de una comisión sanitaria, pedida conjuntamente por PSOE, PRC, Santander Sí Puede e IU, que aborde las medidas para las víctimas, a las que aún no se les ha dado una solución a su falta de vivienda.

Además, los partidos de oposición han pedido la dimisión o cese de César Díaz, concejal de Obras –de su departamento dependen la tramitación de las licencias—.

Y también la apertura de una Comisión de Investigación, pedida en primer ligar por PSOE y PRC, y que trató de llevar al Pleno por la vía de urgencia Ganemos (Tatiana Yáñez). Pero esa declaración de urgencia no fue aprobada ya que el PP de Santander se apoyó en los tránsfugas de Ciudadanos (actitud que ha criticado con dureza el portavoz autonómico, Félix Álvarez).

Así que en el próximo Pleno, el de este mes, en el que ya da tiempo, se prevé que se presenten más mociones, preguntas y peticiones de información en torno al derrumbe en la calle del Sol.