El Ayuntamiento de Santander ha iniciado ya la instrucción de un expediente sancionador por las obras sin licencia ejecutadas para reformar el Master, en el bajo de Sol 57, el edificio que sufrió un derrumbe el pasado 19 de julio dejando a 15 familias sin hogar.

Ese expediente no se abrió de forma automática cuando se detectó el incumplimiento de la licencia. De hecho, César Díaz, concejal de Obras, ordenó el archivo de expediente de obra ilegal. Se anunció después del derrumbe.

Los trabajos en la zona continúan.

Y, según consta en la documentación municipal a la que ha tenido acceso EL FARADIO, será instruido por Yolanda Purón Gutiérrez, la técnico jurídico del departamento de Urbanismo que activó la resolución para que el reinicio de las obras tuviera permiso municipal.

Un poco de contexto: los vecinos habían realizado denuncias sobre los efectos de la obra en el Master sobre sus viviendas y la falta de licencia, al ser trabajos de obra mayor y tener licencia de obra menor.

Esa denuncia llevó a una inspección municipal (que no inspeccionó las grietas en las viviendas) y de ahí se emitió una orden de paralización de las obras.

Lo que sucedió fue que esa orden de paralización estuvo días sin llegar a la Policía (el arquitecto municipal ha justificado la falta de sanciones en que los responsables del departamento estaban de vacaciones). . Cuando le llegó y la Policía acudió al edifico, el 27 de junio, se encontró con que la empresa ya tenía la licencia de obra mayor que daba cobertura a las obras –algo que no se había trasladado a la Policía–. Fue entonces cuando consultó al servicio de Obras cómo proceder, y allí le dijeron, por teléfono, que estos trabajos podían continuar.

Para entonces, no había una resolución escrita del Ayuntamiento que diera cobertura normativa al reinicio de las obras, pese a que la licencia se había concedido cuatro días atrás.

El mismo 27, el mismo día de la visita a los trabajos y de la llamada a Obras, esta técnico jurídico envió un mail al arquitecto municipal, Ramino Amorrortu de Mesones, consultando qué pasos procedía dar. Él le respondió que los trabajos podían seguir, a lo que ella respondió con la elaboración de un informe jurídico que, sumado al informe del propio arquitecto, permitió que al día siguiente César Díaz, concejal de Obras, firmara la resolución que permitía seguir con los trabajos.

En realidad los trabajos no habían estado parados nunca, como dijeron desde el primer momento los vecinos y como Díaz no pudo precisar el día del derrumbe.

EL EXPEDIENTE

En concreto, en la apertura del expediente (tras consultar documentación emitirá sus conclusiones y el detalle de la sanción) se habla de que las obras excedían la licencia, de que el proyecto no se correspondía con la realidad del local y de que esto podría haber causado el derrumbe del edificio.

Estos hechos pueden suponer una infracción grave de la Ley del Suelo, con sanciones que oscilarían entre los 1.501 y los 15.000 euros, además de la restauración de lo realizado indebidamente y las indemnizaciones, e incluso la prohibición de contratar con la administración y recibir subvenciones durante cuatro años.

Deberá cerrarse en un máximo de seis meses (ampliable en otros tres), aunque se cerraría automáticamente si los implicados admiten que fue su responsabilidad. En ese caso, las sanciones se reducirían en un 20%.

LA CONSTRUCTORA CULPA A LA INGENIERÍA

En la documentación municipal, que incluye las comunicaciones a la Fiscalía que investiga los hechos a raíz de una petición de Santander Sí Puede, constan las primeras explicaciones documentadas de las empresas implicadas.

Obras en el Pub Master, ejecutadas antes de la concesión de licencia,de obra mayor,, colgadas (y borradas) por la empresa en redes sociales.

Recordamos, son tres: la promotora (la que decide y paga), Dos Imanes Producciones, cuyos socios son el hostelero Guillermo Vega y el ingeniero Javier Ruiz, ambos amigos personal tanto del exalcalde Íñigo de la Serna como del concejal César Díaz; Tainsa, la ingeniería industrial encargada de la dirección de obra; y Millán IC-Multiservicios, los que ejecutaron los trabajos.

Esta última asegura que los trabajos nunca fueron estructurales, y asegura que siguió en todo momento las instrucciones de los encargados de su dirección, Tainsa.

Esta parte ha pedido que se incorpore a la causa el proyecto de instalación del ascensor que se había realizado en la comunidad con antelación.

Desde Tainsa, por su parte, Pedro Martínez Leal explica que es autor de la petición de la licencia de obra mayor, que contemplaba “única y exclusivamente” lo relacionado con instalaciones (electricidad, etc…)

Así, Tainsa sólo asume la responsabilidad de esta parte de los trabajos, y de la apertura de los huecos en la fachada este, la instalación de los aislamientos acústicos y el saneamiento. El día antes del derrumbe estaban ejecutados el 75% de los trabajos, precisa.

“En ningún momento he dirigido, autorizado o intervenido en tareas ajenas a las que (se) describen en mi propio proyecto”, recalca este ingeniero.

Por su parte, Dos Imanes Producciones, los promotores de la obra, quienes iban a explotar el local del hostelería tras su reforma, no concreta ningún tipo de alegación más allá de hacer constar que se anunció la apertura del expediente a la prensa antes de comunicárselo a ellos.

En el debate sobre si un ingeniero puede ejecutar obras con licencia mayor en lugar de arquitectos (uno de los temas que plantea la comunidad de vecinos y que ha sido cuestionado): según el Consistorio, lo tendría que haber hecho un arquitecto si se tratara de un edificio protegido por el PGOU, y las obras no eran –en principio, o sobre el papel—estructurales.