La investigación interna abierta por el Ayuntamiento de Santander a raíz del derrumbe en la calle del Sol, 57, tras unas obras sin licencia en el local del bajo señala fallos en el funcionamiento de distintos departamentos de la Concejalía de Obras, como son Arquitectura, Obras o Disciplina Urbanística.

Así, en el expediente municipal, al que ha tenido acceso EL FARADIO, se reflejan distintas cuestiones:

El día del derrumbe

-1) Tainsa, que dirigía las obras, hizo una consulta previa y un técnico municipal le planteó, ya con anterioridad, que los trabajos que quería hacer no se correspondían con la licencia que iba a pedir.

-2) El Ayuntamiento asegura que las licencias de obra menor se tratan de tramitar en el mismo día y se resuelven en uno o dos. En ese caso el informe se emitió en horas. Sigue habiendo voces que hablan de plazos superiores al mes para licencias de obra menor. Y, en cualquier caso, los informes municipales han obviado los plazos de las de obra mayor: 11 días en este caso, frente a los tres meses como mínimo que se vienen produciendo (estimaciones que el edil de Obras no supo ofrecer al día siguiente del derrumbe).

-3) Los vecinos hicieron una primera denuncia sobre el incumplimiento de la licencia y los efectos en sus viviendas. Ese informe no se tradujo de forma automática en una sanción. Según ha explicado el arquitecto municipal, los responsables del servicio de Disciplina Urbanística estaban de vacaciones. Fue el arquitecto quien se hizo cargo, pero la comunicación a la Policía de que debía parar las obras se demoró varios días, suficientes como para que se concediera la licencia de obra mayor que necesitaba la empresa.

-4) Cuando la Policía acude a parar las obras, se encuentra con que ya tiene licencia (ellos no lo sabían, pero la empresa sí). Llaman por teléfono al Ayuntamiento, y una técnico del Servicio de Obras, que inicialmente muestra interés en parar las obras, les dice, tras varias llamadas y consultas a Obras, que estas debían seguir.

-5) Cuando los vecinos denunciaron por segunda vez que las obras en el bajo, en el local Master, no contaban con la licencia y estaban afectando a sus viviendas, se hizo una inspección municipal.

a) Esa inspección, a cargo de una arquitecta municipal, no apreció que se hubiera unificado el nivel del suelo (algo que sí dijeron con posterioridad el jefe de Bomberos y el concejal de Obras en base a un informe del primero).

b) Y optó por no examinar las grietas cuyas fotos se adjuntaban en un informe. Esa denuncia llegó hasta el arquitecto municipal, Ramiro Amorrortu, pero no (según su versión) hasta el concejal, y no se tradujo en ningún tipo de medida.

Estos asuntos revelados ahora en el último expediente se suman a otros relacionados con distintos departamentos

– como el de Arquitectura, que emitió informes para reanudar las obras y que fue el último a quien le llegó la denuncia vecinal

-Otros asuntos relacionados con la Concejalía de Obras son la demora en los plazos que permitió que la empresa lograra la licencia, la falta de información a la Policía tanto de la orden de paralización de los trabajos como de que ya se contaba con licencia, el hecho de que la reanudación de las obras se ordenara por teléfono sin contar con resolución por escrito y a raíz de la visita policial, o la falta de apertura de un expediente sancionador al detectar que se había incumplido la licencia y que no se ha abierto hasta después del derrumbe.

EL AYUNTAMIENTO SE INVESTIGA A SÍ MISMO

César Díaz y Gema Igual en rueda de prensa tras el derrumbe

Ese expediente (de momento abierto, es el inicio del proceso) será instruido por la misma técnico jurídico cuya intervención activó los pasos que permitieron que se emitiera la resolución municipal que dio cobertura al reinicio de las obras.

La investigación interna anunciada por la alcaldesa Gema Igual ha incluido, además del informe de un perito externo, peticiones de opinión e información a la Policía, la responsable de Disciplina Urbanística, la arquitecta que visitó las obras y el arquitecto municipal Ramiro Amorrortu, sin que hayan trascendido de momento más peticiones de datos a los funcionarios que intervinieron en las distintas partes del proceso de emisión de licencias e informes.

En cualquier caso, la alcaldesa ha mostrado su respaldo al concejal de Obras, y ha dicho que parte de la base de que César Díaz no es responsable de lo sucedido, negándose de momento a dimisiones ni a la petición de comisión de investigación que previsiblemente se reiterará en el próximo Pleno, a finales de este mes.

EL FRENTE JUDICIAL

En paralelo, ya está activado el proceso judicial, en el que se ha personado la comunidad de vecinos, y en varios frentes: está la investigación de la Fiscalía, que está recabando la documentación, a petición de Santander Sí Puede, y hay dos denuncias en los juzgados, una del partido Ganemos y otra de los dueños del local Master.

LAS PRIMERAS VERSIONES DE LAS EMPRESAS

En los trabajos intervinieron tres empresas: Dos Imanes, que encargaron las obras, cuyos socios son el hostelero Guillermo Vega y el ingeniero Javier Ruiz Ocejo, amigos del exalcalde y ministro Íñigo de la Serna y del concejal César Díaz; Tainsa, que hizo la dirección de obra; y Millán IC-Multiservicios, responsable de la ejecución. Esta última sostiene que se limitó a seguir las directrices de Tainsa, y Tainsa sólo se responsabiliza de lo que consta en el proyecto con el que pidió la licencia. Dos Imanes de momento no ha ofrecido ninguna explicación.

LAS VÍCTIMAS

En cuanto a las víctimas, la Sociedad de Vivienda y Suelo y GESVICAN, la empresa pública de vivienda del Gobierno de Cantabria (Consejería de Obras Públicas) han puesto ya las primeras viviendas a su disposición. De momento no se conoce el destino del edificio, si será viable la parte que está en pie tras el derrumbe.