Miguel Saro (a la derecha) junto al ecologista Emilio Carrera y el concejal de IU en San Vicente, Martín Chaves || Foto: IU Cantabria

Izquierda Unida (IU Cantabria) ha denunciado este lunes un nuevo intento de «volver a las andadas del ladrillo que tanto daño ha hecho en Cantabria», en referencia al proyecto de puerto deportivo que el Ejecutivo regional proyecta en San Vicente de la Barquera.

Así lo ha manifestado el portavoz regional de la formación, Miguel Saro, en una rueda de prensa en la que IU se ha hecho eco de las denuncias de Ecologistas en Acción y su representante en el Patronato de Oyambre que consideran este proyecto un «grave atentado a la conservación del patrimonio natural de la ría».

Los grupos ecologistas advierten de que el Gobierno de Cantabria quiere repetir en San Vicente de la Barquera el “fracasado” modelo del Puerto de Laredo en un “absurdo” intento de “volver a vivir de la burbuja del ladrillo como único modelo económico”.

Según detallaron, la Consejería de Obras Públicas proyecta una inversión de 7 millones de euros para construir un puerto deportivo interior que ocuparía 49.000 metros cuadrados y casi 300 nuevos atraques.

Izquierda Unida respalda las alegaciones ecologistas y se pregunta “qué puede llevar al Gobierno de Cantabria a querer resucitar una burbuja que ya estalló y que ellos mismos saben lo que nos ha costado”, en relación al ‘rescate’ al Puerto de Laredo, “que iba a ser referencia en el Norte y se convirtió en nuestro aeropuerto de Castellón”.

El portavoz autonómico de IU ha recordado al gobierno de Revilla su «empeño en repetir sus propios errores», y ha citado los casos del Racing, el Puerto de Laredo o el Campus Comillas, «todos ellos un rotundo fracaso en términos económicos, sociales y ecológicos», afirmaba.

«Este caso es más sangrante porque ya sabemos lo que pasó cuando pinchó la burbuja del ladrillo, pero parece que la construcción es el único lenguaje que entiende Revilla, que lleva gestionando este sector desde hace dos décadas; su legado son sentencias de derribo y macropuertos vacíos», ha enfatizado Saro.

Desde Izquierda Unida consideran que el Gobierno autonómico «apuesta por un modelo turístico totalmente contrario al que debería ser», que, en su opinión, tiene que dar respuesta a los sectorers pesquero, ganadero, forestal o industrial, que son «capaces de dinamizar la economía local y regional además de preservar el patrimonio natural».

«No sólo siguen con un modelo fracasado sino que además el proyecto contempla una privatización de un espacio público, ya que parte del espacio marítimo se restringiría a los propietarios de embarcaciones deportivas», ha subrayado el portavoz de IU.

Desde IU y las asociaciones conservacionistas se preguntan qué estudios de crecimiento maneja el Gobierno para que se prevea la necesidad de nuevos atraques «en una comunidad que todavía no ha conseguido llenar los atraques del Puerto de Laredo, que se suponía que iba a ser de referencia en el Norte, teniendo en cuenta, además, que Cantabria es la comunidad autónoma con mayor proporción de amarres de España».

«Es una infraestructura volcada hacia la temporalidad -los puertos deportivos permanecen vacíos el 80% del año más allá de los meses de verano- y se liga a la construcción de viviendas, pensando que los puertos deportivos atraen a compradores de viviendas, en un modelo más propio de la burbuja que ya se ha demostrado que no funcionó nunca», ha sentenciado.

OTRAS PRIORIDADES PARA LA INVERSIÓN

Martín Chaves (IU-Ganemos), concejal de Obras, Servicios, Medio Ambiente y Medio Rural en el equipo de Gobierno de San Vicente de la Barquera, ha considerado que la inversión de 7 millones de euros prevista podría destinarse a otros proyectos de «mayor necesidad y con efecto real en el municipio».

En su opinión, ese dinero se podría invertir en sectores como el pesquero, el ganadero, el alimentario, el comercio local o la industria, sin olvidar otros como la conservación del patrimonio cultural o el cuidado del medio ambiente, que tienen efecto en el turismo.

“En lugar de apoyarse en sectores que necesitan un estímulo y cuyos beneficios notaríamos todos, se refuerza un sector que sólo va a repercutir en unos pocos y no va a crear futuro”, ha criticado.

Chaves recordaba que el modelo del ladrillo ya causó mucho daño a San Vicente en forma de urbanizaciones ilegales y campos de golf insostenibles.

CONTRA LAS NORMAS

Por su parte, Emilio Carrera, histórico ecologista, miembro de Ecologistas en Acción y representante de las organizaciones verdes en el Patronato del Parque Natural de las Dunas de Oyambre, ha detallado que este proyecto incumple varias normas.

Y ha citado las directrices del PORN del Parque Natural de Oyambre, del Lugar de Interés Comunitario de las Rías Occidentales de Cantabria, y la Directiva de Hábitats de la Unión Europea, por cuestiones como el impacto sobre el paisaje y los recursos naturales.

Pero también el propio Plan de Puertos del Gobierno de Cantabria que excluye de los proyectos portuarios las rías que tengan espacios naturales protegidos, como es el caso, con áreas como el Parque Natural de Oyambre, del que recordaron que sigue, 30 años después, sin un Plan Rector de Uso y Gestión, y todo sin que se hayan hecho estudios sobre el efecto del puerto en el parque.

Además, ha advertido sobre impactos en las rías y dunas, que podrían disminuir la calidad del agua del estuario o modificar las dinámicas de las aguas.

Por estos motivos, ha acusado al Gobierno de intentar “maquillar” el proyecto con una serie de actuaciones ambientales, como el acondicionamiento de la senda entre el faro y la barra de San Vicente, la pretendida protección del sistema dunar de El Rosal, la instalación de observatorios de Aves en las marismas de Rubín y La Rabia, o la creación de una senda interpretativa en la restauración del estuario de Oyambre y el desmantelamiento del dique sobre la marisma de Zapedo y la ría del Capitán, iniciativas que “nada tienen que ver con el proyecto del puerto” y que deberían hacerse desde el desarrollo del Parque Natural.

Los grupos ecologistas ya han presentado alegaciones al proyecto, y llaman a ciudadanos y organizaciones a hacer lo propio para «evitar que los cántabros acabemos teniendo que pagar otro rescate por la falta de uso de un puerto que no demandaba nadie”.