||por MARCOS MARTÍNEZ ROMANO||

La cuestión catalana es Trending Topic en España. Y en las diferentes izquierdas españolas, el debate sobre el derecho a decidir del pueblo catalán ocupa un papel central.

Para empezar, cabe señalar brevemente las razones por las que se ha llegado hasta aquí. Buscándolas, hay una que aparece como principal: la presentación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular en 2006 contra el Estatut de Catalunya.  Que había sido aprobado tanto por las cortes españolas como por las catalanas y después refrendado por el pueblo catalán. Así como la posterior sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 tumbando dicho Estatut.

Esta sentencia, como explica el catedrático en derecho constitucional Javier Pérez Royo, supuso la ruptura de la constitución territorial del Estado al eliminar el mecanismo por el que se integró Catalunya en el orden político de 1978: el pacto entre los dos parlamentos y la posterior aprobación de la ciudadanía de Catalunya.  Con lo que la ejecución de la sentencia obliga a buscar otro método para el pacto entre España y Catalunya. Y este tiene que pasar obligatoriamente por un referéndum en el que los y las catalanas puedan decidir su relación con el Estado.

Esta necesidad de un referéndum en el que el pueblo de Catalunya pueda expresar su voluntad ha sido constantemente ignorada por el Gobierno español. Por ello, y ante la dificultad de un cambio suficiente en la correlación de fuerzas a nivel estatal -a pesar de la irrupción de Podemos- para que desde el Estado se garantice el derecho de Catalunya a decidir su futuro, el Gobierno de Catalunya y todo el bloque independentista en su conjunto, decidieron convocar para el próximo 1 de octubre un referéndum en el que el pueblo catalán pueda pronunciarse.

Desde mi punto de vista, es cierto que un referéndum convocado de forma unilateral y no pactado con el Estado no es el escenario ideal. Y que las formas en las que la semana pasada fue aprobada en el Parlament la ley que lo regula tampoco fueron las más idóneas. Sin embargo, la cerrazón del Estado ante la demanda democrática del pueblo catalán, utilizando la ley existente como muro infranqueable ante la voluntad popular catalana, ha imposibilitado la vía pactada.

Esa realidad es ante la que las diversas izquierdas españolas deben de preguntarse cuál debe ser su postura para el referéndum convocado para el 1 de octubre

Es cierto que éste puede acabar siendo una forma rebajada de desconexión unilateral de Catalunya en busca de legitimidad ante la falta de fuerza del bloque independentista para proclamar una Declaración Unilateral de Independencia. Al fin y al cabo, política en última instancia remite a la fuerza que cada bloque en disputa sea capaz de acumular. Y, en este caso, ni el bloque independentista tiene la suficiente fuerza para emprender su camino en solitario desobedeciendo por completo al Estado, ni el bloque unitarista tiene la capacidad de detener las pretensiones independentistas sin comprometer su legitimidad.

Porque, y aquí viene la otra pata, la política, además de fuerza, tiene mucho que ver con la legitimidad con la que cada bloque cuente y el relato que, a partir de ello, sea capaz de instalar en la sociedad cada parte en pugna.

Por eso, desde las diferentes izquierdas del Estado que miran con recelo el referéndum del 1 de octubre por su carácter unilateral y su “falta de garantías”, cabe preguntarse si es viable hoy en día otra opción ante el escenario político en España. Y si, por tanto, debemos o no apoyarlo. Mi posición es que el llamamiento a la participación tiene que ser inequívoco si realmente existe un compromiso con el derecho a decidir, a pesar de los déficits formales de la convocatoria.

Es posible que, de facto, el referéndum no pueda acabar siendo vinculante por la insuficiente fuerza de los organismos convocantes. Y que, por lo tanto, la jornada del 1 de octubre acabe resultando “tan solo” una fuerte movilización ciudadana en exigencia del derecho a decidir su futuro como miembros de una comunidad nacional llamada Catalunya.

Sin embargo, es precisamente por eso por lo que un rotundo llamamiento a la participación desde el espacio político articulado alrededor de Unidos Podemos en España y de En Comú Podem en Catalunya, ayudaría a que la jornada del 1 de octubre se desarrollara de manera más exitosa. Y, con ello, a sumar tanto legitimidad como fuerza a la legítima demanda democrática del pueblo catalán. Tanto frente al Gobierno del PP como ante la comunidad internacional.

Un llamamiento que pueda venir acompañado de una campaña por el “no”, si esta es su posición política, pero que sirva para golpear al Régimen del 78 en su pilar más fuerte, pero a la vez más tambaleante. Porque, si bien el orden político surgido en la Transición ha sido capaz de integrar a las clases populares de manera bastante exitosa, ha mostrado más dificultades para hacer lo propio con la diversidad nacional del Estado, debido a la concepción uniforme de la idea de España, de base monárquico-castellana.

En definitiva, si de verdad creemos en el derecho a decidir, solo hay una manera de hacerlo posible: apoyando sin fisuras el 1 de octubre, con todas sus contradicciones. Además de ser la forma de apoyar los derechos nacionales del pueblo catalán, es la mejor manera de empezar a resquebrajar el bloque dominante en el Estado español. Sin garantías de éxito para el resto de pueblos de España, pero con la posibilidad de abrir alguna oportunidad al cuestionamiento de las bases sobre las que se sustenta este Régimen.