La reforma de la Ley de Suelo logra la unanimidad del Parlamento de Cantabria
Este lunes, 18 de septiembre, se ha retomado el curso político en el Parlamento de Cantabria, con uno de los grandes temas que quedaron pendientes de resolver durante la pasada temporada.
La asignatura que finalmente ha aprobado la cámara ha sido la reforma de la Ley del Suelo, más conocida como la Ley Pilón, al estar inspirada en el caso de urgencia de los vecinos del barrio de Santander que están pendientes de una actuación urbanística que podría dejarles sin sus casas y negocios.
Finalmente la reforma se ha llevado a cabo como primeros puntos del orden del día, y lo ha hecho con nota, ya que ha logrado la unanimidad de los partidos políticos representados en el Parlamento cántabro.
Los 35 diputados del PP, PRC, PSOE, Podemos, Ciudadanos y el diputado saliente de la formación naranja, Juan Ramón Carrancio, han unido sus votos en esta ley, que contempla, por primera vez en Cantabria, el derecho de los vecinos afectados por el urbanismo al realojo y el retorno.
“UNA GRAN VICTORIA DE LA SOCIEDAD CIVIL»
Los tres partidos de la oposición (PP, Podemos y Ciudadanos) han defendido la legislación que sacaron adelante, en un primer momento con la oposición de las formaciones del Gobierno, y que han terminado contando con su apoyo.
“Es un gran avance en los derechos de los ciudadanos”, ha asegurado el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, que recuerda que da «seguridad jurídica a muchos cántabros» que “se veían indefensos en algunas situaciones”. Así mismo, califica la ley como “pionera en nuestro país” y cree que “servirá de ejemplo para otras comunidades autónomas a la hora de legislar en materia de urbanismo”.
Desde Podemos, Verónica Ordóñez cree que es “un hito importante para nuestra trayectoria democrática”, que ha llegado para “responder a las necesidades de los vecinos y de los ayuntamientos”, aunque reconoce que «no es la solución última para sus problemas».
También ha defendido el proceso participativo con el que se ha desarrollado, con la colaboración de organizaciones sociales y vecinos afectados, ya que cree que “solo la escucha directa es capaz de recoger el máximo de debilidades”. De hecho, Ordóñez considera que esta ley es «una gran victoria de la sociedad civil», ya que «su trabajo, su fuerza y su presión supusieron una inyección de democracia para un sistema bastante enfermo como es el nuestro».
En el mismo sentido, José Manuel Igual, portavoz del Partido Popular en materia de urbanismo, considera que el urbanismo participativo es la mejor opción. “Yo soy un gran defensor”, ha asegurado, “porque cuatro ojos ven más que dos”.
Así mismo, ha añadido que el procedimiento abierto por el Gobierno de España para cuestionar una posible inconstitucionalidad de la ley por invasión de competencias ha propiciado un mayor diálogo entre los grupos, lo que ha “mejorado” la legislación, que califica de “perfecta” porque contará con la “unanimidad de todo el Parlamento de Cantabria”.
“Bienvenido sea ese procedimiento de negociación en el Gobierno de España porque ha conseguido que haya más consenso”, ha dicho, al mismo tiempo que ha añadido que el párrafo puesto en duda era “un adorno, algo ornamental”, que “no va al espíritu de la ley”, y que se ha eliminado “para tranquilidad de los vecinos”.
LA PARTICULARIDAD DE LA LEY
La nueva reforma de la Ley del Suelo ha incluido la importante medida del realojo y el retorno en las diferentes actuaciones urbanísticas que puedan sufrir los ciudadanos.
Además, en estas medidas se ha incluido también a personas que viven más de 180 días al año en la vivienda familiar, así como otros que no puedan vivir en ella por causa justificada o aquellos que retornen en el plazo de seis meses con la causa justificada.
Otra novedad es que este derecho al realojo y al retorno se incluirá también en los locales comerciales, para salvaguardar a los negocios afectados por estas unidades de actuación. Algo en lo que es pionero en España.
PSOE Y PRC FINALMENTE APOYAN LA LEY
Tras unos primeros meses en que los partidos del Gobierno se negaban a apoyar esta iniciativa, finalmente tanto el Partido Regionalista como el Partido Socialista han optado por dar su apoyo para que ésta se apruebe de manera unánime.
Sus reticencias a la ley son, en el caso del PSOE, que se trata de “una ley a la carta” para «un problema puntual del Ayuntamiento de Santander», ya que consideran que está muy centrada en el caso del Pilón, que cree que podría haber resuelto “fácilmente” el Ayuntamiento de Santander “si hubiera tenido voluntad”, a través de la legislación estatal.
La portavoz socialista en este ámbito, Silvia Abascal, ha cuestionado “la urgencia” de la tramitación que se justificó al principio para no esperar a la creación de una nueva ley del suelo, ya que ha recordado que en seis meses no ha habido avances hasta hoy “para conseguir legalizar la situación”.
Es decir, que desde que en el mes de marzo el Ejecutivo nacional cuestionó la constitucionalidad de la normal por posible invasión de competencias, no se había tramitado la ley hasta el regreso a la actividad política en el Parlamento este mes de septiembre.
Sin embargo, ha admitido que, una vez solventada esa duda, esta ley podría convertirse en “un tema fundamental para que los cántabros y cántabras tengan la seguridad jurídica garantizada”.
Desde el PRC han alegado que “hay cosas que nos gustan más o menos pero acataremos la ley”, a la que finalmente han apoyado.
Miguel Gutiérrez Aja
La iniciativa del Sr. Carrancio s./ el derecho de realojo y retorno es notable pero incompleta pues no solamente debe referirse a las expropiaciones forzosas (pensando en el Barrio del Pilón); el sagrado de-
recho a la propiedad privada y derechos complementarios [Artº 33 C. E.] omitiendo otras causas cómo los
incendios ( movimientos telúricos, volcanes, terremotos, huracanes, diluvios y otras catástrofes ),pero
hago singular hincapié en los incendios -que una inmensa mayoría han sido intencionados sirviendo para
enriquecer a los especuladores a costa de expoliar a las víctimas, propietarios, arrendatarios e inqui-
linos, aprovechándose de una legislación arcaica y obsoleta proteccionista de unos intereses espúreos-.
Se omite igualmente el derecho de inscripción en el Registro de la Propiedad del derecho de retorno así
cómo los arrendatarios con traspaso y los inquilinos con más de cinco años.