El Concejo Abierto de Santander valora positivamente la aprobación, esta semana, de algo que corría el riesgo de pasar desapercibido: la aprobación en el Parlamento de Cantabria, por unanimidad, de la reforma de la Ley del Suelo que garantiza el derecho al realojo y retorno a sus barrios de aquellos vecinos que sean expropiados o desalojados como consecuencia de una actuación urbanística.

Los vecinos del Pilón ante las viviendas afectadas por el plan urbanístico.

Una situación que se evidenció a raíz del problema del santanderino barrio de El Pilón, en El Alta, cuando se comprobó que la normativa urbanística municipal y autonómica no tenía prevista su situación.

Y esta vez, además, se ha hecho por unanimidad (el primer intento fue recibido con suspicacia por PSOE y PRC, además de con la denuncia de presiones a los diputados por parte de constructores, y el resultado acabó en el Constitucional).

«Ya es un hecho. Cualquier cántabro que vea expropiada su vivienda o local de
negocio por su ayuntamiento, tendrá derecho a otra vivienda o local. Y se espera, con la
colaboración de su correspondiente ayuntamiento, que dicho retorno sea en el mismo
barrio o colindante. No en la periferia», valoraban, tras varios años de lucha porque se recogiera este «grandísimo logro» del movimiento vecinal.

No obstante, hacen un matiz, y es que las expropiaciones, cuando se produzcan, deben hacerse por motivos de interés público. «o se puede ni se debe permitir que cualquier persona pierda su hogar o negocio para beneficiar a una promotora», es decir, «construir por construir sin una necesidad real para el barrio o ciudad y, en detrimento del bienestar del ciudadano, que siempre es la víctima.

Esa es la principal razón de ser del Concejo Abierto de Santander, un movimiento que aglutina a las distintas plataformas urbanísticas que trabajan en la ciudad a raíz de la acumulación de casos que implicaban desalojos o expropiaciones, y tras el punto de inflexión que ha supuesto en la ciudad la lucha contra su expropiación de Amparo Pérez.

Es decir, luchan contra «los abusos urbanísticos a los que muchos barrios estaban sometidos por el nefasto,( y finalmente anulado por el Tribunal Supremo), PGOU de Santander del 2012».

Tal y como reivindican, el Concejo Abierto de Santander «está y estará siempre a favor del progreso y del urbanismo sostenible, pero siempre que no se pisoteen los derechos de la ciudadanía y se haga de su ciudad, que es de todos, una herramienta de lucro para algunos y de  miseria para otros».

«Especular con los hogares de los cántabros, sin justificación alguna y construir miles de viviendas sin fundamento alegando necesidad para Santander cuando ya hay más de 18000 viviendas vacías y todo esto, siempre, en perjuicio de los vecinos, no es progreso, es retroceso», aseveran, abogando por políticas de rehabilitación en los barrios que preserven su «huella histórico».