Cantabria suma una nueva muesca a las decisiones administrativas tomadas de forma incorrecta pese a los avisos recibidos de que aquello en lo que estaban empeñados iba a salir mal.

A la lista de la que forman parte las sentencias de derribo y las sucesivas normas para incumplir su ejecución la falta de garantías en los desalojos por proyectos urbanísticos o la falta de demanda para el Puerto de Laredo, su incorrecta actuación en el caso Samuel,  entre otras acciones tomadas por gobiernos de distinto signo, se suma ahora la prórroga a Solvay para que actualizara sus procesos de cloro.

El Gobierno autonómico ha anunciado hoy que no concederá la moratoria que pedía la empresa Solvay para mantener la fabricación de cloro en su planta de Barreda más allá del 11 de diciembre de 2017, dando cumplimiento a los informes jurídicos que advierten que la ampliación de plazo para cumplir las exigencias ambientales no tiene encaje legal en la normativa europea.

Instalaciones de Solvay

Fue el propio Ejecutivo cántabro el que había planteado la posibilidad de esta moratoria para que Solvay cumpliera las directrices europeas una vez pasado el plazo dado, y pese a las advertencias de partidos de la oposición o sindicatos como USO o Comisiones Obreras de que no podía ser pues iba en contra de la ley.

El próximo 11 diciembre finalizará el plazo de cuatro años para que las plantas de cloro-álcali de la Unión Europea cambien la tecnología de mercurio por membrana, menos contaminante, y, según se señala en los informes, las ampliaciones de plazo concedidas hasta el momento son anteriores al reglamento de la UE de mayo de 2017, el cual impone “taxativamente” la retirada de este tipo de equipos en el sector del cloro en el plazo establecido

El director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, ha hecho pública la resolución de su departamento, que va “en contra de la voluntad e interés” del propio Gobierno, que entiende que el proyecto de Solvay genera beneficios económicos, sociales y ambientales para Torrelavega y Cantabria.

“Son momentos difíciles en la actividad política y administrativa”, ha lamentado, añadiendo que el Ejecutivo tiene “todo el interés para que el proyecto se ejecute, pero el gobierno respeta los informes jurídicos y para el gobierno no hay nada por encima de la ley”.

Esta decisión, que implica la parada de la producción de cloro de la planta el 11 de diciembre de 2017, hasta acometer la necesaria reconversión industrial, puede ser recurrida ante la administración y los tribunales. Ha sido comunicada a la empresa de forma verbal y se hará oficialmente durante el día de hoy, ha informado el director.

A juicio de Palacio, resta saber ahora si en estas condiciones Solvay y la portuguesa CUF continuarán su proyecto industrial, “algo que compete a ambas empresas”, ha dicho, a las que ofrece la colaboración del Gobierno.

El proyecto incluye mantener la planta en Barreda, una inversión superior a los 50 millones de euros y garantizar más de 100 puestos de trabajo entre directos e indirectos, usando una tecnología más limpia y más ecológica.

DOS INFORMES CONTRARIOS ENTRE SÍ

La primera resolución del Gobierno, de abril de este año, fue favorable a las pretensiones de la empresa Solvay, apoyada por los informes favorables de la Asesoría Jurídica y del Servicio de Impacto Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente, basados en el Considerando 22 de la Directiva europea de emisiones industriales, que fija que se pondrán conceder plazos más prolongados en casos específicos cuando haya evidencia de su necesidad.

Ante esta primera resolución de la Dirección General, se abrió un proceso de alegaciones en el que participaron distintas entidades y organismos como Ecologistas en Acción, la empresa Ercros, ARCA, USO, el comité de empresa de la planta, los ayuntamientos de Santillana del Mar y de Polanco, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio, Traperos de Emaús y la misma empresa Solvay.

A la vista del contenido de estas alegaciones y la “complejidad” de la cuestión jurídica con interpretaciones “divergentes y completamente distintas”, ha afirmado, la Secretaría General pidió informe a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria.

Este órgano estimó en julio en su informe que no cabe finalmente la ampliación de plazo, dado que la excepción argumentada para conceder la moratoria no aparece en el articulado de la mencionada directiva europea, sino que solo en la parte expositiva y sin efectos jurídicos por tanto.

Finalmente, para “despejar dudas”, ha relatado el director, se solicitó en agosto un informe complementario a la Dirección Jurídica que de nuevo sostuvo que no cabe la prórroga para la producción de cloro con tecnología de mercurio.

En ese mismo informe jurídico se afirma, en relación a otras autorizaciones concedidas en el ámbito de la Unión Europea, “desconocer los procesos de producción y los detalles de las autorizaciones”, si bien se argumenta que resultan anteriores al reglamento de la propia Comisión Europea de mayo de 2017 y, por lo tanto, anteriores al ordenamiento jurídico vigente.

REACCIONES

Podemos ha solicitado ya la comparecencia del director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio y de la vicepresidenta Rosa Eva Díaz Tezanos, a los que consideran «los responsables últimos de la situación en la que ahora nos encontramos».

Además, consideran que la actuación de la dirección general de Medio Ambiente en este asunto “no solo ha sido chapucera, sino que ha rozado la prevaricación al empecinarse en conceder una prórroga a sabiendas de que era ilegal”.

Desde Podemos recuerdan que ellos ya lo advirtieron en el último pleno del anterior curso legislativo, en el mes de junio, en una tensa sesión en la que “como en el cuento de hadas del rey desnudo, los partidos del gobierno, así como el PP y C’s fingieron no ver lo que era obvio, que la moratoria que el gobierno quería conceder no era legal y por lo tanto no era viable”.

La formación morada recuerda que en aquel pleno ya se conocían las cartas de los directores general de Medio Ambiente de la Unión Europea y del propio ministerio de Medio Ambiente Español advirtiendo de que esta prórroga no era posible, tal y como recordó Verónica Ordoñez en el Parlamento de Cantabria.

Pero además la diputada de Podemos, Verónica Ordóñez, considera que la actitud del resto de grupos de la cámara aquel día incluyendo a la oposición (PP y Cs) fue «vergonzosa». «Era como si hubieran venido con un argumentario común escrito por Solvay», recuerda, mientras reclama un Plan B y  lanza un mensaje de apoyo a los trabajadores, «víctimas del proceso por recibir falsas esperanzas del Gobierno».

Desde Izquierda Unida, su coordinadora Leticia Martínez, ha pedido la dimisión de los consejeros de Industria, Francisco Martín (PRC) y de Medio Ambiente (Eva Diaz Tezanos) por su “lamentable actuación” en la “crisis de Solvay”.

Recordando los avisos que les había lanzado,  IU les ha reprochado tanto su «inacción» durante años mientras vencía el plazo como los mensajes de que se podría ampliar el plazo, “que la realidad se ha encargado de desmontar”, «sembrando la confusión» en lo que supone “un nuevo ataque a los trabajadores, que se sumergen en una incertidumbre dramática”.

Asimismo, Martínez también señalaba al grupo Solvay por su “dejadez” a la hora de abordar un mandato europeo que, de no cumplirse, supondrá el cierre de la fábrica, en una actitud «contraria a la lógica, pues el mismo grupo ha actualizado su tecnología en otros centros de trabajo en toda Europa y aquí se ha dejado caer”

Desde Ciudadanos, el portavoz parlamentario Rubén Gómez, ha solicitado al Gobierno de Cantabria que «aclare qué alternativas tiene para Solvay» para evitar «dejar a más de cien personas en la calle» y ya ha anunciado que llevará el asunto al Pleno

Además, advierte de que  «esta noticia pone en entredicho la inversión anunciada por la empresa portuguesa CUF para adquirir esta planta y realizar las oportunas inversiones», mostrando su preocupación por los efectos sobre el empleo en la comarca del Besaya.

USO CREE QUE LA GESTIÓN “NEGLIGENTE Y COBARDE” DEL GOBIERNO Y SOLVAY HAN PROPICIADO EL CIERRE

Desde el sindicato USO han reaccionado culpando a la empresa Solvay y al Gobierno de Cantabria, a los que ha acusado de tener “una actuación negligente y cobarde”, al no querer afrontar las inversiones “necesarias” en su momento para el cambio de tecnología.

USO ha recordado que su sindicato ya inició una campaña en abril de 2013 con el objetivo de salvar la fabricación de Cloro en Torrelavega, y que siempre recibieron la misma respuesta, del Ejecutivo y la empresa: “Queda mucho tiempo y no están en riesgo los puestos de trabajo”.

Ahora, el sindicato confío en que la multinacional CUF “siga adelante con la inversión” y que “el cese de la producción sea temporal hasta la puesta en marcha de la nueva planta de membranas”.

En este nuevo escenario, USO defiende la recolocación del personal directo de la planta de cloro en el resto del complejo industrial, en el marco de un expediente de un expediente de empleo con un proceso de prejubilaciones.

CCOO ALERTABA DE LA “PÉRDIDA IMPORTANTE DE CLIENTES” EN CASO NO CONCEDERSE LA PRÓRROGA

Tal y como ha aseverado Leticia Martínez, la crisis de Solvay ya llega de lejos, y desde hace meses sindicatos y partidos políticos han ido advirtiendo que no podría llevarse a cabo esta moratoria, pues se estaba incumpliendo la legalidad europea.

Ya la pasada semana desde la Federación de industria de CCOO y la Sección Sindical de CCOO de Solvay instaban tanto al Gobierno Regional como a la dirección de la Empresa a que resuelvan la situación de incertidumbre en la han mantenido durante meses a los trabajadores y trabajadoras de Solvay.

Desde Comisiones Obreras apuntaban a que Cantabria podría fijar un plazo más prolongado, ya que la directiva europea de emisiones industriales dejaría claro que es posible, si es para introducir las nuevas mejoras técnicas disponibles, es decir la tecnología de membranas, hace falta un periodo mayor de lo establecido.

“El cierre de la planta a finales de 2017 sin esperar a la creación de la nueva empresa rompe el acuerdo que tiene Solvay y CUF puesto que todo pasa porque a Solvay se le conceda la prórroga”, advertían la pasada semana. De no ser así “puede suponer una pérdida importante de clientes actuales que evidentemente tendrán que garantizar su suministro en empresas de la competencia y que luego es difícil de recuperar en el caso de que CUF o cualquier otra empresa esté interesada en instalarse dentro del recinto de Solvay”.