Salvador Blanco y Eva Diaz Tezanos || FOTO: Archivo

El que fuera vicepresidente de REPSOL, Guzmán Solana Gómez, facturó a través de una empresa de su SICAV 185.000 euros a la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) por trabajos de asesoría de los que no existe constancia documental.

El contrato se firmó en 2008, al comienzo de la primera etapa del polémico Salvador Blanco como consejero delegado de SODERCAN. Se firmó con el propio Solana Gómez  a través de su empresa GUZFERSIS S.L., que a su vez forma parte de GUZFER INVESTMENT, SICAV S.A., según información mercantil a la que ha tenido acceso EL FARADIO.

La ausencia de un rastro documental que justificara las cantidades facturadas se revelaba en el informe de intervención del Gobierno de Cantabria (Consulta aquí detalles sobre el Informe de Intervención: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ) entre otras muchas irregularidades durante la gestión de Salvador Blanco, también apuntadas por otras instituciones de fiscalización públicas como el Tribunal de Cuentas.

Salvador Blanco llegó a la empresa pública de la mano del PSOE y aunque la nueva Ejecutiva Regional ha pedido su relevo a la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, la exsecretaria general de los socialistas se ha instalado en la desobediencia a su partido (tras ser derrotada en las primarias por Pablo Zuloaga) y este mismo miércoles ha reiterado que “no hay ninguna razón para proceder al cese de ninguna persona de su equipo”.

Una SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable) tiene ventajas fiscales como tributar al 1% del Impuesto de Sociedades (que se sitúa en la actualidad en el 25% en España). Para su constitución se exige un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes.

La SICAV es el instrumento preferido por las grandes fortunas para administrar su patrimonio y ha recibido críticas al percibirse como un mecanismo de evasión de impuestos o porque los socios no son reales.

Guzmán Solana Gómez ha ocupado importantes cargos en el sector energético, como la vicepresidencia del Instituto Nacional de Hidrocarburos y del Grupo Repsol y la Presidencia de Repsol Butano y Repsol Química.

Además, ha sido consejero delegado de Gas Natural y presidente ejecutivo de Asnadas y de Maxus Corp en Estados Unidos.

El contrato con Guzamán Solana se firmó el 1 de abril de 2008, días después de ser nombrado a su vez consejero de SODERCAN.

Como publicó EL FARADIO, el informe de Intervención del Gobierno de Cantabria en SODERCAN entre los años 2008 y 2012 (el final de la primera experiencia de Gobierno PSOE-PRC y el principio de la del PP) desveló que no hay rastro documental de los trabajos de asesoría que facturó el ejecutivo.

185.000 EUROS EN CUATRO AÑOS POR TRABAJOS SIN JUSTIFICAR

El contrato firmado en 2008 con GUZFERSIS era de asesoramiento, del que se encargaría personalmente Guzmán Solana, y tenía como objeto “obtener un mejor desarrollo industrial, económico y laboral de Cantabria”.

Inicialmente se extendía hasta marzo de 2009 pero acabó prorrogándose de forma automática hasta el año 2012.

Los  pagos se realizaron durante cuatro años e incluyen tanto un importe fijo mensual como gastos de viaje y manutención, así como del local en el que se prestarían los servicios.

Tenía una remuneración de 36.000 euros anuales, a los que habría que sumar los gastos de alojamiento y viaje si estaban justificados, y 450 euros mensuales para compensarle por los gastos del local.

Finalmente, se le abonaron 185.571 euros en una cifra que fue variando (osciló entre los 39.000 y los 53.000 al año).

Las facturas sólo recogían el concepto honorarios mensuales. Los auditores pidieron a SODERCAN más información documental sobre estos gastos sin que les fueran aportados.

La presencia de Guzmán Solana en el Consejo de Administración respondió a la política de incorporar a profesionales de reconocido prestigio que aporten su visión estratégica, en este caso, su “profundo conocimiento en el campo de las energías”, según destacó en su momento el Gobierno de Cantabria.

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