|| María del Mar Sangrador, ACTIVISTA||

Los acontecimientos en Catalunya están espoleando la intervención pública de toda clase de juristas y politólogos, con posiciones a favor o en contra del referéndum, con variados argumentos. La ilegalidad, la ilegitimidad, la falta de garantías, atentado a la democracia, son los más repetidos para aquellos, que desde distintos signos políticos, se manifiestan contra el mismo.

Empecemos por el principio: la Constitución del 78, se diseñó sobre tres pilares: la continuidad del aparato franquista con impunidad, la monarquía y el ejército tutelando la unidad inquebrantable de la patria. Todo ello acompañado de unos débiles derechos sociales y políticos, que la élite de este país no duda en incumplir reiteradamente.

Uno de los cruceros que ha fletado Interior para alojar a los refuerzos policiales en el Puerto de Barcelona donde estarán destinados los policías nacionales desplazados desde Cantabria

El derecho de autodeterminación, a pesar del reconocimiento de la diversidad de pueblos en el Estado, no se recogió en la Constitución. Y han pasado 40 años sin que nadie ha hecho nada en este sentido a pesar de que el problema nacional es un tema pendiente y permanente de la política española.

Parece razonable pensar que cualquier población debería tener derecho a hacer un referéndum “dentro de la ley” pero como la ley o la Constitución no lo permiten, muchos ciudadanos se quedan tranquilos con el argumento de que “las leyes están para cumplirlas”, moviéndonos en círculos, en un principio y fin sin solución.

Así que sí, es evidente que el referéndum convocado no encaja y supone todo un desafío a esta arquitectura institucional configurada en el conocido como régimen del 78, porque es evidente que las pretensiones en juego consisten en cambiar la misma.

Asegurada la ilegalidad del proceso, conviene que nos preguntemos, ¿dónde estaríamos si los grandes cambios políticos y sociales hubieran tenido que esperar a que fueran previamente legales?. Como dice un documento reciente de derechos humanos del colegio de abogados de Barcelona: “En una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, no es la ley la que determina la voluntad de los ciudadanos, sino que es ésta la que crea y modifica la legalidad”. La desobediencia civil e institucional es una herramienta legitima e imprescindible de conquista de derechos sociales, políticos, económicos y culturales, como demuestra la historia de las luchas populares.

Aquellos que argumentan el ataque a la democracia, olvidan intencionadamente que la supuestamente intocable Constitución Española se cambió de la noche a la mañana para pagar antes a los bancos que cubrir las necesidades de la población. Y no tiene nombre que hable de democracia un partido imputado por corrupción y que está desmantelando los pocos derechos sociales que esa misma Constitución reconoce.

Es también esencial recordar las responsabilidades que tienen el PP en las pasadas actuaciones que han desembocado en la situación actual, al bloquear el Estatut de Catalunya en 2010 y negarse reiteradamente a negociar la celebración de un referéndum en Catalunya, dejando la desobediencia como única opción.

No conviene olvidar que la Generalitat ha actuado con la habilitación de sus instituciones, el 7 de septiembre pasado el Parlament aprobó por mayoría la convocatoria del referéndum. Y se encuentra avalado igualmente por las movilizaciones populares, que desde 2012 han hecho masivos las citas de la Diada cada 11 de septiembre. Así se ha llegado a que, según recogen las encuestas, el apoyo al referéndum alcance al 80% de la población catalana.

Así que es difícil obviar la demanda de la sociedad catalana de participar en un referéndum configurado como el método democrático necesario para decidir si la mayoría de la ciudadanía desea la independencia o permanecer en el Estado Español. “Votarem”, es el grito más escuchado estos días en una sociedad movilizada defendiendo este derecho.

En una democracia, que dicen que es el poder del pueblo, ninguna decisión colectiva puede quedar fuera de su alcance y esto es aplicable al principio de reclamar un estado y que se asocia al derecho a la autodeterminación. Y aunque el proceso para convertirse en un nuevo estado debe hacerse siguiendo unas reglas, esto nunca puede implicar la sistemática negación a que haya una expresión democrática que decida al respecto y que no tiene que fundarse más que en la voluntad democrática de querer formar una entidad independiente.

Y frente a este desafío la respuesta no se ha hecho esperar. La detención de cargos públicos, requisamiento de papeletas, registro de oficinas públicas, registro de sedes de partidos, prohibición de actos públicos, la intervención de las cuentas de la Generalitat, la intervención de la guardia civil , denuncias por sedición, el control de los Mossos, la citación como imputados a 712 alcaldes de ciudades catalanas (que implica la utilización del derecho penal de modo preventivo), son medidas propias de la aplicación de un estado de excepción y suponen la suspensión de la autonomía catalana, aplicando de facto el artículo 155 de la Constitución, sin acuerdo parlamentario e incumpliendo manifiestamente las leyes. .

La situación represiva hace que haya quedado al descubierto no sólo el poco grosor del barniz democrático contenido en la Constitución del 78, así como el carácter autoritario y nada dialogante del gobierno del PP, sino la esencia de lo que nos estamos jugando este 1 de octubre. El pueblo catalán y el resto de los pueblos del Estado nos jugamos las libertades y la democracia. Y no podemos permanecer indiferentes.