Mientras esperamos la nueva versión de Dinastía, algunos tenemos que confesar que puede que últimamente hayamos visto algún capítulo antiguo de Falcon Crest.

Brindo por ti, Falcon Crest

Y recordamos que en la temporada previa a la decadencia, cuando ya habían gastado los recursos de los terremotos, asesinatos, coches que se caían por la Bahía (de San Francisco) o accidentes aéreos, volvieron a repetir la trama de siempre: el grupo de empresarios criminales que manejaba todos los hilos, atentados, explosiones, para tratar de arrebatarles a los protagonistas sus preciados viñedos.

Las tres primeras veces resultó interesante (había hasta un tesoro nazi), pero al cuarto o quinto grupo criminal comenzó a aburrir. ¿Otro complot? ¿En serio, tan importantes eran esos viñedos? ¿Tan importante era esa familia que usaba siempre cuellos anchos en la ropa?

Salvador Blanco, el consejero delegado de SODERCAN altamente cuestionado que corre el riesgo de costarle la militancia en el PSOE a la que fuera secretaria general del partido y jefa suya, Eva Díaz Tezanos, se presentó este martes en el Parlamento en la Comisión de Investigación de ECOMASA como víctima de una elaborada conspiración.

Sí, habéis leído bien: en toda la historia de la estafa a los trabajadores que aportaron su indemnización de despido para levantar una fábrica nueva impulsada desde el Gobierno de Cantabria y que les volvió a dejar en la calle, la víctima es el responsable de una empresa pública del Gobierno de Cantabria.

Básicamente, su tesis (el único dato en el que sustenta su teoría de la conspiración) es que los abogados de Ecomasa y Podemos han usado los mismos argumentos, y que fue a raíz de llevar un informe sobre esta empresa a la Fiscalía cuando empezaron sus “problemas” que, básicamente, se han traducido en que quien estaba al frente de SODERCAN sigue estando al frente de SODERCAN.

Vamos con algunos argumentos:

-Esa teoría de la conspiración que sufre Salvador Blanco implica a demasiada gente:

-No sólo a los abogados de Ecomasa y a un Podemos que, por alguna razón quiere salvar el trasero, con perdón, al PP (y obviando aquí a Ciudadanos, que también ha hecho bandera del tema)

-También al Interventor de la comunidad autónoma

Recordamos, este cargo es un funcionario a quien nombra el Gobierno para la responsabilidad del control de su actividad.

Efectivamente, el actual Interventor, fue nombrado por el PP, pero ratificado por el PSOE-PRC, que incluso ha usado –la propia vicepresidenta de la que depende SODERCAN- sus informes para criticar la gestión anterior (ejemplo, MARE) y que también ha hecho informes críticos con el PP como, oh Dios Mío, con alusiones a Ecomasa, esa empresa a la que LACONSPIRACIÓN quiere defender.

Estamos en una fase en la que mantener al Interventor es incompatible con mantener a Salvador Blanco: si crees en lo que ha documentado ese funcionario, tiene que prescindir del cargo de confianza que ha hecho estas prácticas.

-Resumiendo: la teoría de la conspiración hizo que los abogados de Ecomasa (1) se aliaran con Podemos (2) para tapar las vergüenzas al PP (3), implicando para ello a funcionarios (4) con responsabilidad en el mismo Gobierno que nombró a Blanco y elevando el tiro a instituciones no controladas desde Cantabria como el Tribunal de Cuentas (5), la Comisión Europea (6) o dos jueces distintos (7,8). A última hora, se ha incorporado el propio PSOE (9) que en su día respaldó su nombramiento y que ahora pide unos cambios que avala Pedro Sánchez (10), (inducidos ambos, está claro, por los abogados de Ecomasa y por el intento de Podemos de salvar al PP) y que, de momento con la boca pequeña, pide el presidente Revilla (11). Hasta once entidades aliadas. Todos contra Blanco.

-Las fechas de la teoría de la conspiración no casan:

-Salvador Blanco vincula las críticas que recibe con la presentación del informe a la Fiscalía, en octubre de 2015. Es decir, si el pacto PSOE-PRC de esta legislatura se firma en junio 2015 y los meses de verano suelen acarrear un parón, realmente la acción de Ecomasa se impulsó al poco de arrancar el curso político y parlamentario, y suponemos que se llevó el informe cuando estuvo redactado, tras un período de elaboración.

-El propio representante de Podemos le recordó ayer a Blanco que la primera alusión a SODERCAN fue consecuencia de la referencia de Francisco Martín, consejero de Industria, en una comparecencia parlamentaria, a que con la nueva configuración del Gobierno, no dispondría de esa herramienta de política industrial que es esta empresa pública de política industrial. Eso provocó que el tema entrara en el Parlamento.

-Es decir, si alguien ha puesto en el foco SODERCAN ha sido el Gobierno de Cantabria, y, en especial, el área socialista, quien en las negociaciones del pacto de gobierno apostó por sacar a esta empresa pública de políticas industriales de la Consejería de Industria en la que estaba, separándola, además, de áreas a las que iba asociada como el PCTCAN o SICAN.

-Más aún: las críticas arrecian a raíz de la difusión del informe del Interventor, que, por cierto, no era un informe que se hubiera hecho en ese momento, pero que no había trascendido hasta la fecha por una cuestión de opacidad. Ese informe se conoció en abril de 2016 y lo de la Fiscalía fue en octubre de 2015, así que la agilidad conspirativa ha resultado más bien lentita. Vamos, que la trama principal de la temporada del culebrón tardó siete meses en arrancar.

-En definitiva, de lo que estamos hablando es de un comienzo de legislatura en el que SODERCAN se convirtió en protagonista del debate político por una mezcla de dos factores: la ‘deslocalización’ de esta empresa pública….

-….y el hecho de ser una legislatura diferente respecto a la anterior de PSOE-PRC: pese a ser un pacto, entonces sumaban mayoría absoluta, y como tal actuaban. Esta vez no sólo no suman esa mayoría, sino que hay actores políticos nuevos en Cantabria que reclaman su espacio y sus propias formas: Podemos y Ciudadanos.

-Podemos ha sido blando con el PP en Ecomasa:

Es Podemos quien pide en primera instancia la comisión de investigación y quien pide que comparezcan cargos del PP, con quien ha sido muy crítico, en unas críticas que junto a los propios trabajadores de Ecomasa también extendió al PSOE por sus reticencias a apoyar, algo, parece ser, imperdonable.

-«Mis problemas empiezan»

Salvador Blanco trata de hacer ver que no ha tenido obstáculos en su gestión en SODERCAN hasta ‘su’ fatídico octubre de 2015, su big bang de los problemas.

-Él mismo sabe que esta empresa pública fue objeto del debate político en el pasado, bajo su gestión o la de los predecesores, o por los gastos en los viajes o por, sí, hay que recordarlo, la inversión en GFB, por la que el propio Blanco ya tuvo problemas en el pasado: fue imputado ( se le absolvió, pero las críticas que el juez hace a la gestión de la fábrica nos hacen pensar que Salvador Blancl no tendrá precisamente pegada esa sentencia en la nevera)  y también hubo comisión de investigación parlamentaria.

Es decir, no es la primera vez que se critica a Salvador Blanco ni a SODERCAN. Sí es una época en la que hay más intensidad, porque hay voces nuevas en política, porque es un gobierno en minoría, porque se han pronunciado otros entes y porque el Gobierno ha puesto el foco en SODERCAN con los cambios en la estructura y las negativas a cesar a Blanco.

-Normalmente cuando se ataca a alguien es porque resulta incómodo para el poder.

Y no parece haber sido Salvador Blanco un gran azote de los poderes fácticos, un personaje al que hay que perseguir cuando pisa algún callo:

-Estamos hablando del gestor desde cuya empresa pública se ha apoyado con ayudas económicas para la instalación del bunker al Banco Santander –recordamos, es básicamente un banco que hace su negocio de prestar un dinero que, por tanto, tiene, como, además, atestiguan sus beneficios–, se ha retribuido al vicepresidente de REPSOL y se ha contribuido a engrosar la actividad de empresarios habituales del Gobierno como Emiliano Garayar, uno de los cerebros jurídicos de la operación Racing, que hizo caja con la difícil situación de Greyco.

– Evidentemente, no ha sido incómodo para las empresas cercanas a PSOE (Fraile y Blanco o Roma, entre otras).

-Pero tampoco ha parecido pisar muchos callos con aquellos que podrían estar más en la órbita del PP:

-como IDERMAR, cuyos socios eran la APIA XXI en la que básicamente trabajó el exalcalde de Santander y que hizo el PGOU de la capital y otra empresa ligada a otro exalcalde del PP, apoyada por SODERCAN.

– sin olvidar que la propia Fraile y Blanco no es ajena al PP –con el cuñado de Ignacio Diego en cargos directivos–,

-o que cargos que siempre nos han dicho que estuvieron ligados a la derecha, como Jesús de las Cuevas (el directivo corrupto con el que quiso pactar pese a que ya había dicho que iba a confesar) siguieron teniendo responsabilidades importantes cuando Blanco llegó a SODERCAN.

-Ni siquiera ha sido especialmente agresivo con este caso de ECOMASA:

-En realidad, su principal aportación ha sido llevar a la Fiscalía el informe de Ernest Young.

-De hecho, los que hemos observado durante años la vida judicial en Cantabria hemos comprobado que la Fiscalía no suele ser el ente más activo del mundo: se recurre a ella cuando se carece de medios para investigar o de recursos económicos para afrontar los costes de un proceso judicial.

-Pero si los propios trabajadores (con menos recursos que el Gobierno) impulsaron una acción judicial, SODERCAN, que también fue perjudicada por esta gestión, bien podía haberlo hecho con más entusiasmo. Es más: no se personó como acusación particular en el proceso que estos habían abierto hasta que se lo pidió la Fiscalía.

– ¿Una conspiración que no capitaliza nadie?

También sorprende que ECOMASA haya precipitado toda una conspiración política al ser un tema que, tenemos que admitir todos, ha ido desapareciendo de la agenda política. Si se pone en marcha todo ese operativo, lo normal es que el beneficiado trate de sacar tajada, y hace mucho que de ECOMASA sólo hablan los tribunales.

-En la obsesión por mantener a Salvador Blanco al frente de SODERCAN la vicepresidenta y su entorno han llegado al extremo de:

– cuestionar al Interventor General de Cantabria.

-llevar a los tribunales a la oposición, perdiendo.

-obligarnos a elegir entre creer la palabra de Salvador Blanco y la de los trabajadores de Ecomasa.

-de perder apoyos para un Gobierno de Cantabria en minoría.

-como consecuencia, poner en riesgo los presupuestos de Cantabria.

-minusvalorar a la Consejería de Industria al identificar las políticas industriales con SODERCAN y con el propio Blanco.

-cargar contra el presidente de la patronal cántabra por cuestionarle.

-de recibir un toque de sus socios de Gobierno (Revilla ya apela a la «disciplina de partido).

–enfrentarse a su propio partido (en la defensa de alguien que ni siquiera milita en él).

-de priorizarle frente al  propio Ramón Ruiz, exconsejero de Educación (según el propio tezanismo, uno de los grandes activos del PSOE y del Gobierno de Cantabria), cuya renuncia se pidió junto a la de Blanco. La de Ruiz fue aceptada, la de Blanco no.

Todo por un cargo bajo cuya gestión:

se ha perdido dinero público, se ha dejado de velar por lo ejecutado, ha habido empresas que han conocido con antelación que se le iban a conceder proyectos, se ha invitado a empresas del mismo grupo al mismo concurso, se ha pagado por informes que no constan o se han dividido proyectos en fases para no tener que someterlos a competencia de empresas, entre otras razones enumeradas por un interventor que sigue en su cargo en una decisión incompatible con la de mantener a Blanco y que la vicepresidenta quiere que se le aporten.

Ese y no otro es el vino agrio con el que quieren hacernos brindar. al menos, Falcon Crest resultó entretenido, hasta que las uvas se volvieron pasas. Veremos qué tal Dinastía.