Hace tres años Miguel Gómez Cotera, santanderino, abogado, viajero, detectó una situación injusta: hay bonificaciones en impuestos que tratan diferente a personas en la misma situación. Es la definición exacta de discriminación, y lo hizo una institución, y además, es ilegal: lo dijo un juzgado, y ahora lo dice un juzgado superior.

Todo le sucedió, además, en el peor momento posible: tras la enfermedad — y posterior muerte de su padre–, que hizo que se desplazara de Madrid, donde estaba trabajando temporalmente, a su casa para estar con su familia.

Miguel Gómez Cotera, entrevistado en EL FARADIO DE LA MAÑANA

Lo primero que hizo fue plantearlo directamente a sus representantes, los que además siempre se nos venden como más cercanos (y, según sus argumentarios, los menos recaudadores): el Ayuntamiento de Santander.

Como recordaba entrevistado en EL FARADIO DE LA MAÑANA nada más conocerse la sentencia que confirma la ilegalidad de parte de la ordenanza municipal, Miguel les explicó claramente que había discriminación en las bonificaciones (descuentos) en situaciones especiales de la plusvalía (el impuesto que grava el incremento del valor de las viviendas cuando cambian de manos, el impuesto municipal de donaciones.

Allí le vinieron a decir que gracias por venir, pero que ya si eso le llamaban ellos. Y a partir de ahí vino todo lo demás: al detectar que el suyo no era un caso único, el PRC llevó al Pleno la modificación de la ordenanza.

Y el mismo equipo de Gobierno que debía representarle, ese que modificó el Plan Sardinero a petición de las familias Díaz y Botín por sus fincas reaccionó “intentando confundir a los vecinos diciendo que era un intento de beneficiar a un vecino que no quería pagar impuestos”. “Dijeron que no vivía en Santander, cuando he vivido aquí toda mi vida”, recordaba. Mintieron. Lo demostraban los papeles, que había firmado el propio alcalde De la Serna.

UN ABOGADO CON LA LEY EN LA MANO FRENTE A LA ARTILLERÍA MUNICIPAL

La falta de diálogo (hubo peticiones a las que en lugar de responderle directamente le contestaron a través de los medios) le llevó a acudir a los tribunales. Y le dieron la razón.

Pero el mismo Ayuntamiento que cambió la normativa, que recibió los avisos –no es la primera vez—y al que un juez le dijo que no tenía razón, se empeñó en seguir con el proceso, tres años, que ha acabado por decirle, otra vez, que no tenían razón.

Se invirtieron los papeles: resulta que el ciudadano es el que paga, por tanto, en una relación normal, el que paga manda. Pero la institución a la que pagaba en lugar de servirle se dedicó a combatirle.

Sí. Llegados a este punto la institución más cercana, la que debería representarle, movilizó a toda su artillería en su contra.

Primero, con un informe municipal que se trató de vender desde la Concejalía de Hacienda como procedente de los servicios jurídicos que fue afeado por el propio interventor municipal (y desmontado en la sentencia), y que luego se demostró que en realidad no procedía de un funcionario, sino de un cargo de confianza de ese mismo área.

Y después vino el recurso judicial.

Nuevamente, el Ayuntamiento echó el resto en contra de un ciudadano al que debía representar, con un extenso recurso capitaneado directamente por el propio jefe del Servicio Jurídico municipal.

Es Miguel joven, decidido y meticuloso, muy pendiente de los detalles, un convencido de que “hay que luchar por tus derechos” y “por aquello en lo que crees”.

Frente a la artillería municipal, esa combinación de propaganda, cargos políticos y servicios jurídicos, Gómez Cotera sólo disponía de un recurso: su formación en derecho.

Así que durante meses dedicó horas a revisarse sentencias, a estudiar normativas, a comparar leyes, para armar un minucioso recurso que ha llevado a esta sentencia en la que él, un ciudadano, un abogado, ha ganado al Ayuntamiento de Santander.

Pero sucede que a veces, como decía Atticus Finch (sí, esto es un guiño para los abogados idealistas) en ‘Matar a un ruiseñor’, la ley puede igualar a un pobre con un Rockefeller, y aquí puso al mismo nivel a un joven abogado que a todo un Ayuntamiento de Santander.

“No es fácil, es lento, da mucho trabajo, y genera mucho nerviosismo. Aunque tienes muchos apoyo, en el fondo estás sólo y ellos tenían un equipo de trabajo y prensa que pusieron a trabajar para confundir a los vecinos”, confesaba Miguel.

Su trabajo en este tema le ha convertido en «el abogado de la plusvalía» y ha conseguido que lo que era un tema del que muchos no habían oído hablar nunca y que era un tema administrativo se haya convertido en algo más en una ciudad en la que, de Cueto al Pilón, cada vez más gente alza su voz.

EL MOMENTO DE ESCUCHAR

¿Y ahora qué? El Ayuntamiento de Santander podría seguir recurriendo, ya ante el Supremo. Sería una forma de seguir dilatando y de conseguir tener razón después de que por dos veces se la hayan negado.

Lo cierto es que habrá que cambiar la ordenanza porque la situación de Miguel no era sólo la situación de Miguel, sino que, al igual que una rampa no sólo beneficia a las personas en silla de ruedas, en ella entraban muchos más casos.

“Yo siempre estoy disponible para hablar, seguro que algo puedo apartar”, reitera en su petición de “un poco de diálogo para que entre todos, gobierno y oposición”, mejoren la ordenanza municipal.

Samuel, otro caso de un Gobierno contra ciudadanos

Porque estos años (tres ya) de perseguir un tema en el que se ha demostrado quién tenía razón y quien no le han hecho adquirir conocimientos sobre el tema, que ofrece a la institución para armar una solución al problema que ellos crearon, un cambio que “no tiene por qué suponer menos dinero” para el Ayuntamiento de Santander. Es evidente que nunca fue una cuestión de dinero.

Y sucede que cada vez más comprobamos que quienes están incumpliendo la Ley y vulnerando derechos son las instituciones: el Ayuntamiento ya puede ponerse en su fila junto al Gobierno de Cantabria que a punto estuvo de precipitar la expulsión del menor camerunés Samuel contra todo criterio jurídico, y al que los tribunales le han confirmado, tiempo después, lo que ya habían dicho ciudadanos, sociedad civil y abogados: que no tenían razón.

Porque cada vez más al final el ciudadano acaba ganando, aunque tenga que emplear un tiempo y recursos de los que no siempre dispone.

Tal vez sea el momento de empezar a escuchar. Si no vale el argumento de por el principio de representar al ciudadano, si ni siquiera quieres evitarte un coste de dinero, que sea al menos por ahorrar tiempo y vergüenza.