La oposición critica el recurso del Ayuntamiento en la plusvalía: “Ha sido un error”
Los partidos de la oposición del Ayuntamiento de Santander han cargado contra el equipo de Gobierno por haber recurrido la primera sentencia que consideraba ilegales las condiciones para bonificar el 90% del impuestos de la Plusvalía.
“Ha sido un tremendo error”, asegura el portavoz del grupo regionalista, José María Fuentes-Pila en la tertulia de EL FARADIO DE LA MAÑANA. Un error que asegura que no solo ha cometido el equipo de Gobierno, sino también el anterior alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, “con aquel patético enroque cuando llevamos (a pleno) la posibilidad de modificación de la Ordenanza, cuando además se le dieron posibilidades y alternativas de proporcionalidad de la renta”.
Fue el Partido Regionalista, y más tarde se unió el resto de partidos de la oposición (con excepción de los dos concejales que formaban parte de Ciudadanos), quien propuso ante el pleno que se modificara la ordenanza después de las reclamaciones que el abogado afectado, Miguel Gómez Cotera, realizó antes de interponer la primera demanda.
La actitud del alcalde en aquel pleno, Fuentes-Pila la califica de “esperpéntica” y cree que “faltó al respeto” al abogado, cuando utilizó argumentos en los que cargaba contra el joven, al que acusaba de volver a Santander solo para evitarse el pago del impuesto.
“La actitud era de no vamos a escuchar y solo vamos a atender a aquello que está en nuestra hoja de ruta”, critica el portavoz regionalista, que considera “lamentable” la “pésima gestión” de la concejala Ana González Pescador en este tema, cuando “no estábamos hablando de un pulso contra nadie”.
“EXIGIREMOS QUE SE DEVUELVA TODO LO QUE ILEGALMENTE SE COBRÓ”
El portavoz del grupo regionalista ha confirmado que llevará el caso al pleno, al igual que Izquierda Unida, que ya ha anunciado que exigirá la modificación de Ordenanza de Plusvalía “para adecuarla al principio de igualdad”.
“Toca pagar a los ciudadanos y exigiremos que se devuelve todo lo que ilegalmente se cobró”, asegura Fuentes-Pila, que cree que esta sentencia tendrá consecuencias económicos para el Ayuntamiento, al igual que la devolución del catastrazo, aunque “no quieran ver las consecuencias”.
Asimismo, ha valorado la labor del joven abogado en su defensa por sus derechos. “Si muchos ciudadanos tuvieron los recursos, los conocimientos y la capacidad para activar sus propios derechos otro gallo cantaría”.
El concejal Antonio Mantecón, de Santander Sí Puede, ha asegurado en sus redes sociales que el final de esta historia “estaba cantado”, aunque “la soberbia les cegó”.
El recurso del Ayuntamiento se fundamentó en informes municipales a la carta que, en opinión del edil, deja “el marrón para los funcionarios”, y hace perder el dinero de los santanderinos.
Desde Izquierda Unida, Miguel Saro recalcaba que pedirán modificar la ordenanza municipal de plusvalía «para garantizar el principio de igualdad ante la ley de todos los santanderinos, roto por la regulación municipal».
«Reclamaremos que se impongan los medios para su extensión inmediata a cualquier acto de liquidación del impuesto que no sea firme. Para ello el Ayuntamiento deberá renunciar a interponer recurso de casación», incidía Saro, abogado de profesión.
EL AYUNTAMIENTO ASEGURA QUE ACATARÁ LA SENTENCIA
Por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander, la concejala de Hacienda ha asegurado, en declaraciones a Cadena Ser, que “acataremos esta sentencia, como hemos hecho siempre”, si bien insiste en que los servicios jurídicos del Consistorio están estudiando la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
En las declaraciones, González Pescador ha reconocido que “si así lo consideran los servicios municipales”, procederán a la anulación del artículo que obliga a vivir dos años en la vivienda para beneficiarse de la bonificación.
Pelazo
Otra cagada del exalcalde y la economista del año, por su prepotencia, su chulería y su caciquismo. Cuando una administración recurre una sentencia sin fundamento, para intentar putear al ciudadano, habría que cuestionar eso de que las costas las paguemos entre todos. Porque los autores de la idea genial de recurrir en plan chapuza cuando ya hay una sentencia bien fundamentada de su bolsillo no lo pagan.