Todos los partidos de oposición en Santander (PSOE, PRC, IU, Ganemos Santander Sí Puede y el  Antonio Mantecón de Santander Sí Puede, han presentado una moción, que se debatirá en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Santander el jueves 26 de octubre, para que se modifique el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, lo que se conoce como plusvalía.

Además, piden en la moción instar al Gobierno de España a que tome las medidas necesarias, de acuerdo con la FEMP, para adaptar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a la doctrina del Tribunal Constitucional.

Miguel Gómez Cotera, el abogado que ganó al Ayuntamiento, entrevistado en EL FARADIO DE LA MAÑANA

Asimismo, los concejales quieren que el Ayuntamiento de Santander revise de oficio todas las liquidaciones practicadas de este impuesto desde la aprobación de la modificación de  la ordenanza de 2015 y corregir así los efectos de este requisito declarado ilegal por el TSJC.

Por ello, la Oposición quiere que la Junta de Gobierno Local modifique de forma urgente el artículo 10 de la Ordenanza Reguladora del impuesto de la plusvalía para eliminar el requisito de residencia para poder disfrutar de la bonificación prevista en el artículo 108.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De esta forma, socialistas, regionalistas, IU, Ganemos y el concejal no adscrito, Antonio Mantecón, piden al Partido Popular que «defienda los intereses de los santanderinos en vez de ir en contra de ellos».

Se refieren así a la desestimación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria del recurso del Ayuntamiento a una sentencia que daba la razón a un ciudadano al que el Ayuntamiento no permitía acogerse a una bonificación del 90% del impuesto de plusvalía.

De esta forma, aseguran que ha quedado demostrado que es contrario a la ley limitar la bonificación de la plusvalía municipal en caso de fallecimiento a los descendientes que han convivido con el fallecido los dos años anteriores al deceso, como ocurrió aquí. 

Para la oposición, es “ahora obligado y urgente” que se modifique la ordenanza reguladora de la plusvalía para evitar que se sigan sometiendo a gravamen situaciones contrarias al principio de igualdad ante la ley, rotos por la arbitraria regulación, y por tanto se suprima este requisito de la ordenanza de Santander que ha sido declarado inconstitucional.

Tal y como señalan, “es inadmisible” que el equipo de gobierno del PP recurriera una sentencia que daba la razón a un ciudadano, “en vez de trabajar para que el Ayuntamiento vele por los intereses de este y del resto de vecinos” modificando la ordenanza que regula el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

 “La justicia ha tenido que imponerse ante la sinrazón del Partido Popular que se ha negado a modificar la ordenanza que regula la plusvalía y que contempla este requisito que es contrario a principios de igualdad y de capacidad económica que rigen las normas tributarias” concluyen

TAMBIÉN CIUDADANOS LO CRITICA

En los últimos meses la postura de Ciudadanos en Santander ha pasado del apoyo incondicional pese a no tener un pacto formal firmado a la actitud crítica con el equipo de Gobierno del PP, materializada en su petición de explicaciones  por las circunstancias que rodean al derrumbe en el edificio de Sol 57.

O ahora la petición de cambiar la ordenanza municipal que regula el impuesto de la plusvalía (el impuesto de sucesiones local) tras perder el Ayuntamiento de Santander en los tribunales frente al joven abogado Miguel Gómez Cotera.

Antes de llegar al proceso judicial y las dos sentencias perdidas, Ciudadanos rechazó hacer estos cambios cuando se detectó el problema y lo pidió tanto el letrado como el resto de la oposición.

Ahora Ciudadanos no tiene representación en el Ayuntamiento, donde se mantienen los que fueron sus concejales, ahora tránsfugas que se niegan a abandonar el acta.

Pero el partido como tal sube el tono y se suma a las voces del resto de partidos de la oposición: el portavoz de Ciudadanos (Cs) Santander, Óscar Morales, ha solicitado al Ayuntamiento de Santander que «adapte la ordenanza fiscal del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana a lo dictado por el tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJ), una vez que la sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado el recurso de apelación contra la sentencia dictada el pasado mes de febrero».

Morales ha subrayado que «el Ayuntamiento de Santander tiene que cumplir con la sentencia», ya que se trata de «la segunda vez que la Justicia no le ha dado la razón en cuanto a las plusvalías municipales», por lo que el siguiente paso, según sus palabras, es «modificar la ordenanza para que recoja el 90 por ciento de bonificación en las liquidaciones devengadas en causa de fallecimiento».

En esta misma línea, el portavoz de Cs Santander ha señalado que «el Ayuntamiento, de oficio, tiene que revisar las autoliquidaciones en las que se hayan dado casos semejantes a lo largo de los últimos cuatro años» y que, con carácter previo a esta autoliquidación, según ha especificado Óscar Morales, «compruebe la posible disminución del valor respecto a la anterior transmisión».

En opinión de Morales, en el caso de que el Ayuntamiento de Santander no dispusiera de estos datos, «debería solicitarlos al afectado para que aporte la documentación necesaria».

SE AVECINA EL RESCATE DE MENDICOAGÜE

Y no es el único frente que tiene abierto el Ayuntamiento de Santander y en el que no le van bien las cosas.

La semana pasada conocimos, por boca del PRC de Santander, que finalmente ha tenido que sancionar a la empresa que prestaba el servicio de vigilancia en las playas, adjudicado tras una baja temeraria, y tras reiterados avisos de los propios empleados de que no se estaban cumpliendo las condiciones del pliego.

Y hoy el portavoz del Grupo municipal regionalista, José María Fuentes-Pila, ha pronosticado que está «cada día más cerca» el “rescate millonario” del aparcamiento de Mendicouague, construido entre protestas vecinal por hacerse bajo un parque y por unos altos precios que les hicieron pronosticar que, como finalmente sucedió, no tendrían demanda.

Aparcamiento de Mendicoagüe

El  Juzgado de lo Mercantil ha rechazado las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento, que defendía que la apertura de la fase de liquidación de la concesionaria de la infraestructura no conllevaba la resolución del contrato de concesión, del que debían  hacerse cargo las dos empresas que la constituyeron.

Según ha detallado el regionalista, un auto del Juzgado de lo Mercantil, fechado el 20 de julio, adelantado por el diario.es, y del que “el PP no ha creído conveniente informar a los santanderinos”, desestima las alegaciones del Ayuntamiento y aprueba, sin modificaciones, el plan de liquidación presentado por la concesionaria del aparcamiento, que incluía la concesión como activo de la concursada.

En concreto, la concursada incluyó en el inventario un activo de 5,5 millones de euros, sin “oposición de ningún tipo”, según recoge el auto.

Esto supone, explicar el regionalista, que se resuelve la concesión “sin posibilidad alguna de que el Ayuntamiento exija su complimiento”. “La concesión ya no existe, así de claro, y ésta es una realidad que nos la ha estado ocultando el PP durante tres meses”, ha enfatizado.

Ahora, ha proseguido, el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a aquellos gastos que hayan existido de expropiación, ejecución de obras y adquisición de bienes, que deben revertir al Ayuntamiento. “Éste es el negocio ruinoso en el que nos ha metido el PP de Santander, con un resultado que, además, nos han querido ocultar”, ha lamentado.

Según ha recordado Fuentes-Pila, el equipo de Gobierno del PP defendía que, pese a la liquidación de la concesionaria, no procedía la resolución del contrato puesto que había otras suscriptoras del mismo -ACTIUM  y SIECSA Construcción y Servicios S.A.- que estaban obligadas solidariamente a cumplirlo. ACTIUM es una empresa ligada a APIA XXI, la empresa que redactó el Plan General de Santander anulado por el Supremo  y en la que trabajó hace tiempo el exalcalde Íñigo de la Serna, ministro de Fomento.

“Ya advertimos que eso no era así, y el PP lo sabía perfectamente”, ha señalado al respecto el portavoz de los regionalistas, quien ha recordado que pese a que la adjudicación inicial se realizó a ACTIUM y SIECSA, para la concesión de la redacción del proyecto, construcción y explotación del aparcamiento se construyó una sociedad -Aparcamiento Mendicouague- que es la “titular de la concesión”. “Y si la titular entra en liquidación procede la resolución de la concesión, como ya dijimos y como negó sistemáticamente el PP”, ha enfatizado.

Sobre este extremo, el auto sostiene que “por imperativo legal, la liquidación y disolución de la concesionaria implica la resolución de la concesión”. “No hay más”, ha enfatizado.

Para Fuentes-Pila, este aparcamiento fue un “error desde el principio”. “El aparcamiento fue un empeño personal y absurdo del anterior alcalde”, sostiene en alusión al ahora ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. “Ahora tendremos que hacernos cargo de su capricho, de una infraestructura que costó 7,5 millones de euros y se inauguró con cinco de las 405 plazas disponibles vendidas”, ha enfatizado.