El equipo de Gobierno de Santander ha rectificado y ha propuesto la modificación de la ordenanza de la plusvalía que se había negado a cambiar reiteradamente, tras perder sucesivamente dos juicios frente al joven abogado Miguel Gómez Cotera y las peticiones de que lo haga que han realizado todos los partidos de la oposición, incluido Ciudadanos, ahora sin representación municipal.

No obstante, es una reforma que se hace con el objetivo de evitar el descenso de recaudación y que tiene la particularidad de que una de las condiciones que se fija ahora se centra en el fallecido en lugar de en el destinatario de las bonificaciones (descuentos en el pago de los impuestos, en este caso, la plusvalía, el impuesto local de sucesiones).

Es una petición que se ha incluido fuera del orden del día en la Junta de Gobierno local que se celebra cada lunes, y que se llevará al Pleno de esta semana, el jueves, según ha podido saber EL FARADIO.

LOS CAMBIOS

En la propuesta que traslada la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Santander, Ana González-Pescador, se admite lo que dictó la sentencia del TSJC que perdieron.

Y en la que se establecía que la forma en que se aplicaban las bonificaciones (descuentos para situaciones concretas– de este impuesto, el impuesto de sucesiones local, era discriminatoria.

Así, lo que se hace es modificar el apartado 2 del artículo 10, en el que se regulan las situaciones en las que se aplican las bonificaciones, de forma que se beneficien de este descuento el cónyuge del fallecido, y también sus ascendientes y adoptantes, y los descendientes, los adoptados.

Se pone como límite que el beneficiario tenga ingresos superiores en 1,5 al IPREM (el salario mínimo, indicador que se usa para fijar ayudas),

Y se modifica también el punto 3 de ese artículo, indicando que la regulación de la vivienda se acreditará a través del padrón municipal o cualquier otro medio que sirva en derecho, como por ejemplo, certificados tributarios, admitiendo así que el padrón NO ES EL ÚNICO MEDIO PARA ACREDITAR LA CONVIVENCIA.

También se propone modificar el punto 5 de ese artículo, para dejar claro que no se podrá figurar en la herencia u otros registros que haya inmuebles distintos a la vivienda habitual.

Será bonificación con carácter rogado, es decir, tiene que solicitarse por los destinatarios.

SON CAMBIOS MENOS AMBICIOSOS DE LOS DEMANDADOS

Es una medida insuficiente, porque no son cifras lo suficientemente altas, aunque es una mejora, porque hay usuarios que ya no lo pagarán  (mayores o menores de edad sin ingresos o con ingresos precarios).

No obstante, uno de los requisitos se centra en que el fallecido no tenga más inmuebles, es decir, se centran en el fallecido, no en el destinatario al que se aplicaría la bonificación.

Y se mantiene que se hable sólo de vivienda habitual con valor catastral o de suelo por un importe igual o inferior a 60.000 euros.

De fondo, el deseo de que esto no suponga un descenso en la recaudación: el propio Ayuntamiento admite que con estos cambios se logra que la recaudación disminuya en 200.000 o 300.000 euros, en lugar de en los 1,5 millones de euros que serían si no se aprueban estos cambios.

De hecho, el PP considera que derogar el requisito que exigían «alteraría la estabilidad presupuestaria, con grave perjuicio para el interés público» y «desvirtuaría» el objetivo que se perseguía de proteger a colectivos más desfavorecidos,

CAMBIOS FORZADOS TRAS PERDER DOS SENTENCIAS Y PETICIONES DE LA OPOSICIÓN

El PP reacciona así, después de haberse negado a cambiar la ordenanza cuando se lo pidió tanto el abogado afectado como los partidos de la oposición, y lo hace tras tres años y perder dos sentencias judiciales, y tras días de silencio en cuanto a medidas que adoptaría al conocerse la última resolución judicial.

Además, es una petición que había realizado el conjunto de la oposición en Santander (PSOE, PRC, IU, Santander Sí Puede y Ganemos) para el Pleno de este jueves. Incluso Ciudadanos, ahora sin representación municipal tras el abandono del partido de sus dos concejales, ahora tránsfugas, ha elevado el tono y pedido al Ayuntamiento que cambie la ordenanza.

LO PIDE TODA LA OPOSICIÓN

Todos los partidos de oposición en Santander (PSOE, PRC, IU, Ganemos Santander Sí Puede y el  Antonio Mantecón de Santander Sí Puede), salvo los tránsfugas ex de Ciudadanos que vienen apoyando al equipo de Gobierno del PP, han presentado una moción, que se debatirá en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Santander el jueves 26 de octubre, para que se modifique el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, lo que se conoce como plusvalía.

Miguel Gómez Cotera, el abogado que ganó al Ayuntamiento, entrevistado en EL FARADIO DE LA MAÑANA

Además, piden en la moción instar al Gobierno de España a que tome las medidas necesarias, de acuerdo con la FEMP, para adaptar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a la doctrina del Tribunal Constitucional.

Los concejales quieren que el Ayuntamiento de Santander revise de oficio todas las liquidaciones practicadas de este impuesto desde la aprobación de la modificación de  la ordenanza de 2015 y corregir así los efectos de este requisito declarado ilegal por el TSJC.

Asimismo, reclaman al PP  que “defienda los intereses de los santanderinos en vez de ir en contra de ellos” tras haber «quedado demostrado que es contrario a la ley» limitar la bonificación de la plusvalía municipal en caso de fallecimiento a los descendientes que han convivido con el fallecido los dos años anteriores al deceso, como ocurrió aquí. 

Para la oposición, es “ahora obligado y urgente” que se modifique la ordenanza reguladora de la plusvalía para evitar que se sigan sometiendo a gravamen situaciones contrarias al principio de igualdad ante la ley, rotos por la arbitraria regulación, y por tanto se suprima este requisito de la ordenanza de Santander que ha sido declarado inconstitucional.

 “La justicia ha tenido que imponerse ante la sinrazón del Partido Popular que se ha negado a modificar la ordenanza que regula la plusvalía y que contempla este requisito que es contrario a principios de igualdad y de capacidad económica que rigen las normas tributarias” concluyen.

TAMBIÉN CIUDADANOS LO CRITICA

En los últimos meses la postura de Ciudadanos en Santander ha pasado del apoyo incondicional pese a no tener un pacto formal firmado a la actitud crítica con el equipo de Gobierno del PP, materializada en su petición de explicaciones  por las circunstancias que rodean al derrumbe en el edificio de Sol 57.

O ahora la petición de cambiar la ordenanza municipal que regula el impuesto de la plusvalía (el impuesto de sucesiones local) tras perder el Ayuntamiento de Santander en los tribunales frente al joven abogado Miguel Gómez Cotera.

Antes de llegar al proceso judicial y las dos sentencias perdidas, Ciudadanos rechazó hacer estos cambios cuando se detectó el problema y lo pidió tanto el letrado como el resto de la oposición.

Ahora Ciudadanos no tiene representación en el Ayuntamiento, donde se mantienen los que fueron sus concejales, ahora tránsfugas que se niegan a abandonar el acta.

Pero el partido como tal sube el tono y se suma a las voces del resto de partidos de la oposición: el portavoz de Ciudadanos (Cs) Santander, Óscar Morales, ha  señalado que “el Ayuntamiento de Santander tiene que cumplir con la sentencia”, ya que se trata de “la segunda vez que la Justicia no le ha dado la razón en cuanto a las plusvalías municipales”, por lo que el siguiente paso, según sus palabras, es “modificar la ordenanza para que recoja el 90 por ciento de bonificación en las liquidaciones devengadas en causa de fallecimiento”.

En esta misma línea, el portavoz de Cs Santander ha señalado que “el Ayuntamiento, de oficio, tiene que revisar las autoliquidaciones en las que se hayan dado casos semejantes a lo largo de los últimos cuatro años” y que, con carácter previo a esta autoliquidación, según ha especificado Óscar Morales, “compruebe la posible disminución del valor respecto a la anterior transmisión”.

SE AVECINA EL RESCATE DE MENDICOAGÜE

Y no es el único frente que tiene abierto el Ayuntamiento de Santander y en el que no le van bien las cosas.

La semana pasada conocimos, por boca del PRC de Santander, que finalmente ha tenido que sancionar a la empresa que prestaba el servicio de vigilancia en las playas, adjudicado tras una baja temeraria, y tras reiterados avisos de los propios empleados de que no se estaban cumpliendo las condiciones del pliego.

Y hoy el portavoz del Grupo municipal regionalista, José María Fuentes-Pila, ha pronosticado que está “cada día más cerca” el “rescate millonario” del aparcamiento de Mendicouague, construido entre protestas vecinal por hacerse bajo un parque y por unos altos precios que les hicieron pronosticar que, como finalmente sucedió, no tendrían demanda.

El  Juzgado de lo Mercantil ha rechazado las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento, que defendía que la apertura de la fase de liquidación de la concesionaria de la infraestructura no conllevaba la resolución del contrato de concesión, del que debían  hacerse cargo las dos empresas que la constituyeron.

Según ha detallado el regionalista, un auto del Juzgado de lo Mercantil, fechado el 20 de julio, adelantado por el diario.es, y del que “el PP no ha creído conveniente informar a los santanderinos”, desestima las alegaciones del Ayuntamiento y aprueba, sin modificaciones, el plan de liquidación presentado por la concesionaria del aparcamiento, que incluía la concesión como activo de la concursada.

En concreto, la concursada incluyó en el inventario un activo de 5,5 millones de euros, sin “oposición de ningún tipo”, según recoge el auto. Esto supone, explicar el regionalista, que se resuelve la concesión “sin posibilidad alguna de que el Ayuntamiento exija su complimiento”. “La concesión ya no existe, así de claro, y ésta es una realidad que nos la ha estado ocultando el PP durante tres meses”, ha enfatizado.

EL PSOE ACUSA AL PP DE MENTIR SOBRE EL RESCATE

En la misma línea, el secretario general del PSOE y portavoz municipal, Pedro Casares, acusa al equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santander, de haber mentido “a todos los santanderinos” cuando en enero de 2017 negó que el consistorio tuviera que hacer frente al rescate financiero del aparcamiento de Mendicouague.

Casares denuncia que «la realidad es la que la adjudicataria que gestiona Mendicouague entró en concurso de acreedores en mayo y el 28 de diciembre en fase de liquidación y ello va a costarnos muchísimo dinero a los santanderinos diga lo que diga el PP”.

Para el líder socialista, el auto del juzgado es “claro” cuando aprueba, sin modificaciones, el plan de liquidación presentado por la concesionaria del aparcamiento.  Lo que indica que el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a los gastos de liquidación de esta concesionaria.

El portavoz del PSOE pregunta al Partido Popular porque no se ha informado de este auto “que avanza lo que muchos ya dijimos, que el desastre de Mendicouague lo pagaremos con el dinero del bolsillo de todos los santanderinos”. Por ello, ha pedido que “dé toda la información y no la siga escondiendo como ha hecho con este auto de hace más de tres meses”, a la vez que asegura que “es insostenible” la falta de transparencia.

EL PP ATACA LAS «PRISAS» DEL PRC Y PSOE Y RECUERDA QUE QUEDA UNA VÍA JUDICIAL ABIERTA

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, ha pedido “rigor” y “más responsabilidad” al PSOE y PRC, frente a “las prisas” por “sacar conclusiones prematuras”.

Y es que aseguran que el proceso sigue aún su curso en una doble vía judicial. Por un lado la del Juzgado de lo Mercantil, que ha aprobado “el plan de liquidación de una de las empresas firmantes del contrato que se encuentra en concurso de acreedores”, y que “no aborda la extinción de la concesión del aparcamiento”, que correspondería a la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El portavoz del equipo de Gobierno asegura que han recurrido el auto de la resolución, y ha recalcado que siguen defendiendo el acuerdo al que llegaron en el contrato de que las tres empresas firmantes (tanto la sociedad creada para gestionar la concesión, como las dos sociedades matrices que la conforman ACTIUM -empresa ligada a APIA XXI, la empresa que redactó el Plan General de Santander anulado por el Supremo  y en la que trabajó hace tiempo el exalcalde Íñigo de la Serna-. y SIECSA Construcción y Servicios S.A.) “deberían responder solidaria y conjuntamente del cumplimiento del contrato”.

Díaz ha insistido en que la construcción del aparcamiento respondió a una demanda de los propios vecinos, aunque “la coyuntura económica de los últimos años” no ha favorecido su ocupación.