Zuloaga y miembros de su Ejecutiva con Díaz Tezanos|(Archivo, 3 de octubre)

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, pidió formalmente a la vicepresidenta del Gobierno, su compañera de partido Eva Díaz Tezanos, que realice cambios en los protocolos de atención a los menores extranjeros no acompañados (MENAS).

El debate se ha reactivado a partir de la memoria de la Fiscalía de Cantabria del año 2016, que ha recibido críticas desde movimientos sociales o partidos como Podemos por su interpretación de las cifras y el uso de la expresión “efecto llamada”.

El nuevo secretario general socialista en Cantabria, en el marco de las conversaciones con los consejeros socialistas del Gobierno de cara a los presupuestos de 2018, aprovechó para trasladar la nueva orientación política que quiere imprimir en las áreas que gestionan dentro del bipartito PRC-PSOE.

Acompañado por secretarios de su Ejecutiva, Zuloaga puso sobre la mesa la “necesidad” de mejorar los protocolos de atención a personas extranjeras.

El nuevo líder de los socialistas cántabros se mostraba preocupado por “la situación que sufren” los menores extranjeros que llegan a Cantabria por las actuaciones del ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales).

En una nota de prensa remitida a los medios a principios de este mes de octubre, Zuloaga consideraba que es “fundamental proteger eficazmente a estos menores y que se sientan acogidos por la sociedad».

Así, defendía que “Cantabria se ha de dotar de un Protocolo que respete el interés superior del menor y asuma la doctrina del Tribunal Supremo, las recomendaciones del Defensor del Pueblo y el Comité Europeo de los Derechos del niño”.

EL CASO SAMUEL DE FONDO

En el encuentro, además de Zuloaga y Díaz Tezanos, participaron los secretarios regionales del PSOE en las áreas relacionadas con su gestión en el Gobierno y, mas específicamente, con las relacionadas con la macroconsejería de Díaz Tezanos, como los responsables de Medio Ambiente (Javier García Oliva), Igualdad (Marian Casares), Economía y Comunicación (Ainoa Quiñones), Asuntos Sociales (Patricia Portilla) y Movimientos Sociales (Eugenia Gómez de Diego).

Precisamente, Gómez de Diego fue la abogada de Samuel, el menor camerunés que ganó en los tribunales al Gobierno de Cantabria, en una sentencia que consideró ilegal el procedimiento con el que el Ejecutivo cántabro había tratado de reactivar el expediente de expulsión.

Fue con el PSOE al frente del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), que puso en duda la validez de la documentación del menor extranjero no acompañado.

Lo hizo conocedor de que había una primera resolución de archivo de esa expulsión por parte de la Delegación del Gobierno, y sin impugnar ninguno de los documentos que acreditaban que Samuel era menor de edad (pasaporte y partida de nacimiento), como la propia Ley de Extranjería  española regula.

El protocolo de atención a menores extranjeros no acompañados también está sobre la mesa del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, después de una reunión de su jefe de gabinete, Guillermo Blanco, con Pasaje Seguro, el movimiento social que se volcó en la denuncia del caso Samuel.

LA FISCALÍA PRESENTA RESISTENCIA A CAMBIOS EN SU MEMORIA

La memoria de la Fiscalía de Cantabria del año 2016 revela una preocupación surgida por la publicación del Caso Samuel, reflejada en una reunión en la Delegación del Gobierno, el 3 de marzo de 2017, con el objeto de buscar “soluciones coordinadas” a las “divergencias” que en algún caso se han dado entre el ICASS, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.

Así, planteaba las discrepancias entre las partes que intervienen en esta materia “sobre la validez que debe darse o no a la documentación” presentada por el menor una vez dictado el decreto del Fiscal.

Según este informe anual de la Fiscalía “la cuestión reviste especial importancia” puesto que el caso Samuel  “dio incluso lugar” a que en noviembre de 2016 se formulara una pregunta parlamentaria a consejera de Políticas Sociales – la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos (PSOE)-.

También refleja la memoria que el caso Samuel apareció en “diversos” medios de comunicación de la Comunidad Autónoma.

CRÍTICAS A LA FISCALÍA DE PASAJE SEGURO Y PODEMOS

Movimientos sociales implicados en la defensa de derechos de personas refugiadas y migrantes económicos, así como de la protección del interés superior de los menores y los derechos de la infancia, como Pasaje Seguro, y partidos políticos como Podemos han criticado la interpretación que hace de sus propios datos la Fiscalía.

Pasaje Seguro Cantabria considera que la Fiscalía “se equivoca” al interpretar las cifras sobre menores extranjeros no acompañados porque “confunde” decretos de determinación de la edad (17) con menores extranjeros no acompañados acogidos y/o tutelados (15).

Y critica el uso de la expresión “efecto llamada”, que considera “poco respetuosa” para referirse a los menores extranjeros.

En este sentido piden “responsabilidad en el uso expresiones” como “efecto llamada”, un concepto que juzgan “desafortunado” y basado “en los prejuicios si no en el racismo” y que “genera alarma social”.

En el mismo sentido, el diputado de Podemos, José Ramón Blanco, ha considerado que “choca mucho” la lectura de los datos que hace la Fiscalía, que “contradice lo que dicen todas las organizaciones que apoyan a menores extranjeros y refugiados”.

Al mismo tiempo critica que la Fiscalía “generalice” por dos casos de “problemas entre chavales” con el uso de expresiones  “de manera tan exagerada”.

LOS PROTOCOLOS ACTUALES “ABOCAN A LA MARGINALIDAD”

En el mismo programa, la exabogada de Cantabria Acoge, Lucía Zamora, que además sostiene programas de integración a través del grupo de empresas hosteleras Deluz, lamentaba que en la práctica muchos de estos niños y niñas “están abocados a vivir marginalmente” y que “es peor para toda la sociedad española”.

Se refería así a la generalización de los protocolos que ponen a los MENAS en trámites de expulsión en lugar de recibir la tutela administrativa que abriría la puerta a la nacionalidad española y a poder trabajar.

“Lo más preocupante es que en el camino estos niños se quedan sin papeles muchos años porque los procesos judiciales se alargan. Y cuando estas sin papeles y tienes 17 o 18 años y no puedes trabajar legalmente prácticamente en un 90% te vas a tener que dedicar a tareas marginales como la prostitución, los robos o las drogas”.

“Y eso es un problema para el país”, incidía, porque “han estado en un centro de menores y luego vuelven a la calle, donde no tiene protección ni familia – como sí tenemos los españoles en general- y que estén abocados a vivir marginalmente es peor para toda la sociedad española”.