La Justicia cántabra investigará las agresiones y amenazas a periodistas después de que una de las profesionales haya interpuesto una denuncia ante el juzgado de guardia de Santander.

Así lo ha informado la Agencia EFE y eldiariocantabria.es, que ha especificado que el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander será el que investigue los incidentes provocados por un grupo de entre 30 y 40 personas, muchos de los cuales portaban banderas de España (algunas franquistas).

Algunos manifestantes a las puertas del Palacio con los mástiles de las banderas que usaron para amenazar a los periodistas que cubrían el acto.

Fue a la entrada del acto de presentación del proyecto de Podemos Cantabria ‘Arronti’, el pasado viernes, 27 de octubre, en el Palacio de Festivales, en el que participó el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

El diario ha citado fuentes judiciales para confirmar que la cámara de la agencia Europa Prees que tuvo un altercado mientras grababa a los manifestantes presentó la denuncia el mismo día de los hechos, tras lo cual la Justicia ha abierto diligencias previas para instruir la causa.

INCIDENTES CON LA PRENSA QUE CUBRÍA EL ACTO

Los incidentes se produjeron cuando varios ultras de ese grupo increparon y zarandearon a periodistas y a asistentes al acto de Podemos Cantabria en el exterior del Palacio de Festivales, a algunos de los cuales amenazaron.

Fue a la finalización del acto cuando varios profesionales que estaban cubriendo el evento fueron cercados por los manifestantes, incluidos medios como Europa Press y Telecinco, o al director de EL FARADIO, Oscar Allende.

Durante la protesta por la presencia de Iglesias, los participantes de la protesta lanzaron gritos de “Viva Franco” y “Viva España” y llamaron “hijo de puta” y “subnormal” a algunos conductores que pasaban y les hablaban de Cataluña. A otra chica que gritó “viva la República” le espetaron un “ojalá vuelva Franco”.

También otra de las manifestantes se refIrió despectivamente a una “sudaca”, a la que momentos antes le dijo que se fuera a su país. A otra le han llamado “cerda” o “sucia”.

UNA MANIFESTACIÓN NO COMUNICADA

Fuentes de la Delegación de Gobierno de Cantabria han confirmado a EL FARADIO que la concentración del pasado viernes no fue comunicada y, por lo tanto, tampoco fue autorizada.

Tal y como regula la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, “la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo”.

En la ley también se especifica que si por “causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria”, ésta debe realizarse con una antelación mínima de veinticuatro horas. Sin embargo, la visita de Iglesias a Cantabria se supo desde días antes y fuentes de Delegación de Gobierno aseguran que jamás les ha llegado una comunicación.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario indican que la criticada ley es muy clara en este aspecto, y que el hecho de que no se anunciara la convocatoria por redes sociales no exime de responsabilidades administrativas, sino que, en todo caso, esto habría sido un agravante por publicidad.

LA APC HA RECLAMADO QUE SE PROTEJA A LOS INFORMADORES

Este lunes, la Asociación de Periodistas de Cantabria (APC) ha lanzado un comunicado en el que “lamenta y rechaza frontalmente las agresiones y actitudes violentas e intimidatorias sufridas por varios periodistas” mientras cubrían la asamblea de Podemos, y ha reclamado a las fuerzas del orden una “atención especial para proteger a los informadores ante el riesgo previsible de que grupos de incontrolados impidan, mediante amenazas o agresiones, el trabajo de los periodistas”.

También la Asociación de la Prensa ha mostrado “su total desprecio” ante “actitudes violentas” como las sucedidas en Santander contra los asistentes al acto político, y ha aclarado que pone a disposición “de los profesionales asociados el asesoramiento jurídico necesario” para denunciar ante los tribunales las actitudes que “impidan su labor informativa”.