El presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, ha rechazado que haya pedido o negociado con algún diputado tránsfuga (en referencia al salido de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio) para que apoye ninguna de sus proposiciones en el Parlamento o los próximos presupuestos autonómicos.

“Yo estoy en otro nivel, soy presidente de Cantabria,”, ha respondido, ante la acusación de José Ramón Blanco (Podemos) de ser “el nuevo Juan Hormaechea” si “no aparta el transfuguismo de este Parlamento y hace todo lo posible para apartarlo de la política”.

Miguel Ángel Revilla en el Parlamento de Cantabria.

Blanco ha cuestionado a Revilla cuándo va a cumplir su compromiso de que los representantes de los grupos políticos estén en los consejos de administración de las empresas públicas y fundaciones públicas: Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar Social, Fundación Marqués de Valdecilla, FIS, 112 Cantabria, Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte SL Gesvican, Mare, Cantur S.A., Sodercan, PCTCAN y SICAN.

En la exposición de motivos, el diputado de Podemos ha acusado a Revilla de tener poco interés en pactar con los partidos de la cámara “ahora que ya cuenta con el diputado número 18”. Y es que en este nuevo curso político Carrancio ha apoyado las motivaciones del Gobierno en varios plenos parlamentarios, después de que el PRC y el PSOE votaran en contra de apartarle de la Mesa del Parlamento, donde ejerce de Secretario Segundo por un acuerdo al principio de la legislatura.

“Le reto a que se comprometa a que no va a pactar con ningún diputado tránsfuga”, le ha llegado a decir Blanco a Revilla, que le ha espetado que “usted no me reta a mí a nada” y ha asegurado que no le puede “dar lecciones de nada” porque el PRC “está limpio absolutamente. Lo está y lo estará”. «Ustedes dicen lo que les viene en gana y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer», ha añadido el presidente.

Sobre los presupuestos, Revilla ha asegurado que «se va a negociar con todos» para sacarlos adelante, y Blanco ha cuestionado si su determinación seguirá firme tras comprobar que ningún partido de la oposición les apoya.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha insistido en que el compromiso de que todos los partidos estén representados en las empresas públicas “pronto” será una realidad, ya que ya ha mandado una carta al consejero de Economía, Juan José Sota para apresurar el tema y que sea una realidad «esta legislatura».

APROBADA LA PROPOSICIÓN DE LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN

Este lunes, el Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad la Proposición de Ley de Protección Integral de los denunciantes de corrupción presentada por Ciudadanos.

El portavoz de la formación, Rubén Gómez, ha asegurado que “ha llegado el momento de reformar y actualizar nuestras instituciones” para crear mecanismos de denuncia que “sean efectivos” y que proteja a los denunciantes de la corrupción, tanto por privacidad o indemnización de daños que puedan sufrir, así como protegerlos de sufrir represalias en su trabajo.

Gómez ha enumerado algunos de los casos de corrupción más polémicos de los últimos años en España, contabilizando más de 200 desde los años 70. Todo ello ha provocado “un gran daño y desconfianza en la labor política” que, en su opinión, hace que esta lucha sea “un deber” para todos.

Por ello ha pedido que la Cámara llegue a un acuerdo y un consenso con esta ley. Un acuerdo que ha llegado en la votación de la resolución, que ha sido unánimemente a favor, pero no en las exposiciones de los diferentes partidos, en las que han manifestado que dicha propuesta «adolece de defectos importantes». De hecho, partidos como PRC, PSOE y PP creen que Ciudadanos busca «rédito político» y «ponerse medallas».

Desde el PRC, su portavoz Pedro Hernando ha acusado a Gómez de “copiar” la ley que presentó su mismo partido en la Asamblea de Madrid y de “no hacer su trabajo”. También ha manifestado que la legislación propuesta es “innecesaria y técnicamente inadmisible”, ya que considera que en Cantabria “no es necesaria una ley para protegernos de corrupción.

De hecho, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha defendido que “no ha habido en Cantabria casos de corrupción importantes”, y cree que “a pesar de la que está cayendo”, ahora mismo España no está sufriendo “ni muchísimo menos” la época de mayor corrupción.

Para luchar contra ella, han insistido en que “no todo se soluciona con leyes” ya que, por ejemplo, esta propuesta “no aborda de manera integral la prevención del fraude y la corrupción”, y parte de principios “equivocados e injustos”, al decir que los empleados públicos “muestran reticencia al denunciar”.

En la misma medida se manifiesta el PSOE, que consideran que la propuesta es “imprecisa” en la cuestión jurídica y parece más destinada “a colgarse medallas que proteger a los denunciantes de corrupción”.

Desde el PP han acusado a Ciudadanos de incumplir el compromiso del Parlamento de esperar a una normativa estatal para que el Gobierno autonómico la llevara a la Cámara, y han asegurado que “no vamos a consentir que nadie dé lecciones al PP de democracia”

CARRANCIO: “CIUDADANOS NO CREE EN LA SEPARACIÓN DE PODERES”

Desde el grupo mixto, el diputado tránsfuga saliente de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio ha cuestionado la propuesta asegurando que no es lo que apoya la Plataforma por la Honestidad, que reúne a varios de los afectados por denunciar la corrupción. Entre otras cuestiones porque “no contempla protección para los empleados privados, creando trabajadores de primera y segunda ante la ley”

El anterior diputado del partido salió de él este mismo verano para evitar entregar las actas tras ser denunciado junto al concejal en Santander, David González por falsificación documental por la presunta falsificación del documento privado de un acta de una reunión de Campaña de Elecciones, que coincidió en la misma fecha que otro evento en otra ciudad.

Ahora ha cargado contra su antigua formación asegurando que “Ciudadanos no cree en la separación de poderes”, ya que en la propuesta de ley propone un organismos controlados por los políticos, “en vez de dejar que la justicia hable”.

Desde Podemos, Alberto Bolado han anunciado que presentarán enmiendas a la ley para “mejorarla”, y que así sea una legislación que proteja a todos los empleados, con indiferencia de que trabajen en la administración pública o privada; y porque “no garantiza el anonimato de los denunciantes de corrupción”.

También desde Podemos han cargado contra Ciudadanos, que ya recordado que con sus votos apoyó la investidura de Mariano Rajoy, “cuyo partido es el principal responsable de la corrupción en nuestro país”. También han advertido al ejecutivo cántabro de que “en materia de anticorrupción en Cantabria tampoco han hecho nada”.

MAÑANES ANUNCIA QUE EL GOBIERNO IMPULSARÁ UN MANUAL PARA IGUALAR LOS GASTOS EN LOS COLEGIOS EN LIBROS DE TEXTO

En el pleno del Parlamento, el consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes ha anunciado que revisarán la normativa del ‘Programa de recursos educativos para la educación básica’ que impulsó el Gobierno el pasado año, y que pondrán en marcha un manual de buenas prácticas para buscar una gestión muy simplificada.

De este modo, buscarán conducir a los centros, “siempre con respeto a su labor pedagógica”, proponiéndoles un manual de gestión que “homogeneice” su labor para “aproximar la realidad de los diferentes centros” de la comunidad autónoma.

Y es que se considera que ésta es una de las razones por las que hay una diferencia en el gasto de las familias para que sus hijos e hijas dispongan de los libros de texto necesarios, según el centro en que estudien.

Lo ha denunciado Podemos en una interpelación, que exigía saber los motivos que justifican, “si es que los hay”, la injusticia y desigualdad de oportunidades a las que se enfrentan las familias cántabras; y ha puesto el ejemplo de Reocín, donde “padres y madres no han pagado nada si sus hijos estudian en el IES Nueve Valles o 20€ si estudian en el CIP Valle de Reocín”.

“Queremos saber –ha dicho Verónica Ordóñez- por qué se ha incumplido el acuerdo con la FAPA, con el Consejo Escolar y con Ciudadanos, no entendemos como en una comunidad autónoma en un tema como la educación, en el que hablamos de igualdad de oportunidades, se esté dando la situación de que en un mismo municipio, dependiendo del colegio, las familias, independientemente de sus rentas, estén pagando más, menos o nada por unos libros de texto que deberían estar garantizados”.