Durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Santander, el equipo de Gobierno del PP siempre defendió la amplitud del proceso de participación en este instrumento de gestión urbanística, que habrían plasmado en respuestas afirmativas a las alegaciones (peticiones) vecinales.

El colegio La Enseñanza, en el centro de Santander

Sin embargo, no fue así con el traslado del colegio concertado La Enseñanza, proyecto recogido en el PGOU de 2012 que, según advierte la asociación ecologista ARCA (cuyo recurso evidenció los fallos del documento que precipitaron su anulación por el Tribunal Supremo) se quiere recuperar ahora.

Cuando el documento se sometió a información pública , en 2008 y años siguientes, numerosos vecinos se mostraron en contra del traslado del centro, ubicado en Via Cornelia, en pleno centro de Santander, para construir viviendas.

Y concretaron ese rechazo en alegaciones que se cuentan por miles, llegando a ocupar varios tomos de alegaciones, que fueron respondidas invariablemente remitiéndose al convenio firmado con la orden religiosa.

Así lo ha constatado EL FARADIO y según queda reflejado en las páginas de ‘Expulsados. Santander, la transición urbanística pendiente’, el libro ya escrito por el equipo de EL FARADIO, pendiente sólo del proceso de edición y su reparto.

Los vecinos de la zona argumentaban motivos como la escasez de plazas educativas en el centro de Santander –de la que advertía expresamente la Consejería de Educación–, o los efectos de la desaparición de estas plazas sobre ese barrio, citando, por ejemplo, el impacto en los comercios.

La lucha por mantener La Enseñanza recibió el apoyo del Colegio de Arquitectos e incluso de comunidades de vecinos a título particular o la Junta de Cofradías Penitenciarias.

Se crearon plataformas vecinales –y eso que eran los tiempos anteriores a la «plataformitis»– específicas, una de las cuales acabó firmando con el colegio para le traslado a San Román.

De fondo, la intención de la orden de vender el suelo para la construcción de viviendas y los avisos de vecinos o el Colegio de Arquitectos de que la medida iba en contra de las recomendaciones de rehabilitar y atender la ciudad consolidada.

MÁS VIVIENDAS, MÁS TRÁFICO, MENOS PLAZAS EDUCATIVAS

La asociación ecologista advierte de que el Ayuntamiento quiere ahora retomar el proyecto –al que pese a venir recogido en el Plan General nunca más volvió a hacer referencia–, con una modificación puntual de PGOU vigente (el del 97, tras la anulación del de 2012) que permitiría la construcción de 175 viviendas. Paradójicamente, crecerá la población mientras se pierden plazas educativas.

Nuevamente estamos ante una solución regulada por convenio, pero, en lugar de indemnizar al propietario como se va a hacer con Caja Cantabria o los propietarios de terrenos en la zona del faro, aquí se continúa con el proyecto.

ARCA critica que se trate de justificar esta modificación puntual en el pretendido interés público que tendría “mejorar las condiciones urbanas del entorno de Vía Cornelia, caracterizado por la escasez de dotaciones, espacios libres y aparcamientos”, ya que los planes incluyen construir 175 nuevas viviendas en la zona, lo que, señalan, agravaría los problemas de aparcamiento y tráfico, además de incrementar las emisiones.

El nuevo colegio estaría en la zona de Corbán: ARCA incide en que esa zona ya existen plazas educativas –sin que se justifique el motivo del traslado–, y que además se construiría en una de las pocas parcelas que quedan libres en esta área de la ciudad, con la consecuencia añadida de forzar desplazamientos en vehículo.

CONTINUACIÓN ENCUBIERTA DEL PLAN DE 2012

Tal y como detallan, este suelo, según el Plan de 1.997, actualmente vigente en Santander, es considerado “Suelo asimilable a no urbanizable”. Por lo que la construcción del nuevo colegio supondría la continuidad encubierta de la política del plan anulado del 2.012, basada en la expansión constructiva a costa del consumo injustificado, desequilibrado y excesivo del suelo rural del municipio hasta “el límite de su capacidad” (decía el plan anulado).

ARCA critica que “no existe interés público en la modificación puntual tal y como está planteada, ya que disminuye equipamientos para densificar más el centro con viviendas”

“No hay necesidad de aumentar la edificabilidad en una zona muy densificada si no es para especular con el suelo. Debería promoverse la rehabilitación de los edificios ya construidos que forman parte de la historia de la ciudad y que es uno de los objetivos prioritarios de las políticas europeas. No hay por qué demoler para luego volver a construir, algo altamente insostenible, sino establecer políticas de rehabilitación urbana. Una asignatura pendiente en Santander”, aseveran.

Y reclaman que en el proceso haya participación ciudadana al afectar a todo un distrito de Santander (a dos, si se tiene en cuenta que se traslada a Corbán)

Además, según recuerdan, el PGOU de Santander se ha anulado por no justificarse la capacidad de abastecimiento de agua para los incrementos residenciales, algo que conocía el Consistorio pues cuando se aprobó ya existía una sentencia contra el bitrasvase emitida por la Audiencia Nacional, ratificada luego por el Supremo (el Ayuntamiento siempre ha dicho que fue una cuestión sobrevenida, que sucedió después).