Al Ayuntamiento de Santander le han llegado ya dos reclamaciones judiciales como consecuencia de los proyectos frustrados por la anulación por parte del Tribunal Supremo del Plan General de Ordenación Urbana de la capital.

En concreto, estas reclamaciones, que el Ayuntamiento no ha hecho púbicas y que constan en un informe municipal afectan a un estudio de detalle en la zona de El Campón (PeñaCastillo) y la licencia para las obras de un supermercado en la calle Repuente, en Monte.

En el primero de los procesos el estudio de detalle (una regularización más pormenorizada de las actuaciones que deben hacerse en una zona) fue promovido por la empresa Autogomas, para definir, en este caso, alineaciones y rasantes.

Su incumplimiento es denunciado por la comunidad de propietarios de El Campón, y el propio Ayuntamiento ha optado, aconsejado por su defensa en el proceso y por el director jurídico municipal, por allanarse en el procedimiento, es decir, por no responder y dar la razón a los demandantes.

La segunda reclamación afecta a la construcción de un supermercado ALDI en Monte, y en este caso sí que el Ayuntamiento estudia cómo responder jurídicamente a estas cuestiones.

En este caso, además, el informe jurídico remarca que la anulación del PGOU por el Supremo fue por motivos sobrevenidos: la anulación del bitrasvase del Ebro que incluía el abastecimiento de agua a Santander (si bien cuando se aprobó el PGOU ya existía una sentencia de la Audiencia Nacional).

Y añade un matiz: dado que el bitrasvase le correspondía a los Gobiernos central y autonómico, en este caso no debería pasar, como sucede en otros casos (el ejemplo claro es las sentencias de derribo, donde las condenas son por igual a Gobiernos y Ayuntamientos), que las posibles indemnizaciones implicaran al Consistorio.

Por tanto, se avisa a esas instituciones de todos los procedimientos que están abiertos de cara a que planteen sus matices o cuestiones jurídicas.

El plazo para presentar reclamaciones por la anulación del PGOU prescribe un año después de que se comunicará la sentencia. El aniversario se cumplió de que se supiera en los medios se cumplió recientemente, si bien la comunicación formal tardó más.

EL PRC ACUSA AL EQUIPO DE GOBIERNO DE OCULTARLO

El portavoz del Grupo municipal regionalista, José María Fuentes-Pila, ha criticado que el equipo de Gobierno ocultara durante “cinco meses” este informe emitido por la Asesoría Jurídica Municipal a petición del concejal de Urbanismo, César Díaz.

«En cinco meses, pese a nuestras constantes peticiones de información sobre los efectos de anulación del PGOU se han guardado esta información, y tampoco sabemos si desde junio hasta ahora se han presentado más”, ha criticado Fuentes-Pila, para quien la gestión “absolutamente oscurantista” del PP “asusta, es irresponsable y una falta de respeto a los santanderinos”.

Por otra parte, ha recordado que los grupos socialista y regionalista han forzado la celebración de un Pleno monográfico sobre este asunto, cuyo plazo legal para la convocatoria vence en los próximos días, y ha advertido de que el PP “podría estar pensando en hacerlo coincidir con el de Presupuestos para que pase lo más desapercibido posible”.

“No quieren darnos información y, forzados a darla, buscan ahora la vía para que tenga la menor atención posible”, ha lamentado Fuentes-Pila, para quien “el primer interesado” en actuar con transparencia debería ser el propio equipo de Gobierno. Sin embargo, dice, “los palos en las ruedas han sido una constante”. “Llevamos meses registrando preguntas, pidiendo información y todo llega con cuentagotas”, ha aseverado al respecto.

Una situación que, sin embargo, confía en que “cambie” en la celebración del Pleno extraordinario, donde el PP “no tendrá más remedio que contar punto por punto en qué momento estamos, qué proyectos se han visto afectados, cuáles son las repercusiones económicas y las posibles reclamaciones a las que habrá que hacer frente”.

EL PP APOYA EL CONVENIO DE LA RESIDENCIA CAZOÑA APOYADO EN UN TRÁNSFUGA

Según ha explicado Fuentes-Pila, el informe, fechado el 19 de junio de 2017 se ha facilitado ahora a los concejales como parte de la documentación girada para la celebración, esta misma mañana, de la Comisión de Desarrollo Sostenible en la que se ha aprobado, con los votos a favor del PP y del tránsfuga David González, resolver el convenio urbanístico suscrito entre Caja Cantabria y el Ayuntamiento en relación a la parcela de Cazoña y ejercitar la acción de reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Gobierno de Cantabria, la Administración General del Estado y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la anulación del plan.

El convenio de la Residencia Cazoña le da la vuelta a la situación prevista en el PGOU anulado: era propiedad de Caja Cantabria, y al retirarse la entidad financiera al no considerar que la residencia cumpliese los nuevos requisitos, acordó en 2010 con el Consistorio que las plusvalías (el incremento del valor de los terrenos en la zona desde que se instaló la residencia se destinarán al propio Consistorio.

El valor se cifraba en 6,9 millones de euros, pero la anulación del plan, a pesar de las constantes alusiones del equipo de Gobierno a que este revés no supondría efectos a las arcas municipales, implica que hay que abonar esa cifra a la Fundación Caja Cantabria.

El acuerdo alcanzado, que deberá ser ratificado por el pleno de la Corporación en su próxima reunión, contempla que el Ayuntamiento devolverá a la entidad los 6.940.892 euros que abonó por el cambio de usos de los terrenos, que quedó sin efectos por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, ha destacado que el acuerdo alcanzado con la Fundación Caja Cantabria permite, por un lado, facilitar a la entidad contar con esos fondos para el sostenimiento de su actividad social, y por otro, atenuar los efectos de la devolución en las arcas municipales, al dividir el pago en siete anualidades y sin aplicar intereses.

Todo ello, ha precisado, sin perjuicio de las reclamaciones que pueda plantear el Ayuntamiento ante otras administraciones, al tratarse de una situación derivada de la anulación del PGOU por una causa externa al Consistorio y al propio Plan General, como fue la anulación del bitrasvase por su deficiente evaluación ambiental.

Se pacta la devolución del dinero sin intereses en siete anualidades (entre 2017 y 2023).  El primer pago, por importe de 940.892 euros, se prevé realizar este mismo año con cargo a los remanentes municipales. Y también se ha previsto ya la segunda anualidad, por importe de 2 millones de euros, en los presupuestos municipales de 2018.

Entre las cláusulas del convenio se contempla también la posibilidad de volver a ampliar los usos de la parcela (de carácter dotacional con el planeamiento ahora vigente) a través de una modificación puntual del PGOU en vigor, compensando en tal caso el importe de las devoluciones pactadas con el Consistorio.

Igualmente, en virtud de este acuerdo, la Fundación Caja Cantabria se compromete a ampliar las líneas de colaboración que mantiene con el Ayuntamiento, tanto a través de programas y acciones de carácter social, educativo, ambiental o cultural, como mediante la cesión de espacios en el Centro de Acción Social y Cultural (CASYC) para que el Consistorio pueda desarrollar actividades sin coste alguno.

EL PSOE ACUSA AL PP DE OCULTAR LA RECLAMACIÓN DE CAJA CANTABRIA

Por su parte, el secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Pedro Casares, denunciaba que desde “hace meses” se sabía que la Fundación Caja Cantabria había reclamado los 6,9 millones de euros del convenio, tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Casares considera que la información conocida hoy, de un informe emitido por la Asesoría Jurídica Municipal a petición del equipo de gobierno, “solo viene a confirmar que el Partido Popular sabía que Caja Cantabria iba a reclamar ese importe y nos engañaron”.

En este sentido, el líder de los socialistas santanderinos crítica que el Partido Popular “vuelve a hacer gala” de la falta de transparencia “y la opacidad” con la que gestiona Santander.

“Desde el PSOE siempre hemos preguntado cuales eran las consecuencias de la anulación del PGOU y por ejemplo que iba a ocurrir con este convenio y el equipo de gobierno siempre ha mentido, negando la mayor”, recalcaba el edil.

Para el portavoz del PSOE, el convenio con Fundación Caja Cantabria “fue un error” porque ni en 2012, cuando se aprobó el PGOU, ni ahora había interés real de hacer en ese espacio viviendas y con ello se cerró una residencia.

Además, Casares ve “bastante grave” que el Ayuntamiento de Santander reclame ahora al Gobierno de Cantabria y al Gobierno de España, “y abra una nueva vía judicial, ahora contra administraciones”.

El líder socialista considera que esta “mala costumbre” que está adoptando el equipo de gobierno “de judicializar sus problemas políticos”, primero contra vecinos, como en el caso del abogado que defendía la modificación de requisitos de la ordenanza de la plusvalía, y ahora contra administraciones. “No resuelve nada, en la mayoría de los casos dan la razón a la otra parte, pero cuestan mucho dinero a los bolsillos de los santanderinos” denuncia.

IU: EL PP DISEÑÓ UN PLAN PARA ASEGURAR UN PELOTAZO A LA CAJA

Para Izquierda Unida, el convenio de devolución de los 7 millones de euros entregados a cuenta en su día por Caja Cantabria por la recalificación del suelo de la residencia de Caja Cantabria, «muestra a las claras las nefastas políticas antisociales del Partido Popular».

El portavoz municipal de IU, Miguel Saro, incide en que el PP «no sólo aceptó de buen grado la desaparición de la residencia de Cazoña, sino que diseñó un plan para asegurar un pelotazo a la entidad financiera, del que participó asegurándose las plusvalías urbanísticas que ahora tiene que devolver por la nulidad del PGOU que lo amparaba».

Según el concejal de IU, «el Partido Popular pretende levantar una cortina de humo alrededor de la devolución de casi 7 millones de euros proponiendo reclamaciones patrimoniales a distintas administraciones, haciéndolos responsables de la nulidad del PGOU, cuando la máxima y principal responsabilidad recae en un Gobierno que diseñó un plan para una ciudad que crecería hasta los 280.000 habitantes sin tener asegurado el abastecimiento de agua».

“A nadie se le escapa que la realidad de Santander es que vive una grave crisis demográfica, donde su población joven huye por la falta de empleo y el coste de la vivienda, y los mayores que lo necesitan no tienen cubierta una plaza en residencias públicas», aseveraba.

En IU temen que «muchos de los compromisos que el gobierno municipal había adquirido con el lobby inmobiliario se conviertan en reclamaciones contra el Ayuntamiento por responsabilidad municipal.»

DINERO TAMBIÉN POR UNA PARCELA EN MATALEÑAS

Y no es el único coste económico de la anulación del PGOU que se notará ya mismo, en los próximos presupuestos:

Las cuentas del próximo año incluyen también una consignación de otros 500.000 euros por si hubiera que hacer frente a compensaciones económicas por el convenio urbanístico que permitió la incorporación de unos 21.000 metros cuadrados de espacios públicos en el área de Mataleñas y el entorno del faro.

En este caso, se trata de un convenio urbanístico aprobado por el pleno de la Corporación en diciembre de 2010 para afrontar la obligación de expropiar dichos terrenos a instancia de sus propietarios.

A cambio de esos suelos, pertenecientes al sistema general previsto en el PGOU y valorados en casi 2,2 millones de euros por el Jurado Provincial de Expropiación, se otorgó a los titulares aprovechamientos urbanísticos en un nuevo área específica incluida en el PGOU de 2012, acuerdo que también ha quedado sin efecto por la anulación del plan.

El Ayuntamiento y los propietarios analizan en este caso el traslado de esos aprovechamientos a otro área en el marco del PGOU de 1997, pero al mismo tiempo, el Consistorio hace una provisión de fondos por si no fuera posible materializar esa opción y tuviera que afrontar la cantidad fijada por el Jurado Provincial.