El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander ha desestimado el recurso de reforma planteado por el ministerio fiscal contra el auto que el magistrado dictó el pasado mes de septiembre archivando la causa penal abierta por el derrumbe en julio de parte del número 57 en la calle del Sol de la capital cántabra.

El día del derrumbe

El fiscal, tras conocer el sobreseimiento decidió recurrir esta decisión y presentar recurso de reforma, con el fin de que fuera el propio juez el que modificara su posición.Y es que el ministerio público tildó de “sospechosa” la concesión de dichas licencias debido a la “gran celeridad en su otorgamiento” y solicitó que se investigase del modo en que éstas se conceden.

Sin embargo, el juez considera que tal circunstancia no es motivo para suponer que haya habido irregularidad: “No se aprecia que la sola circunstancia de conceder con prontitud las licencias, sin añadir ningún elemento de ilicitud, constituyan irregularidad alguna”.

Según explica la resolución, notificada recientemente, “procede confirmar el auto impugnado, ya que no existen indicios de delito en relación con las licencias de obra en el bajo del edificio que resultó finalmente derrumbado”.

Por ello, continúa el razonamiento, “se considera superfluo averiguar si existen protocolos en el Ayuntamiento de Santander para tramitar las licencias”.

La decisión del juez puede ser recurrida en apelación por el fiscal ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

LOS AFECTADOS HAN RENUNCIADO A LA ACCIÓN PENAL

El pasado mes de septiembre el juzgado decidió sobreseer el asunto ya que los denunciantes –propietarios de una de las viviendas- renunciaron a la acción penal y, en su ausencia, no cabía continuar con la causa.

De la documentación remitida al juez se desprendía la existencia de “indicios de que el derrumbe pudo traer su causa en la realización de obras en el local que excedieron los trabajos autorizados”.
Se refería, en este sentido, al rebaje del nivel del suelo y a la debilitación del muro de carga en la fachada noroeste. “Tal conducta –añadía el auto de archivo- podría constituir delito de daños por imprudencia grave”.

Sin embargo, dado que el Código Penal exige denuncia del agraviado y teniendo en cuenta que los denunciantes habían renunciado procedía el archivo provisional de la causa.

NO ESTÁN CERRADAS LAS VÍAS JUDICIALES

El archivo de esta causa no quiere decir ni que se haya cerrado la vía judicial ni que no se aprecien indicios de delito.

Existe una segunda causa, la que se abrió tras una denuncia de la concejala Tatiana Yáñez (Ganemos), que tramite el Juzgado número 5 de Santander. Si ella opta por personarse, la causa seguirá adelante. Si no lo hace, sucederá como con la de los dueños del Máster y se archivará.

Pero eso no quiere decir que cierren la vía judicial, ya que aunque no haya responsabilidades penales sí que puede haberlas administrativas o civiles.

En cualquier caso, para tomar esa decisión se puede esperar a que se cierre el expediente administrativo abierto por el Ayuntamiento, en el que saldrán tanto posibles sanciones como información sobre el procedimiento que permita determinar más la petición de exigencias.

Es lo que está esperando la comunidad de vecinos, pendientes de este expediente administrativo municipal, que no se abrió inicialmente pese a constatar que la empresa había incumplido la licencia que se le había dado.

De hecho, ellos mismos podrían ejercer sus propias acciones judiciales, bien en su propia causa o bien en la que queda abierta, la de Ganemos. Y para ello tienen un plazo legal de hasta cinco años (después prescribiría), algo a lo que no han renunciado.

LOS VECINOS HABÍAN ADVERTIDO DE LA EXISTENCIA DE GRIETAS

Los trabajos de desescombro duraron varios días.

El derrumbe se produjo el pasado mes de julio. No hubo heridos debido a que estaba desalojado, pues los propios vecinos habían advertido días antes de la existencia de grietas que achacaban, en base a un informe de su arquitecto, a las obras de reforma en el local de abajo, el antiguo Masters. Pese a esos avisos, el desalojo no se produjo hasta horas antes del derrumbe.

Las obras las promovía Dos Imanes Producciones, empresa cuyos socios son Guillermo Vega, hostelero y promotor de espectáculos como el festival Música en Grande, y Javier Ruiz Ocejo.

Ambos son adjudicatarios habituales del Ayuntamiento de Santander y les unen tanto relaciones de amistad y cercanía con el ministro de Fomento y exalcalde, Íñigo de la Serna, así como con el concejal de Obras, César Díaz.

Esta relación llevó a que Santander Sí Puede pidiera una investigación en la Fiscalía al percibir indicios de trato de favor. Estos son los que encargan la obra, cuya dirección le corresponde al estudio de ingeniería Tainsa y que ejecutó Milán IC-Multiservicios.

AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES

En los días y meses previos al derrumbe, según consta en documentación del propio Ayuntamiento de Santander, se produjeron distintas circunstancias que afectan a los trámites.

Los promotores de la obra habían solicitado licencia de obra menor, pese a que posteriormente se llevaron a cabo obras de carácter mayor. En el trámite, recibieron informes en el mismo día que los pidieron, en cuestión de horas, algo que el Ayuntamiento ha defendido como habitual, remitiéndose al informe de una empleada municipal en el que no se citan medidas ni casos similares y pese a los múltiples testimonios que indican que el período medio de concesión de licencias de obra en la ciudad es de tres meses, como mínimo.

Al comienzo de las obras, los vecinos notan efectos sobre sus propiedades y encargan un informe a un arquitecto de la comunidad, que se lo remite al Ayuntamiento sin que llegara a ser visto nunca por el concejal de Obras, César Díaz.

Sí hubo una visita de inspección de una funcionaria municipal tras las reiteradas peticiones vecinales de la que no se derivó ningún tipo de medida, ya que ni siquiera visitó los pisos para poder ver sobre el terreno las imágenes de grietas que había podido observar en el informe del arquitecto de la comunidad.

Posteriormente, cuando se comprobó que, efectivamente, se están ejecutando obras mayores con licencia menor, se dictó una orden de paralización de los trabajos. Esa información llegó con días de retraso a la Policía local, que, cuando se desplazó al edificio a comunicarla, se encontró con que la empresa ya tenía licencia de obra mayor (algo que no se les había trasladado a ellos; en estos casos los plazos medios son aún superiores a los tres meses o más de la obra menor).

En el acto, preguntaron al Ayuntamiento si debía permitírseles seguir con los trabajos, y el Servicio de Obras les dijo que sí, por lo que la obra NUNCA LLEGÓ A ESTAR PARADA PESE A CARECER DE LICENCIA.

Aunque las obras consiguieron contar con la licencia adecuada, sí que incumplieron la que se les había dado inicialmente. Pese a detectarse ese incumplimiento, no se abrió un expediente sancionador, abierto ya después de que se produjera el derrumbe y no de forma automática al ver el incumplimiento.

La investigación interna del Ayuntamiento aseguró que ese expediente no se abrió porque todo el personal que podía encargarse de ello estaba de vacaciones.