Las frases de Franco seguirán visibles sin que se sepa quien las dijo: sin quererlo, el Ayuntamiento de Santa María de Cayón ha proporcionado una metáfora de la pervivencia del sustrato ideológico de la dictadura.

El equipo de Gobierno mantendrá la placa con una frase de Franco que se encuentra en plena sede de la Corporación municipal.

Placa en la fachada del Ayuntamiento, aún con la alusión a Franco

En concreto, en la fachada del Ayuntamiento hay una placa con esta frase, que dijo en su día el dictador:

«El Ayuntamiento, por ser la institución más antigua de la nación, es donde deben estar mejor representados los intereses de los distintos sectores de los pueblos y la primera rueda en las tareas administrativas de la nación».

Esta leyenda corresponde con parte de una alocución del dictador Francisco Franco, que se realizó el 19 de agosto de 1944 en la localidad de Sada, A Coruña.

La representante de Podemos en Santa María de Cayón, Josefina Acebo Crespo –que pese a no tener representación municipal ejerce una labor de fiscalización y propuesta—advirtió de que este hecho podría suponer un delito, al ir contra la Ley de Memoria Histórica, y pidió que fuera retirada, o sustituida por un artículo de la Constitución española sobre el papel de los municipios.

Y lo que se ha decidido es mantener esa placa, pero retirando el nombre de Franco de ella, de forma que la voz de Franco seguirá ‘sonando’ en una institución democrática, pero sin que quienes la lean sepan de donde procede el mensaje.

Recientemente, en la iglesia de San Vicente de la Barquera apareció una pintada con simbología franquista, en un hecho que además tiene el agravante de hacerse contra patrimonio cultural.

Para el librero, periodista y activista Paco Gómez Nadal, de La Vorágine –que hace poco aparecía con pintadas con insultos como «buenista» o «asesino de mi pueblo» , existe un sustrato social fascista que permite la pervivencia de ideas y actitudes franquistas.

La semana pasada concluía con una manifestación contra el fascismo, convocada por la Asamblea contra el Racismo y la Discriminación, que advierte de las «múltiples caras» con que se pueden mostrar la intolerancia y el odio.

PODEMOS PIDE SANCIONES CONTRA LOS CONVOCANTES DE LA PROTESTA DEL 27 DE OCTUBRE QUE DESEMBOCÓ EN ALTERCADOS

Parte de este sustrato se ha visibilizado a raíz del incremento de la tensión por la crisis catalana: en los incidentes del pasado 27 de octubre en el Palacio de Festivales, en los que se produjeron altercados, agresiones, amenazas e insultos a asistentes a un acto de Podemos en el que estaba Pablo Iglesias y a medios de comunicación se gritaron también Vivas a Franco y hubo algunos de los asistentes que llevaban banderas franquistas.

Algunos asistentes a la protesta que desembocó en altercados, con banderas franquistas (Foto: Diario Montañés)

Precisamente Podemos acaba de denunciar ante Delegación de Gobierno los hechos, pidiendo que se apliquen sanciones contra los administradores del grupo de Whatsapp en el que se organizó la convocatoria de protesta, algo que se hizo, además, sin comunicar a la Delegación de Gobierno, en contra de lo que establece la Ley, que establece que las sanciones por actos sin comunicar y por altercados en ellos les corresponde a los organizadores de la convocatoria.

La denuncia, consultada por EL FARADIO, describe los «insultos» (entre ellos, de carácter machista y racista contra, además, una menor de edad)  y «zarandeos» contra asistentes al acto, al que acudieron para «hostigar, insultar, amedrentar, amenazar e incluso agredirles».

En ella se denuncia a los administradores del grupo, en el que se aprecia «intencionalidad», y se pide que se identifique a otros implicados en los altercados, algunos de los cuales llegaron a «enfrentarse» con la Policía Nacional, hasta el punto de que se tuvo que cerrar el acceso al acto para evitar incidentes.

Esta denuncia ante Delegación de Gobierno pidiendo sanciones se suma a la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander a raíz de la denuncia presentada ante la Policía Nacional por una reportera de Europa Press TV que sufrió agresiones, y a la querella criminal presentada por el director de este medio, Oscar Allende.