El portavoz del Grupo Regionalista en el Parlamento de Cantabria, Pedro Hernando, ha defendido la legalidad de la modificación de la Ley de Saneamiento que incluye la Ley de Acompañamiento a los presupuestos, así como de la fórmula de la encomienda de gestión (una especie de subcontrata de las administraciones a sus empresas públicas que a su vez pueden acabar en adjudicaciones a empresas privadas sin haber pasado por concurso, tal y como han advertido en ocasiones el Tribunal de Cuentas y el Interventor General).

Pedro Hernando, portavoz del PRC en el Parlamento de Cantabria

Lo ha hecho en la tertulia de EL FARADIO DE LA MAÑANA de ARCO FM (103.2), preguntado por la información publicada en www.elfaradio.com en la que se plantea que esta reforma legislativa abre la puerta a adjudicaciones de servicios de saneamiento y obras hidráulicas municipales por un plazo de diez años sin necesidad de concurso (antes ya se podía hacer, pero por un plazo de cuatro años) al permitir el paso de servicios de una administración a otra.

Pedro Hernando justificaba esta reforma, que no le pareció “especialmente problemática” al abordar la Ley de Acompañamiento, el texto que acompaña a los presupuestos actualmente en tramitación, en el aumento del coste de las infraestructuras.

Tal y como detallaba, fórmulas como la encomienda se hacen “vinculadas” al coste de los servicios, en un apartado, el de saneamiento y abastecimiento, que “cada vez requiere más inversiones”: “ya se habla de redes que separan de forma permanente aguas fecales o pluviales y de saneamiento”, puso como ejemplo. Por tanto, se requieren unas inversiones elevadas y que las empresas que ejecuten estos servicios puedan afrontarlas.

Además, defendía la legalidad de las encomiendas de gestión, haciendo hincapié en que es una fórmula que desarrollan todas las administraciones, no sólo la cántabra, y añadiendo que en nuestra comunidad se ejecutan “razonablemente bien”, “sin grandes problemas”.

No obstante, admitía que ha habido cuestionamientos por parte del Tribunal de cuentas, y abogada por recurrir a esta modalidad de forma “moderada”.

LA OPOSICIÓN ADVIERTE

José Manuel Igual, alcalde de Arnuero y diputado regional del PP, en una intervención en el Parlamento || Foto: PP Cantabria

Fue el diputado del PP José Manuel Igual quien apuntó la posibilidad de que el cambio legal esconda una posible privatización de servicios (al pasar de una administración a otra, el Gobierno puede recurrir a la encomienda de gestión y el Tribunal de Cuentas o empresas ya han advertido de que esto ha devenido en que la empresa pública, en este caso MARE, la que se encarga de medio ambiente, que depende de la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, se lo subcontratara a su vez a empresas privadas sin que otras puedan aspirar a este servicio).

Lo hizo en la Comisión de Economía del Parlamento, donde se están tramitando los presupuestos, y en la que en la jornada de ayer comparecía Díaz Tezanos para dar detalles sobre las cuentas específicas de su departamento para 2018.

En su intervención, Igual preguntó expresamente a Díaz Tezanos si esta modificación legislativa incluida en la Ley de Acompañamiento era para privatizar servicios.

La vicepresidenta tuvo un turno de réplica posterior en el que no respondió a otra pregunta (al contrario que con otras que se le hicieron, a las que sí respondió).

El profesor de Economía en la Universidad de Cantabria y exsecretario general de Podemos Cantabria, Julio Revuelta, criticaba en redes sociales la fórmula y advertía de estas intenciones, en un momento en que se está negociando el presupuesto y la formación morada ha entablado conversaciones con el PSOE, dirigido ahora por Pablo Zuloaga en lugar de por la propia Díaz Tezanos.

Intentan colar cambios a peor escondiéndolos entre las cifras y letras del presupuesto y la ley de acompañamiento. Espero que nadie pique y comulgue con ruedas de molino a cambio de una fotografía https://t.co/gSN6jbhpBc

— Julio Revuelta (@revueltalj) 21 de noviembre de 2017

RECUPERAR SERVICIOS COMO EL DE AGUA PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL

En la tertulia de EL FARADIO, la abogada María Mendieta cuestionaba el criterio del coste, pues al final en realidad “se traslada a los ciudadanos” a través del canon del agua incluido en el recibo.

Y abogaba por que servicios como el del agua deberían ser municipales y no derivados en empresas privadas –fundamentalmente constructoras–, mencionando el caso de Valladolid donde se ha remunicipalizado.

Al respecto, Pedro Hernando abogaba por “analizar municipio a municipio” esta situación, diferenciando entre los grandes y pequeños ayuntamientos.

Y señalaba que la remunicipalización de servicios tendrá que abordarse “en esa discusión que tendremos que afrontar alguna vez sobre la financiación local y los servicios”, lamentando que el PP no la tratara en su época de la mayoría absoluta y asumiendo que la financiación de los municipios quedará pospuesta ante los debates actuales sobre la financiación autonómica o la crisis catalana.