La aplicación de las diferentes sentencias, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y del Tribunal Supremo, que anulan las condiciones que consideran discriminatorias en el impuesto de la Plusvalía, descuadra las previsiones de los presupuestos de Santander.

Miguel Gómez Cotera, abogado de la plusvalía

El impuesto de la plusvalía es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana, y se aplica en la transmisión de la propiedad de los mismos.

Según el informe económico recogido en los documentos de los presupuestos para 2018, aprobados este mes de noviembre con el único apoyo del tránsfuga David González, la previsión de ingresos para el próximo año es de 700.000 euros menos que en 2017.

Todo ello, según aclara el informe, siguiendo el “principio de prudencia”, y “a la vista de los recursos interpuestos hasta la fecha”, ya que aunque la sentencia relacionada con las bonificaciones en Santander es firme, se está pendiente de lo que decida el Constitucional ante las múltiples quejas en todo el país que básicamente cuestionaban, con apoyo legal, que se aplicará un impuesto al incremento del valor de los terrenos en un momento en que estos estaban perdiéndolo.

De hecho, señala que “en el supuesto de que se produzca la estimación de todos ellos, el importe a devolver por el Ayuntamiento podría ser de 2.815.000 euros”.

Según otro informe, en este caso elaborado por el Interventor, los ingresos mantienen “una estructura sólida en cuanto a la previsión de su realización” pero reconocen que lo que denominan “contradictoria interpretación” de las sentencias judiciales provoca “incertidumbre jurídica” que se traslada a las previsiones del impuesto de la Plusvalía en “la seguridad de la recaudación de la misma”.

El riesgo es dejar de percibir el 6,02% de los ingresos corrientes municipales previstos para el próximo año si es que se paraliza “de manera radical” la aplicación del impuesto.

Recordemos que el pasado 26 de octubre, nueve días después de la victoria de Miguel Gómez Cotera ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el Ayuntamiento sacó adelante una modificación exprés sin el apoyo de la oposición, que denunciaron que el cambio era muy leve y podría afectar a la aplicación de la bonificación y, con ello, a los ciudadanos beneficiados por ella.

Esta modificación, a la que el Consistorio se resistió después de recurrir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, es considerada laxa por los partidos de la oposición.

LOS INFORMES ADMITEN QUE LA PREVISIÓN ECONÓMICA DEL IMPUESTO ES “ESPECIALMENTE COMPLEJA”

Pese a todo, las previsiones de ingresos por este tributo para 2018 se estiman en 11.000.000,00 euros, aunque en los informes municipales se señala que “la previsión económica de este impuesto es especialmente compleja”.

También apuntan a que otro de los motivos que generan esta incertidumbre jurídica es que se está aún “a la espera” de que el Estado modifique la normativa que regula el impuesto.

Hasta tres informes se refieren a cómo afectan las diferentes sentencias que se han producido por parte de los tribunales sobre la aplicación de este impuesto.

La pérdida de valor real de los bienes inmuebles ha acumulado varios recursos en toda España, y en los informes municipales se hacen eco de que el pasado 11 de mayo el Tribunal Constitucional ha declarado “inconstitucionales y nulos” varios artículos.

PREVÉN CONGELACIÓN DE GASTOS O RECURRIR A FINANCIACIÓN SUPLEMENTARIA

Para “suplir la legislación derogada”, desde el Ayuntamiento se indican algunas iniciativas que ha propuesto la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que podría conducir a una “congelación del gasto no obligatorio” de la cuantía que se produzca.

También se prevé la posibilidad de “recurrir a financiación suplementaria”, que se aportaría mediante operaciones de crédito y que estaría destinada a “cubrir la caída de dicho recurso”.

EN 2017 NO SE HA CUMPLIDO LA PREVISIÓN DE INGRESOS

Estos cálculos aproximados se han llevado a cabo a partir de las liquidaciones realizadas en el ejercicio 2017. En los informes, a falta de los datos del último trimestre, estiman que la previsión de la Plusvalía caerá un 5,98%.

Las previsiones de recaudación para 2017 con este impuesto ha pasado de los 11,7 a los 11 millones de euros para 2018, pero es que este año los ingresos tampoco se han cumplido. Sobre la Plusvalía, la recaudación real se quedó en 7,4 millones de euros (aunque cabe añadir que el avance de liquidación llega hasta el mes de septiembre).

Tampoco fue mejor con el impuesto de construcciones y obras, con el que se esperaba recaudar 3 millones de euros y se acabó recaudando 1,8 (a septiembre de 2017, sin cerrar del todo el año). Más ajustado fue el cálculo en las licencias, pero también a la baja, de 1,6 a 1,4 millones de euros.

Aunque donde menos se atina es en los ingresos previstos por el servicio de transportes, el TUS, por el que se esperó ingresar 8,7 millones y se acabó ingresando 5,7.

En 2017 se gastaron 19.658 euros en un estudio para el incremento de las plazas de aparcamiento en el centro urbano. Y hay un gasto de 30.000 euros en asistencia jurídica, previsto y ejecutado.

SUBEN LOS IMPUESTOS INDIRECTOS

Para el próximo año, en general, los impuestos directos bajan un 0,83% respecto al año anterior, pero los indirectos suben un 12,05% y el contrato de la OLA permite que los ingresos patrimoniales suban un 82,66%.

En el apartado de ingresos de este 2017 también se aprecia que sólo se han consignado 30.000 euros por infracciones urbanísticas.

Además, frente a los tópicos de quien trata mejor o peor a Santander, un discurso político que enfrenta habitualmente al Gobierno autonómico y al Ayuntamiento, se aprecia que las previsiones de transferencias por parte de Cantabria aumentarán un 18,32& (con 5.416.663,81 euros), mientras que los ingresos previstos a recibir por parte del Estado se reducirán un -1,66% con respecto a 2017, hasta alcanzar los 39.903.879,05 euros.