Partido Popular, Podemos y Ciudadanos coinciden en sus enmiendas a la Ley de Acompañamiento la reforma de la Ley de Saneamiento con la que el Gobierno abre la puerta a que empresas privadas puedan gestionar servicios municipales de saneamiento por un plazo de diez años ampliables a otros diez, sin concurso.

Los contratos de abastecimiento y saneamiento de agua son algunos de los que gestionan los ayuntamientos

La conocida como Ley de Acompañamiento es un texto que acompaña a los presupuestos y que en principio debería reflejar cambios normativos ligados a estos, como las actualizaciones de tasas, pero que tradicionalmente se usa para reformar distintas leyes.

En este caso, se incluyó una modificación de la Ley de Saneamiento que ampliaba el plazo ya existente (de cuatro a diez años) para que una administración le derive a otra la gestión de servicios e infraestructuras municipales. En ese supuesto entran las encomiendas de gestión, que han sido criticadas en el pasado porque permite que a su vez una administración, vía empresa pública (ejemplo MARE), le ceda el servicio a una empresa privada sin necesidad de concurso.

En la petición de suprimir esa ampliación de plazo coinciden, tal y como ha cotejado EL FARADIO, PP, Ciudadanos y Podemos, quienes también coinciden en otras cuestiones, como la eliminación de la subida de la tasa por participar en procesos selectivos en educación: sube un 50% en un año en el que ya están convocadas oposiciones a las que se espera que se presenten miles de aspirantes.

Para Podemos, esta propuesta de reforma de la Ley de Saneamiento podría ser inconstitucional, ya que invade competencias del Gobierno central, que es quien fija los plazos; y no es el único aspecto inconstitucional que han detectado en la Ley de Acompañamiento.

Las enmiendas del tránsfuga Juan Manuel Carrancio a la Ley de Acompañamiento no abordan ninguna de estas cuestiones de la Ley de Saneamiento o las tasas en oposiciones, y se centran únicamente en los apartados fiscales. Según publica este miércoles EL DIARIO MONTAÑÉS, son asumidas por PSOE y PRC, que ha presentado las mismas como propias de estos grupos.

CONTRA LAS SUBIDAS DE IMPUESTOS

Además, en sus 16 enmiendas Ciudadanos pide eliminar las referencias a los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones o transmisiones.

También el PP, con un total de 22 enmiendas, pide actuar en estos impuestos, planteando una nueva escala en el tramo autonómico del IRPF y arbitrando nuevas deducciones.

Y reclama que se suprima una cuestión sobre la que llamaron la atención cuando comenzó el debate público: si todas las medidas se empiezan a aplicar en cuanto entra en vigor la ley (tradicionalmente, el 1 de enero, y así lo dice la ley para todo), aquí se establece una excepción para el impuesto de patrimonio, que se aplicaría al día siguiente de su aprobación, esto es, el 23 de diciembre)

MÁS PARTICIPACIÓN EN LA REFORMA DE LA RENTA BÁSICA

Uno de los puntos que se está revelando como clave en el debate de los presupuestos es la ayuda de la renta básica, concebida como una prestación para aquellos casos no contemplados por otras como el desempleo, y que Podemos ha situado como una de sus condiciones para apoyar los presupuestos (el PSOE de Pablo Zuloaga ha apuntado a los morados como aliados para evitar que el Gobierno se apoye en el tránsfuga Carrancio), y los sindicatos también han pedido reformas amplias de este concepto.

En las enmiendas, los partidos de oposición critican que el Ejecutivo incluya una amplia batería de supuestos de sanciones por incumplimientos en la renta básica.

Ciudadanos cree que estas propuestas deberían tener más consenso, y el PP lamenta que al hacerlo a través de la Ley de Acompañamiento, junto a muchas otras medidas como la reforma fiscal y junto al propio presupuesto, no haya la suficiente participación ni debate.

Es más, esta formación advierte de que los planes del Gobierno de Cantabria van en contra de un principio (el de la responsabilidad subjetiva para aplicar sanciones) recogido en legislación estatal.

Por tanto, temen  que hacerlo así podría hacer que los cambios fueran ilegales e incluso inconstitucionales.

Y reclaman que los cambios en el régimen de sanciones se hagan a través de un proyecto de Ley “con todos los informes pertinentes y la participación necesaria”, exigida también por ley.

Podemos, que cree que el régimen de sanciones planteado por el Gobierno podría ser inconstitucional, plantea una serie de medidas en torno a esta ayuda, que pasan por ampliar su cuantía (al 90% del IRPM, indicador para cálculo de ayudas sociales, fijado en 2017 en 537,84 euros).

Y por hacerla compatible con actividades laborales si pese a tenerlos no logran que los ingresos de los beneficiarios sean suficientes, concebida en esta caso como un complemento que incentive la búsqueda de empleo, además de establecerse un subsidio complementario para garantizar ingresos mínimos en determinadas situaciones de riesgo de exclusión.

Se simplifica el procedimiento de concesión y se crea un calendario de implantación económica de estas medidas, de forma que en 2022 se llegue a un presupuesto de 7,2 millones de euros para la renta básica y a la creación de un fondo finalista, específico, para el complemento de incentivo al empleo que llegue a los 40 millones en 2022.

PODEMOS PROPONE FACILITAR LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES

Además, en las enmiendas se propone reducir los requisitos para que se pueden presentar iniciativas legislativas populares, es decir, la posibilidad de que sean los ciudadanos los que presenten propuestas de ley en lugar de sólo el Gobierno.

Esta posibilidad ya existe, en una Ley específica cántabra que se remonta a 1985, y lo establecía en 10.000 firmas. Con la propuesta de Podemos se reforma esta ley y se reduce la cifra a 4.000, permitiendo que sean los propios promotores de la iniciativa los que luego abran el debate parlamentario sobre la ILP.

Además, se elimina una restricción que incluía esa ley, la de que el Gobierno pueda negarse a su tramitación porque implique aumento de crédito o disminución de ingresos.

Se quitan aspectos anacrónicos como la obligación de usar papel timbrado y se incluyen alusiones a página Web y se regula la forma de recoger apoyos de forma electrónica.

OTROS ASPECTOS

Desde el PP enmiendan también para pedir que en el texto se cambian las referencias a “minusválidos” por “personas con discapacidad”, y para que en las inversiones se tengan en cuenta los requisitos de accesibilidad.

Y reclaman que un representante de cada grupo parlamentario participe (con voz pero sin voto) en los consejos de administración de empresas públicas del Gobierno y organismos similares.

Podemos pide que una vez aprobados los presupuestos, cada año, se publique la oferta pública de empleo, y que las convocatorias que sean por concurso o por libre designación se publiquen en el BOC, así como sus resoluciones. En el caso de la libre designación, se pide un informe previo.