Los accidentes laborales se han triplicado durante el último año en Cantabria: desde enero a septiembre, el incremento de los accidentes mortales ha subido a los 10 accidentes mortales en 2017 frente a 3 en el 2016.

Aumento según datos del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo

Además, se han registrado 122 accidentes más que en 2016, según el resumen estadístico de siniestralidad laboral del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).

Los «escandalosos» y «dramáticos» datos los hacía públicos la coordinadora de Izquierda Unida en Cantabria, Leticia Martínez, para quien esta tendencia “exige intervención preferente” por parte de administraciones y empresas.

Para Martínez, “la gestión de la crisis económica que han realizado los distintos gobiernos a lo largo de este período ha conllevado una fuerte pérdida de empleo, cambios importantes en la estructura de nuestro mercado de trabajo, en el sistema de relaciones laborales y en nuestro sistema productivo y, a su vez, una disminución alarmante de los fondos públicos destinados a las políticas de prevención de riesgos laborales”.

Y en el caso de las empresas “han desaparecido los recursos preventivos para evitar los accidentes y la enfermedad profesional”.

Desde IU abogan por organizar el trabajo de forma que evite ciertas prácticas de gestión de las tareas no saludable (por ejemplo, estructuras salariales que dependen del volumen de producto final obtenido -destajo-, largas jornadas de trabajo, inseguridad en el empleo…) y se proporcionen las medidas de seguridad necesarias por ley.

Asimismo, ven necesario que el Gobierno acompase los datos macroeconómicos de recuperación a la reversión de los recortes de estos años, aumentando el ratio de inspectores de trabajo, ya que «en nuestro país hay un inspector por cada 15.000 asalariados, mientras que en Europa hay un inspector por cada 7.300 trabajadores».

De igual forma, consideran que las muertes y la siniestralidad en el trabajo deben pasar a un primer plano político, no sólo por el número sino por la «normalización» que se está haciendo de algo que no debe serlo, por lo que instan al Gobierno de Cantabria «a que sea acusación particular cuando haya un accidente de trabajo, al igual que lo hace cuando hay una víctima de violencia de género o en incendios forestales».

Los accidentes laborales son la cara más dura de la precariedad en el mercado laboral:

Así incidía el sindicato Comisiones Obreras, cuya secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras, Laura Lombilla, analizaba este aumento como “ la causa y efecto directo de la precariedad laboral que sufren trabajadores y trabajadoras y que repercute directamente en las condiciones de trabajo”.

“Nos mostramos preocupados ante la posibilidad de que el  crecimiento económico se esté produciendo a costa de aumentar la inseguridad laboral y con constante deterioro de las condiciones de trabajo. Ya que incluso en un período de crecimiento económico se está perpetuando la precariedad en el empleo a través de jornadas que se prolongan, largos desplazamientos, ausencia de formación, se ha intensificado la productividad de trabajadores y trabajadoras a costa del incumplimiento empresarial de las más elementales normas legales de seguridad”, consideraba Lombilla.

Por tanto, CCOO de Cantabria insiste en la necesidad de intensificar la vigilancia y fortalecimiento de las políticas preventivas, con aplicación de políticas  públicas que mejoren las condiciones de trabajo y reduzcan de forma drástica los accidentes laborales.

Así,el sindicato apuesta por la creación de la figura del delegado territorial de prevención de riesgos laborales, como ya existe con éxito en otras comunidades autónomas, como elemento de vigilancia y control complementario a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

LAS CIFRAS DE LA PRECARIEDAD

De hecho, ayer mismo Comisiones Obreras detallaba como según los últimos datos de la Agencia Tributaria, el 22,35% de los asalariados cántabros cobraban menos de 9.000 euros al año, por debajo del Salario Mínimo. Y un 7,22% cobran entre 9.000 y 12.000 euros anuales.

En total, según la Agencia Tributaria, algo más de 51.000 personas asalariadas ingresan menos de 10.500 euros al año.

Asimismo, estos datos dejaban a 19.198 personas asalariadas con ingresos inferiores a los 3.000 euros anuales en 2016 y a otras 9.609 que cobraban entre 3.001 y 6.000 euros anuales.

Y además Cantabria es la comunidad autónoma con mayor brecha salarial entre hombres y mujeres (de 25.259 euros anuales de media en los hombres a 17.955 en las mujeres, en 2015).