La Inspección de Trabajo ha sancionado al Ayuntamiento de Santander por la cesión ilegal de trabajadores en la empresa pública SANTURBAN.

Carmelo Renedo y Ángela Sobrina

Lo hace en una resolución fechada este 11 de diciembre y que responde a una denuncia presentada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Cantabria en septiembre de este año.

El Ayuntamiento ha tratado de restar valor a la sanción asegurando que se limita a recoger la versión del sindicato, cuando lo cierto es que son las conclusiones de la Inspectora de Trabajo tras consultar la documentación aportada por responsables municipales, entrevistas a gestores municipales y a trabajadores, además de visitar centros de trabajo y cotejar lo visto con la legislación laboral.

Esta declaración de cesión ilegal podría afectar a 300 trabajadores temporales contratados por la empresa pública dentro del programa de empleo de Corporaciones Locales, de los cuales 169 comenzaron en agosto de 2017 y los 131 restantes debían incorporarse a principios de 2018.

La resolución de la Inspección de Trabajo comportará una sanción para Santurbán y para el Ayuntamiento por contratación fraudulenta, infracción laboral que se considera muy grave y que puede ser multada con entre 6.251 euros y 187.515.

En la sanción se dice expresamente que «ha quedado constatado que los trabajadores del Programa de Empleo desempeñan su actividad de manera indiferente con el resto de trabajadores municipales y que, además, sus tareas suponen necesidades habituales y permanentes del Ayuntamiento”.

“Es vergonzoso que con los recursos para la promoción del empleo se están violando los derechos laborales básicos. Se demuestra que el Ayuntamiento de Santander está utilizando a Santurbán como un sucedáneo de empresa de trabajo temporal y cómo eso afecta a los derechos de las trabajadoras y trabajadores”, explicaba Ángela Sobrino, responsable de Administración Local en CCOO Cantabria.

Sobrino advierte de que “esto puede afectar de manera definitiva a los programas de contrataciones de desempleados para el futuro», e incluso aventuraba que «no sabemos si con este escenario, el Ayuntamiento va a poder acogerse a la orden de Corporaciones Locales”.

CESIÓN DE TRABAJADORES

Lo que sucede es que la empresa municipal selecciona a los trabajadores, a quién les aplica su convenio, y luego los cede a dependencias propias del Ayuntamiento, tales como el Instituto Municipal de Deportes, Talleres, Servicios Sociales, comisaría de Policía Local, departamentos de la Casa Consistorial, etcétera.

De hecho, la Inspección ha visitado las instalaciones de los Talleres Municipales, del Complejo Municipal de Deportes, del Centro de Formación y Empleo (CEFEM) y de las Cocheras del TUS y allí ha comprobado que los trabajadores del programa de empleo subvencionado sólo reciben instrucciones de empleados municipales, desarrollan labores habituales del Ayuntamiento y todos los aspectos relacionados con sus horarios o permisos son gestionados por el municipio.

Es decir, “la conducta seguida por Santurbán S.A. recuerda indefectiblemente a la dinámica propia de una empresa de trabajo temporal, tanto en la forma en que ha incorporado trabajadores a los distintos centros municipales como en la actitud seguida para con ellos durante la vigencia de su relación laboral”. De hecho, “los trabajadores (…) no conocen la identidad de sus supuestos responsables en Santurbán S.A.”.

“Es una aberración… el Ayuntamiento no quiere ni oír hablar de este tema y tendrán que ser los tribunales los que pongan al ayuntamiento en su sitio para obligarle a cumplir la legalidad y que asuma que los trabajadores de segunda, la mano de obra barata, ya no van a servir en el ayuntamiento de Santander”, ha dicho Carmelo Renedo, responsable de Empresas Públicas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Cantabria.

CCOO ya denunció públicamente hace unos meses a Santurbán por “el uso torticero que había hecho de la reforma laboral”, al forzar un convenio de empresa en el que se bajaban los salarios hasta un 50% para algunas categorías. Bajada que sólo afectaba a las nuevas contrataciones que se harían a partir de este año.

Ahora, con la resolución de la Inspección de Trabajo, los trabajadores deberán acudir al juzgado mientras está en vigor la relación laboral o durante los 20 días posteriores a su finalización si quieren ver reconocidos sus derechos como trabajadores del Ayuntamiento de Santander. Este reconocimiento de derechos puede suponer adquirir la condición de trabajador indefinido no fijo y por tanto la obligación para la Administración local de sacar la plaza a Oferta y Pública.

Además, se podrán reclamar diferencias salariales ya que en el momento que se reconozca que eran empleados del Ayuntamiento de Santander esto será a todos los efectos. Esa diferencia salariales puede variar en función de las categorías pero podríamos estar hablando unos 1.000 euros por cada mes trabajado y de un costo global para el ayuntamiento de 845.000 euros.

La sanción al Ayuntamiento y a Santurbán podría afectar de manera definitiva a la continuidad de los programas de contratación de desempleados.

EL AYUNTAMIENTO RESPONDE

La respuesta del Ayuntamiento, por boca de la concejala de Empleo del Ayuntamiento de Santander, Ana González Pescador, combinaba el calificar estas afirmaciones como «falsas» con la acusación de  “poner en riesgo la continuidad” del programa, habitual mensaje contra quienes critican al equipo de Gobierno del PP.

En la respuesta, la concejala admite que existe un acta de infracción de la Inspección General de Trabajo, pero trata de rebajar su importancia asegurando que se basa “en la versión y los datos aportados unilateralmente por el sindicato que, como viene siendo habitual, no se ajustan a la realidad”. El Ayuntamiento planteará sus alegaciones al respecto.

Y trataba de desviar el tiro al convenio colectivo de la empresa pública, asegurando que es el mismo que aplica CCOO a sus trabajadores –un asunto al que la sanción no se refiere–, tratando asimismo de deslegitimar al sindicato (al que ha reprochado su «hipocresía» y «deslealtad» por criticarles) por su gestión de su propio personal.

La razón de esa «hipocresía» que les reprocha es, según el Ayuntamiento, que anime a ayuntamientos a participar en el programa y luego lo ataque (la denuncia del sindicato es por el asunto de la cesión ilegal, no por el programa en sí mismo, que no ha cuestionado en otros municipios).

LO QUE DICE LA RESOLUCIÓN

Frente a la versión del Consistorio de que sólo recoge la versión sindical lo cierto es que en la resolución la Inspección de Trabajo sí enumera documentos aportados por SANTURBAN –su organigrama, sus escrituras, los contratos firmados con los trabajadores….- (por tanto, por el Ayuntamiento), además de la propia comparecencia de González-Pescador, así como responsables de la empresa que, de hecho, comparecen en total tres veces.

Más aún, la Inspección visita centros de trabajo municipales para cerciorarse. y entrevista a responsables del Instituto Municipal de Deportes y a trabajadores de este programa. Lo mismo pasa en otros servicios como las cocheras, los talleres municipales, etc..

La propuesta de sanción tiene la misma estructura que una sentencia judicial, incluyendo una relación de HECHOS COMPROBADOS por la Inspección de Trabajo tras examinar todas las pruebas (documentos, entrevistas a responsables municipales….)

Y en esa relación de hechos es la inspección de trabajo la que comprueba que los trabajadores de SANTURBAN estaban trabajando como si lo fueran de otros servicios municipales, llevando incluso uniformes de este servicio.

Son los trabajadores y no Comisiones Obreras los que refieren a la inspectora haber ido sólo una vez a la sede de SANTURBAN. Y son los empleados de SANTURBAN los que relatan que ni siquiera les conocen, algo que la Inspección considera «de especial relevancia» en el caso.

Es el organigrama de SANTURBAN el que encuadra a estos trabajadores en un genérico área de Administración que deriva a otras áreas (y donde sus teóricos compañeros de trabajo no les han visto nunca), y son los responsables de organismos municipales del IMD los que se encargan de su control, como si fueran sus jefes directos. Fichan en esas instalaciones, no en SANTURBAN, y algunos llegan a realizar trabajo administrativo, por ejemplo, en las cocheras del TUS.

Son los responsables municipales de todos estos servicios los que tampoco disponen de documentación de SANTURBAN sobre estos trabajadores, pese a tenerlos en su servicio, tal y como relatan ellos mismos a la Inspección de Trabajo.

La sanción de la Inspección de Trabajo, al igual que una sentencia, aporta consideraciones jurídicas (en una sentencia serían los fundamentos de derecho). En este caso, cita sentencias del Supremo en base al Estatuto de los Trabajadores.

Es la Inspección de Trabajo la que concluye de las entrevistas, el análisis de la documentación y la consulta a la legislación que efectivamente cedió a los trabajadores a los que pagaba a otros servicios.

De hecho, asegura, la Inspección de Trabajo, que hay «confusión» entre SANTURBAN y el resto de sociedades municipales, algo que prohíbe expresamente el Tribunal de Cuentas.

Más aún, es la Inspección de Trabajo la que asegura que el Ayuntamiento utiliza a SANTURBAN como si fuera una empresa de trabajo temporal.

REACCIONES

Desde Izquierda Unida, el concejal Miguel Saro expresaba el «bochorno» por esta situación,  que tachaba de «fraude» de «especial gravedad», además del «sueño húmedo del PP», el «empeorar las condiciones de los trabajadores», mientras que Antonio Mantecón, concejal de Santander Sí Puede, reiteraba su petición de una auditoría independiente de esta empresa pública y reprochando al Consistorio su «falta de ética», además de pedir la dimisión de González-Pescador.

EL PÁRAMO DE SANTURBÁN

SANTURBAN es una poco conocida empresa pública municipal que tiene el dudoso honor de haber estado detrás de la primera dimisión de la legislatura en el PP de Santander por el robo, confesado, de fondos por parte la exconcejala de Empleo Elena Espinosa, que desvió 6.000 euros de fondos de esta sociedad pública a sus cuentas particulares.

Esta empresa se encarga formalmente de políticas relacionadas con el empleo y la dinamización laboral, pero también es la sociedad titular de las instalaciones del Mercado de México, donde hay un Centro de Iniciativas Empresariales y un co-work (un espacio de trabajo compartido para distintos profesionales, además de gestionar talleres de empleo en áreas como la construcción.

En la práctica se ha convertido en un cajón de sastre al que el Ayuntamiento ha subcontratado tareas como la gestión del centro de inmigración, programas de igualdad, el CDIS o proyectos de formación en construcción y jardinería. Lo hace en base a encomiendas de gestión, un mecanismo por el que la Administración se contrata trabajos a sí misma, y que suman anualmente del orden de 600.000 euros.

Además de esas encomiendas, se ha encargado de tareas tan variopintas como las visitas a los restos arqueológicos o la gestión de la asistencia personal y de movilidad al concejal de Autonomía Personal, Roberto del Pozo.

En 2011 Santurbán, en lo que fue un caso único en el sector público santanderino, fue ‘rescatada’ con un crédito de 400.000 euros procedentes del presupuesto de transportes, con el objetivo de ayudar a equilibrar sus cuentas, sin que se explicaran las causas de ese desequilibrio. La empresa pública se sometió a recortes de gasto y personal.

Y en 2014, el Interventor detectó en esta empresa pública necesidades de financiación por valor de 67.000 euros. A la entidad le constaban ese año préstamos bancarios por un importe de 66.000 euros.