Sede del ICASS registrada por la UDEF hace más de un año || Foto: Carlos A.

La Fiscalía de Cantabria ha concedido una prórroga a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) para que siga investigando la presunta trama corrupta política y funcionarial, que afecta a varias legislaturas y distintos gobiernos (PRC-PSOE y PP) en torno a los cursos de formación en la comunidad autónoma.

Como viene contando EL FARADIO, hace un año (15 de diciembre de 2016) dos agentes procedentes de la Comisaría General de la Policía Judicial de Madrid se desplazaron hasta Cantabria, a partir de la denuncia de varias academias perjudicadas por el reparto de los fondos para formación.

Registraron varias sedes del Gobierno de Cantabria: Consejería de Presidencia y Justicia, Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), y se llevaron miles de documentos relacionados con la adjudicación de cursos de formación y la accesibilidad de los centros desde el año 2007.

Según ha podido saber EL FARADIO, hace unos días la Fiscal Superior de Cantabria, Pilar Jiménez, comunicaba al cuerpo especializado de la Policía Nacional la segunda prórroga para que siga con las pesquisas, debido al importante volumen de documentación a analizar.

Como adelantó este medio, los indicios de irregularidades detectados afectan a una decena de funcionarios y altos cargos de Empleo y Servicios Sociales en las tres últimas legislaturas, con gobiernos alternativos del PRC-PSOE y el PP.

Están afectados, principalmente, el EMCAN, encargado de homologar los centros y los cursos y el ICASS, que tiene la competencia de certificar la accesibilidad de las instalaciones, a través del CAT, el Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (CAT).

Las irregularidades detectadas y las pruebas aportadas a las diligencias entroncan con la presunta comisión de delitos de prevaricación, falsedad documental y cohecho, por el supuesto cobro de mordidas dentro de la administración a cambio de la adjudicación de cursos.

La propietaria de la academia que presentó la primera denuncia, Centro de Estudios Cossio, ha solicitado a través de escritos al consejero de Economía, Juan José Sota, y a la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, de quien depende el ICASS, dirigido por Felisa Lois, que se lleven a la Fiscalía las pruebas sobre presuntas irregularidades.