Una de las parcelas con las que la constructora PROINASA pretende saldar su deuda con el Ayuntamiento || FOTO: SSPL

La mayoría de PSOE, PP y PRC en el Ayuntamiento de Laredo ha bloqueado este jueves, 28 de diciembre, la reclamación de una deuda de más de 2 millones de euros a una promotora inmobiliaria.

En concreto, han votado en contra de la moción que presentaba al Pleno municipal el grupo Sí Se Puede Laredo (SSPL), que solicitaba la nulidad del acuerdo plenario que aprobó un convenio para compensar la deuda que la empresa PROINASA mantiene con el Ayuntamiento pejino.

El convenio se estableció para evitar el pago que tiene que realizar la empresa por sentencia firme del Tribunal Supremo, y que asciende a 1.343.280,73 euros, además de unos intereses que ascendían a 757.448,97 euros a 20 de febrero de 2014, según un informe de Intervención que Sí Se Puede Laredo pide que se actualice para saber cuál es la deuda actual. La suma de intereses está parada desde el inicio de la negociación del convenio en 2013, con gobierno del PP. El convenio se redactó en 2014 pero no sé aprobó por falta de consignación presupuestaria.

La moción de SSPL ha sido rechazada por los votos de PSOE (5), PP (5) y PRC (3) y con el único apoyo de los ediles de la formación municipalista (2) y de IU (1) – una de sus dos concejales se encontraba fuera de viaje y no estuvo en el Pleno-.

En Laredo gobierna el PSOE con apoyos puntuales (la mayoría absoluta está en 9 concejales) y recientemente trascendía un acuerdo de «gobernabilidad» con el PP, criticado por el PRC.

Sin embargo, durante este Pleno, las fuerzas del tripartidismo han compartido argumentos y votos: han esgrimido razones legales para no anular el convenio (que su aprobación generó derechos a favor de la empresa) y han acusado a la oposición de «antisistema» o de cargar contra la letrada que dio el visto bueno al acuerdo y que después ha admitido que contiene «errores».

DE LA GESTIÓN DEL PADRE A LA GESTIÓN DEL HIJO

El asunto colea desde el año 2008, cuando era alcalde Santos Fernández Revolvo (PRC), desde las primeras sentencias judiciales contra la empresa.

Pero el origen de la deuda viene de la Alcaldía de Juan Ramón López Revuelta (PSOE), padre del actual primer edil, Juan Ramón López Visitación, que le sustituyó en las listas socialistas de las últimas elecciones (mayo de 2015) al estar su progenitor imputado en un caso de corrupción urbanística en Castro Urdiales y como ordenaba el código ético del PSOE.

López Revuelta ya había sido condenado a 6 años de inhabilitación por sentencia del Tribunal Supremo en el año 1994, en su primera etapa de alcalde y cuando era diputado regional, por un delito de prevaricación en otro asunto urbanístico. Luego fue indultado por el Gobierno durante la última legislatura de Felipe González.

De padre a hijo también pasó la sociedad PROINASA (Promociones Inmobiliarias Nates, S.A.) al fallecer Raúl Nates. Ahora es su heredero, Cesar Nates, el que está al frente de los negocios familiares y además es el presidente de la Cofradía de Pescadores de Laredo.

Como publicó EL FARADIO, a finales de 2015, la corporación municipal gobernada por el hijo, López Visitación, con los votos del PSOE, PP y PRC, aprobó un convenio que consistía en la adquisición de tres fincas de PROINASA ubicadas en la UE-6 de la Puebla Vieja de Laredo y otra colindante en la Plaza Cachupín 9/11, una suerte de ‘dación en pago’ con la que la constructora compensaría su deuda con la corporación municipal

EL ORIGEN DE LA DEUDA

Apartahotel levantado en el terreno que dio el Ayuntamiento para «compensar» a PROINASA

El origen de la deuda se remonta a los años 80, cuando era alcalde López Revuelta. Fue a partir de una permuta de terrenos entre el Ayuntamiento y PROINASA.

Una permuta es un intercambio de terrenos. En este caso, lo que sucedió fue que se aprobó un Plan General de Ordenación Urbana que impedía que la empresa construyera en una parcela en Laredo.

Y lo que hizo el Ayuntamiento fue compensarla ofreciéndole un terreno en la zona de playa, un terreno que pertenecía al Consistorio y sobre el que sí se podía edificar.

Al Tribunal Supremo ya le llamaron en su momento la atención dos cosas: la “celeridad” del Ayuntamiento, “digna de ser utilizada en el resto de actuaciones municipales”, y el hecho de que el equipo de Gobierno decidiera esa permuta sin que lo reclamara el propio constructor.

Además, la permuta se concibió como una indemnización, en lugar de como un intercambio, y no cumplió el requisito necesario para un intercambio, y es que los bienes sean equivalentes.

Porque aquí se intercambió un terreno en el que no se podía construir por uno en el que sí, un sitio en el que el Ayuntamiento levantó un parque por otro en el que se instaló un Apartahotel que, por tanto, suponía beneficios extra a la empresa.

Para ello, además, se le dio una licencia que luego resultó anulada también, porque no se ajustaba al suelo sobre el que se levantó el apartahotel.

UN CONVENIO CON ERRORES Y SIN GARANTÍAS SOBRE EL VALOR DE LOS TERRENOS

El 21 de diciembre de 2015, en el plazo de un mes que tenía para recurrir, Sí Se Puede Laredo presentó un recurso de reposición a este convenio. En su respuesta, la letrada municipal, redactora del convenio, admitía que “contenía errores” y, por lo tanto, devolvía el expediente a la Sección de Patrimonio para presentar otro convenio corregido con la incorporación de los informes solicitados.

Desde entonces y hasta el 2 de noviembre de este año el asunto no se ha movido. En esta última fecha, la letrada emitió un nuevo informe jurídico donde remarcaba que no le es posible “asegurar” la validez de las valoraciones de las parcelas del convenio con las que la constructora pretende saldar su deuda con el Ayuntamiento.

SSPL solicitaba en esta última moción no sólo la nulidad del convenio, sino además la actualización de la cuantía que adeuda la promotora inmobiliaria al Ayuntamiento y que se proceda al cobro de la deuda legítima.