El concejal de Izquierda Unida en Santander, Miguel Saro, ha presentado  una serie de preguntas relacionadas con la  paralización de las contrataciones por parte del Ayuntamiento de Santander en el programa de Corporaciones Locales, que se ha producido después de que la Inspección de Trabajo dictaminara, tras escuchar a todas las partes después de una denuncia de Comisiones Obreras, que se había producido una cesión ilegal de trabajadores.

Desde este grupo muestran la «preocupación» que supone que tras las bajas no haya nuevas incorporaciones en los servicios municipales «ya que ha quedado demostrado que en algunos casos estos servicios se encuentran en severo déficit».

Miguel Saro, concejal de Izquierda Unida en Santander

Asimismo desde la formación se preguntan «cómo piensa el ayuntamiento suplir esas supuestas incorporaciones que se han paralizado, ya que, supondrá una falta de recursos relevante».

Para el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, «la consecuencia final será la precarización del empleo público, la falta de contratación de cientos de trabajadores y la pobreza a sus familias, y la pérdida de calidad de los servicios públicos municipales por la falta de personal».

En las preguntas también piden información sobre en qué estado quedan los servicios municipales sin esas nuevas altas y si se han previsto nuevas contrataciones temporales para suplir las bajas.

Y lamentan igualmente la falta de ingresos que supondrá para las familias de aquellos que accedían a esas posibles contrataciones que han sido canceladas y sus efectos sobre el empleo en general en Santander.

El concejal Miguel Saro afirma que “la renuncia a las contrataciones es consecuencia de la política de cesiones de trabajadores de forma ilegal para realizar funciones encomendadas a funcionarios públicos, una forma de precarizar el empleo público a través del dumping salarial” recordando así, el previsible expediente sancionador a la empresa pública SANTURBAN por parte de la Inspección de Trabajo tras la denuncia de Comisiones Obreras.

“El Ayuntamiento se ha convertido en una Empresa de Trabajo Temporal exportadora de precarización” afirma el concejal Miguel Saro.

Desde IU se recalcan las consecuencias de la nefasta política de contrataciones temporales municipal, dado que una de las consecuencias de la declaración de cesión ilegal, además de la correspondiente sanción, sería que los trabajadores afectados puedan elegir adquirir la condición de fijo en la empresa que elija, la cedente o la cesionaria, SANTURBAN o Ayuntamiento, y reclamar los salarios correspondientes a sus funciones.

Siendo algunos de los trabajos realizados reservados a empleados públicos, dicha categoría no podría ser como trabajador fijo dada la naturaleza del proceso selectivo para la provisión de puestos de trabajo en la administración pública.

Para el portavoz municipal de Izquierda Unida, este hecho pone en riesgo las subvenciones percibidas para contrataciones a cargo a fondos europeos.

Y también pone de manifiesto «la absoluta incompetencia de la concejala de empleo del PP» –quien además cuando se conoció la sanción trató de restarle valor diciendo que sólo reflejaba la versión de CC.OO, cuando en realidad la Inspección de Trabajo había visitado todos los centros, y hablado con ella, los responsables de las empresas públicas municipales, los responsables de los centros de trabajo y los propios trabajadores. Contra la sanción cabe recurso.