Medio centenar de personas han secundado la convocatoria de STOP Desahucios para ayudar a una familia de Gama que iba a ser expulsada de su vivienda este miércoles, sin que finalmente se haya llevado a la práctica la ejecución.

Es una familia en una situación difícil, con el padre en tratamiento de quimioterapia y la madre en silla de ruedas tras una operación reciente, y tras haber realizado un gasto de reforma en su vivienda para adaptarla a la situación de un hijo suyo con discapacidad, que falleció hace tres meses.

Más de medio centenar de personas se han reunido en la casa para tratar de paralizar el desahucio y apoyar a la familia.

Y se daba una circunstancia extra: la familia había recurrido a un prestamista privado (36.000 euros), en una situación que está denunciada ya ante el Juzgado de lo Penal y de la que hay más casos, con el mismo prestamista, en otras zonas.

Al conocerse el riesgo de desahucio, previsto para este miércoles, la PAH Santander lanzó anoche la alarma para evitarlo.

Y han acudido medio centenar de personas, entre ellos amigos, vecinos y familiares de los afectados y activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, además de diputados de Podemos (uno de ellos, José Ramón Blanco, fue el primer portavoz de la PAH), concejales socialistas de Gama o la abogada de GESVICAN, la empresa pública de vivienda de la que depende la Oficina de Emergencia Habitacional. Por parte de la Consejería de Obras Públicas también estaba Javier Ontañón.

El propio hijo de la familia, Héctor Setién, explicaba a primera hora de la mañana en los micrófonos de EL FARADIO DE LA MAÑANA de ARCO FM la situación y reivindicaba la importancia de la lucha conjunta contra las injusticias al defender que “entre varias personas se hace más fuerza que solo”.

Según han relatado, las víctimas de la estafa contactaron con un prestamista de Gijón, José Garcia Rendueles, quien les ofreció 36.000 euros para liquidar la hipoteca (que constaba de 16.900 euros) y para sufragar gastos.

La idea era realizar una retroventa (es decir, ir recuperando la vivienda según fueran devolviendo el préstamo), pero nunca pudieron volver a contactar con el prestamista para devolverle el dinero.

Antes de ello, aseguran que el prestamista y su socio, Alfredo Moreno, les visitó en varias ocasiones con dos personas, supuestamente agentes inmobiliarios, a los cuales hizo pasar por tasadores. Posteriormente se firmó esta retroventa en una notaría de Gijón.

Sin embargo, en vez de ir devolviendo el préstamo, en 2013 les llegó una denuncia interpuesta por una tercera persona que aseguraba ser el comprador de la vivienda y que exigía que se le concediera.

Debido a que la situación está judicializada, el Juzgado de Paz de la localidad ha ordenado la paralización del desahucio, hasta la fecha de junio en que está previsto el proceso judicial.

Quedaba por ver si la Comisión Judicial responsable de la ejecución acataba esa orden, y finalmente no se presentó a la hora prevista.

Tras confirmar la decisión del juzgado, Setién agradecía el apoyo recibido, con el que han conseguido “ganar tiempo” para lograr resolver su problema por la vía Penal. Llevan desde 2013 luchando, por lo que animaba a otros afectados a denunciar porque “el mayor aliado de los estafadores es el silencio de las víctimas”.

El portavoz de la PAH, Raúl Noriega, ha mostrado su apoyo a la familia y cargaba contra los prestamistas privados, advirtiendo sobre el “error” de acudir a estos prestamistas cuando se está en situación “desesperada”, ya que esos intereses “excesivos” no se podrán “pagar nunca”, y al final las familias “se quedan con la deuda y sin la vivienda”

Ontañón, director de Gabinete de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, advertía de que aunque se haya ganado tiempo hasta junio el caso no está solucionado, y se refería a la “tensión tremenda” que está sufriendo la familia.

La Oficina de Emergencia Habitacional trabajará desde ya mismo en analizar este caso y se buscará una solución inmediata para ellos, que puede incluir el recurso al parque público de vivienda con el que cuenta el Gobierno, anunciaba.

Este recurso del Gobierno está en funcionamiento desde el año 2016 y el año pasado se evitó que 26 familias fueran desahuciadas de sus viviendas, 5 por incumplimiento del pago de la hipoteca y 21 por impago de alquiler, y se alojó a 22 familias en el parque público de alquiler.

En total, el pasado año se atendieron 174 casos, de los cuales 82 se encontraban en una situación de emergencia que les impedía el acceso a una vivienda digna. En concreto, 45 tenían el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado o finalizado y a 37 se les había abierto el trámite de desahucio de alquiler o era previsible por impago.

La oficina tiene habilitada una web http://emergenciahabitacionalcantabria.gesvican.es, mediante la cual se puede acceder a toda la información relativa al servicio público de asesoramiento, intermediación y orientación que desarrolla este departamento, integrado en Gesvican.

La familia afectada está compuesta por un matrimonio, ambos enfermos, y su hijo de 26 años.

Igualmente, se han habilitado dos teléfonos, 942 318 980 y 942 318 982, en los cuales se puede solicitar cita previa para concertar una fecha de atención en la oficina, situada en la calle Juan de Herrera 2-4 5ª planta (Santander), junto con la dirección de correo electrónico emergenciahabitacional@gesvican.es para aquellos que deseen utilizar este soporte.

LA LEY DE LA PAH LLEGA AL CONGRESO

La Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) presenta este miércoles su proposición de Ley de Vivienda en el Congreso de los Diputados y lo hará a través de los grupos Unidos Podemos-En comú Podem-En Marea, Compromís, ERC, PDeCAT y Bildu, que ya han manifestado su apoyo a la iniciativa pero con la intención de que todo el arco parlamentario se sume a su propuesta.

Esta iniciativa contempla cinco puntos clave que nacen de las demandas de los colectivos antidesahucios y de protección del derecho a la vivienda: dación en pago retroactiva, alquiler asequible y estable, stop desahucios, vivienda social y suministros garantizados.

Además de la dación en pago, el primero de los puntos incluye la condonación de la deuda o la eliminación de las cláusulas abusivas y la compensación económica por las mismas, mientras que en el segundo, la PAH demanda un marco regulatorio de los precios que corresponda a los ingresos de la población.

En el apartado de no más desahucios, destacan las peticiones de moratoria sobre desahucios de primera y única vivienda, la obligatoriedad de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas antes de ejecutar el desahucio y la de la Administración Pública a ofrecer realojos incluso frente a casos de ocupación, asegurando el Derecho de Arraigo en los mismos, ofreciéndoles en el mismo municipio o barrio.

Desde el colectivo antidesahucios consideran que la nueva Ley ha de incrementar el parque público de vivienda, con alquileres sociales no superiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar y defienden la obligatoriedad de movilización de la vivienda vacía.

Por último, apuestan por el principio de precaución en el suministro de servicios básicos como agua, luz o gas, una tarifa social en función de la capacidad adquisitiva y que la Administración no asuma las deudas sino que deben ser las suministradoras las que asuman el coste de las familias que no puedan pagar.