Izquierda Unida llevará al Parlamento de Cantabria el proyecto de puerto deportivo proyectado en la ría de San Vicente de la Barquera por el Gobierno de Miguel Ángel Revilla «por vulnerar varias normativas autonómicas y europeas, mientras se confunde a los vecinos de la villa y a toda la ciudadanía cántabra» al relacionarlo con otros proyectos en el municipio.

Infografía del Puerto de San Vicente

Lo hará su coordinadora regional, Leticia Martínez, a través de la comisión de peticiones del Parlamento, con el propósito de que los partidos representados en el hemiciclo exijan a la Consejería de Obras Públicas la paralización de cualquier tipo de actuación relativa al Macropuerto deportivo en San Vicente de la Barquera y que se acometan las actuaciones prioritarias en el municipio, tales como el saneamiento de 4 pueblos o el centro de interpretación de Oyambre.

Así lo ha comunicado en rueda de prensa su portavoz autonómico, Miguel Saro, acompañado por Martín Chaves (IU-Ganemos Juntos), concejal de Obras, Servicios, Medio Ambiente y Medio Rural en el equipo de Gobierno de San Vicente de la Barquera, y por Roberto Fernández Santovenia, impulsor del change.org contra el puerto y que ha recabado el apoyo de casi 130.000 firmas hasta la fecha.

Tras llevarlo al Parlamento europeo y al Congreso de los Diputados, Miguel Saro cree que con esta iniciativa parlamentaria «la verdad» sobre este asunto «debería salir a la luz», y es que cree que después de que su organización comenzase este camino en contra del proyecto, «Revilla, Mazón y Zuloaga no han hecho más que desoír a la población o confundirla con mensajes de trileros».

En este sentido, defiende que el consejero Mazón ha «mezclado interesadamente» varios asuntos relacionados con la ría, como es el caso del dragado de la lastra de la bocana, imprescindible para la entrada de grandes pesqueros en el actual puerto, «y que nada tiene que ver con el puerto deportivo que pretender realizar».

Asimismo, la formación de izquierdas defiende que la directiva de hábitats exige medidas compensatorias en caso de que exista una necesidad pública y rigurosa de acometer una infraestructura en paraje protegido, «pero lo cierto es que no existe ninguna necesidad acuciante».

ESCASA DEMANDA DE AMARRES Y DUDAS SIN RESOVER

Para Miguel Saro, la obra está «injustificada tal y como está planteada desde un principio», ya que la demanda de amarres en San Vicente no llega a 50 -es de 46 la lista de espera- pero «pretenden crear casi 300 y no han explicado el porqué de construir 6 veces más amarres de la demanda local actual y que supera a la lista de espera de todos los puertos autonómicos Cantabria -218-«.

Además, ha recalcado que el Gobierno «no sólo ha encargado el estudio de impacto a una institución, el Instituto de Hidráulica Ambiental, que depende por varios cauces económicos del propio Gobierno de Cantabria, sino que ha planificado la obra mínima para poder justificar el informe favorable.

En dicho estudio, asegura Saro, «quedan dudas sin resolver, acerca de los servicios en próximas fases, las edificaciones anexas, la cesión del dominio marítimo-terrestre a Puertos, el efecto en los arenales, las mareas y la propia alteración del ecosistema o los dragados que se pretenden hacer desde la Consejería y que el propio estudio contraviene diciendo que se debería construir un dique para no estar dragando constantemente».

HAY ALTERNATIVAS

Por su parte, el concejal Martín Chaves ha manifestado que San Vicente «tiene otras necesidades que cubrir de forma prioritaria» en lugar de «devastar un espacio doblemente protegido y en donde la obra que se pretende realizar tendrá un carácter inflexible y permanente».

Rueda de prensa de IU sobre el Puerto de San Vicente

Chaves ha recordado que la ría está protegida por la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y por la Ley de Cantabria 4/1988, por la que se declara Oyambre Parque Natural, que dan protección al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de las Rías Occidentales y duna de Oyambre y al propio Parque de Oyambre, y que «otro ha de ser el enfoque que active la economía local».

El concejal ha defendido que el presupuesto millonario previsto para acometer «este puerto deportivo innecesario» podría destinarse a sectores como el pesquero, el ganadero, el alimentario, el comercio local o la industria, la conservación del patrimonio cultural o el cuidado del medio ambiente que tienen efecto en el turismo».

Y ha citado como ejemplo la creación del centro de interpretación, empleo y desestacionalización del turismo o «el necesario» saneamiento que ha de acometerse en cuatro localidades del municipio.

Además, ha apuntado que «si de verdad se quiere satisfacer la demanda actual de amarres», basta con una ligera ampliación del puerto existente «y no destrozar el mayor recurso que tiene San Vicente de presente y futuro, tanto en el ámbito medioambiental, como en el social y económico».

DE ESPALDAS A LA CIUDADANÍA

Desde IU lamentan ser «la única organización política que ha informado a los vecinos de los perjuicios que la construcción de este puerto deportivo supondría», a la par que desde el Gobierno «no cumplen con su deber», dado que «no ha presentado estudios de viabilidad del macropuerto, ni presentado informes de tráfico marítimo que justifique demanda mayor a los 46 amarres, no ha realizado asambleas o charlas informativas en San Vicente -incluso tenía pensado realizar una y la desconvocó- y la Consejería se ha limitado a pasar a rodillo la tramitación, desnaturalizando incluso al Patronato de Oyambre, donde tiene una amplia mayoría el sector político sobre el ámbito naturista».

Dentro del objetivo de IU de explicar las consecuencias de este proyecto y sus alternativas, la formación ha informado a la ciudadanía a través de pasquines o medios de comunicación y el próximo viernes 19 de enero, a las 19.30, en el edificio multiusos del Cantón, organizará una charla informativa abierta a toda la ciudadanía con la participación de responsables y especialistas en el asunto.

Por otro lado, Roberto Fernández criticó que «el Gobierno haga oídos sordos a casi 130.000 firmas» pero también a la oposición manifestada por los grupos ecologistas que mejor conocen la ría y el medio ambiente de Cantabria, tales como Ecologistas en Acción, ARCA, Greenpeace o Cantabria no se vende.

«Si no prestamos atención a las recomendaciones y avisos de quien más conoce nuestro medio, qué tipo de futuro queremos dejar a las generaciones que vengan», ha reflexionado.