Las empresas La Gallofa y Tinamenor, en su anterior etapa, tomaron represalias contra representantes de los trabajadores por criticar a las respectivas empresas en momento de conflicto laboral.

Así, en Tinamenor el anterior propietario, Gustavo Larrázabal denunció por injurias a miembros del Comité de Empresa en el momento en que la factoría hablaba de despidos, EREs y cierre, en una fase que finalmente quedó superada tras la llegada de nuevos dueños; y en La Gallofa llegó a producirse un despido que los tribunales han considerado nulo, que vulneraba la Ley.

«A ALGUNOS EMPRESARIOS LA DEMOCRACIA LES VIENE GRANDE»

Entrevistado en EL FARADIO DE LA MAÑANA de ARCO FM (103.2 FM), el secretario general de Comisiones Obreras, Carlos Sánchez (sindicato al que pertenecían los delegados de ambas empresas) subrayaba que la acción sindical es un derecho constitucional “protegido legalmente”.

Y apuntaba que “a algunos empresarios les viene la democracia muy grande, no están a la altura” (precisando que estos dos casos han sido casos aislados y que no se trata de algo habitual).

Sánchez advertía de que cuando finalicen los procesos judiciales pendientes –en La Gallofa quedan algunos- el sindicato se dirigirá al Gobierno de Cantabria para exponerles que “este tipo de actitudes no pueden ser consentidas” en aquellas empresas que cuenten con algún tipo de apoyo del Gobierno de Cantabria.

Además, reivindicaba que las empresas deben entender que “mantener buenas relaciones con los trabajadores” supone un factor de “calidad” y “responsabilidad social”.

LA GALLOFA

Tienda de La Gallofa

La Gallofa es una cadena de panadería y alimentación ampliamente promocionada por el ala regionalista del Gobierno de Cantabria.

Revilla la mencionó en una de sus intervenciones televisivas con Bertín Osborne y hace apenas una semana fue una de las empresas con proyección en la cena previa a la feria internacional de turismo FITUR.

Allí,  por cierto, intentaron instalar publicidad de la empresa junto al stand oficial del Gobierno en el que se reparten los folletos turísticos de Cantabria y sus municipios.

Una de las sociedades de La Gallofa es la adjudicataria de la concesión de los artículos promocionales del Año Lebaniego tras ganar un concurso al que fue la única empresa que se presentó y en el que se introducía como novedad la elaboración de un producto gastronómico.

La empresa fue noticia el año pasado por las acusaciones de presiones en el proceso de elecciones sindicales, despidos incluidos a las compañeras de candidatas a delegadas sindicales –lo cual se intentó utilizar para eliminarlas del censo de votantes–, que acabarían ganando los sindicatos críticos (CC.OO y USO) en unos comicios en los que la victoria se inclinó hacia la alternativa por apenas dos votos.

LA EMPRESA ACUSÓ A LA TRABAJADORA DE CAUSAR UN DESCENSO EN LAS VENTAS

Una vez pasadas las elecciones, y apenas un mes después de que la trabajadora se incorporara a su puesto tras una baja laboral, se le notificó el despido por motivos disciplinarios, al considerarse una falta “muy grave” por “malos tratos de palabra u obra o la falta grave de respeto y consideración a sus jefes y familiares así como compañeros y subordinados”  remitiéndose al convenio del sector.

Lo hacía en base a publicaciones en las que esta empleada compartía noticias del proceso acompañadas de comentarios en los que, en cualquier caso, no mencionaba el nombre de la empresa, limitándose a realizar reivindicaciones en materia laboral o mostrar apoyo a las compañeras despedidas.

Pero la empresa consideraba que las veces que la trabajadora había compartido en redes sociales las noticias sobre el proceso electoral había hecho afirmaciones que “no tienen cabida en el derecho a la libertad de expresión” y la culpaban, por hacerlas, de la disminución en la facturación de la empresa durante ese mes.

De hecho la empresa, aseguraba que con esas publicaciones lo que pretendía era hacer “daño” a la empresa.

LA JUSTICIA: LA LIBERTAD SINDICAL Y DE EXPRESIÓN SON DERECHOS FUNDAMENTALES

Sin embargo, la opinión de la empresa no fue compartida por la Justicia, que dictaminó, textualmente, que “la transmisión de noticias de interés sindical, el flujo de información entre el sindicato y sus afiliados…constituye un elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical”

E incluso los enmarca dentro del ejercicio del derecho fundamental, reconocido como tal en la Constitución española, de la libertad sindical, tal y como señala literalmente la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número 6 de Santander, a la que ha tenido acceso EL FARADIO.

El citado tribunal entiende que esas afirmaciones “reflejan la situación de conflicto de la empresa” y aludían a la labor “obstaculizadora” que tuvo en el proceso de elecciones sindicales.

Por tanto, declara nulo el despido y condena a La Gallofa a readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones, así como a abonarle las nóminas que había dejado de percibir desde el despido hasta la readmisión, ya ejecutada.

Este no fue el único despido, y hubo intentos de mediación en el ORECLA, pero finalizaron sin éxito, por lo que no es descartable que haya más sentencias en la misma línea.

Según datos sindicales, la red de sociedades de La Gallofa (que en los últimos años ha experimentado un fuerte crecimiento) tiene 28 centros de trabajo y una plantilla global de unas 160 personas, de las que un 95% son mujeres, y ha habido momentos en que un 80% eran contratos temporales.

Entre las prácticas citadas, se encuentran los cambios de responsables de Recursos Humanos -una de ellas, Ana Abarca, exjefa de RR.HH en la empresa pública Cantur con el regionalista Marcano-, o el traslado de trabajadores entre las distintas sociedades que tiene el grupo.

TINAMENOR

Los trabajadores de Tinamenor siempre defendieron la viabilidad de la empresa mientras el anterior dueño amenazaba con el cierre si no recibía dinero público

Y no es el único caso de una empresa que toma represalías contra trabajadores que se muestran críticos durante un conflicto o problema laboral.

Los delegados de los trabajadores de Tinamenor, la empresa de acuicultura que da trabajo a unos 80 empleados en las zonas de Val de San Vicente y San Vicente de la Barquera, han sido absueltos en un nuevo proceso judicial.

En esta ocasión, el antiguo dueño y socio único de Tinamenor, Gustavo Larrazábal Aguerrevere –que fue miembro del equipo del expresidente de CEOE Miguel Mirones–, denunció a tres de los representantes de los empleados (miembros de Comisiones Obreras, que abanderó la defensa de los puestos de trabajo) por una supuesta intromisión ilegítima en el derecho al honor, solicitando una indemnización por daños y perjuicio de 2.000 euros a cada uno.

Sin embargo, en una sentencia publicada en noviembre de 2017 y a la que ha tenido acceso EL FARADIO, la Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Vicente de la Barquera no aprecia ningún acto delictivo.

Durante el conflicto, los trabajadores defendieron que la empresa era viable económicamente y defendieron su continuidad, soportando durante meses impagos mientras se resolvía la situación del conflicto.

LOS ANTERIORES DUEÑOS: ALEGAR AL CONCURSO ES DIFAMAR

Y es que Larrazábal consideró que su honor había sido vulnerado en las declaraciones de los trabajadores durante el proceso judicial del concurso que solicitó la empresa en el Juzgado de lo Mercantil en abril de 2016.

Éstos presentaron un escrito pidiendo que el concurso de liquidación se considerara culpable, pues consideraron que la situación había sido provocada por la inacción de la directiva, aunque finalmente éste se ha declarado fortuito.

En dicho escrito, según la acusación, se incluían alegaciones “que se han demostrado del todo inciertas” y que “son constitutivas de una clara, evidente, injustificada e injusta vulneración al honor”.

Los trabajadores acusaron a los directivos de la empresa de haber “abocado a la sociedad a la liquidación y cierre” y de incumplir el plan de viabilidad porque el administrador “no cumplió uno solo de los compromisos adquiridos por los acreedores”.

Además, también les responsabilizaron de presentar la liquidación de la sociedad “a fin de impedir que fuera adquirida por el inversor que se postulaba con el propósito de eliminar toda competencia del resto de sus empresas”.

LA JUSTICIA: AFIRMACIONES NECESARIAS PARA LA DEFENSA

La jueza discrepa “totalmente” con la “valoración” que realiza la parte demandante, ya que considera que “no son objetivamente calumniosas, ofensivas, vejatorias e innecesarias” sino que responden “a los fines instrumental del derecho de defensa”.

De hecho, destaca que las declaraciones de los delegados “tienen una evidente conexión con el debate jurídico del objeto del litigio”, ya que se esgrimen los motivos por los cuales solicitaban la culpabilidad del concurso, que significaría que el dueño sería responsable de agravar la situación económica de la empresa.

Además, la sentencia recalca que las declaraciones se hicieron en el “ámbito estricto del proceso jurídico”, no pretendiendo repetirlas en otras situaciones. Desde la acusación se afirmó que, además, las acusaciones “se divulgaron también boca a boca” por el pueblo pero no se han presentado pruebas sobre esto por lo que la acusación ha quedado desestimada.

EL ANTERIOR DUEÑO: O “RESCATE” PÚBLICO O CIERRE

Todo esto pertenece a la anterior etapa de Tinamenor, que tras la marcha de Larrazabal se encuentra en una nueva fase, con nuevos propietarios, Naturix, y una nueva marca, 00, centrada en la acuicultura ecológica y presentada esta misma semana de forma oficial en la feria gastronómica Madrid Fusión.

En marzo de 2016 se anunció el concurso de liquidación de Tinamenor, y apenas unos días después la dirección de la empresa de acuicultura advirtió de que si el Gobierno de Cantabria no les hacía un «rescate” que cifraron en 3,7 millones de euros tendrían que proceder a la “liquidación” de las instalaciones.

Sin embargo, la liquidación de la empresa suponía renunciar de facto a fondos europeos dirigidos a este sector en Cantabria –del que Tinamenor es la única representante– por un valor aproximado de casi 4 millones de euros; es decir, el equivalente al rescate que se solicitaba del Gobierno.

El Gobierno se negó a conceder este rescate a fondo perdido aunque propuso establecer una línea de préstamos a devolver con el ICAF.

UN AÑO CON LA NUEVA DIRECCIÓN

Finalmente la empresa ha sido comprada por el grupo manchego Naturix, pionero en el desarrollo de la Acuicultura Ecológica en España, que posee la Certificación Ecológica de Producción (REGA) y la Certificación Ecológica para Transformación y Envasado (RGSA).

A lo largo de 2017 se ha logrado recuperar la plena actividad, después de que se anunciara una inversión cercana a los cinco millones de euros para permitir que la empresa volviera a producir a pleno rendimiento doradas y lubinas.

Desde el 1 de enero de 2017 la empresa se ha hecho cargo de esta unidad productiva, y se comprometió a subrogar a la totalidad de la plantilla e ir sacando a trabajadores del ERTE en función de la recuperación de la actividad.

En Tinamenor trabajan 42 personas de forma directa, pero se generan puestos de trabajo indirectos a otras tantas, por lo que generaba unos 80 puestos de empleo en la comarca de Val de San Vicente y San Vicente de la Barquera. Recientemente, se han realizado 15 nuevas contrataciones en la fábrica.