El sindicato Comisiones Obreras denuncia que la cadena de panadería La Gallofa sigue persistiendo en el acoso laboral contra sus delegadas.

Tienda de La Gallofa

Y esto a pesar de que, tal y como avanzó EL FARADIO, la empresa acaba de perder un juicio por el que se la ha condenado a readmitir a una delegada a la que había despedido usando como excusa sus comentarios en redes sociales –en los que no llegó a mencionar expresamente el nombre de la empresa–.

En estos momento,s relata el sindicato, otra delegada de CCOO está siendo sometida a sanciones y presiones por parte de La Gallofa.

El secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Cantabria, Daniel San Miguel, cree que “las empresas no deben ver a los sindicalistas como enemigos”.

“Nuestras reivindicaciones, nuestro trabajo sindical, no pueden suponer un acoso constante, una persecución… eso no nos deja hacer la labor sindical adecuadamente y eso, sobre todo, perjudica a la empresa”, añade.

La Gallofa es una cadena de panadería que ha experimentado un fuerte incremento en su tamaño en los últimos años, consecuencia del cual también han aumentado sus delegados sindicales.

En las elecciones sindicales de mayo del año pasado, CCOO logró dos delegadas en La Gallofa Panadería y tiene otras dos en La Gallofa & Co, en un proceso en el que el sindicato denunció coacciones y presiones a sus candidatos que tras los comicios se tradujeron en algunos despidos.

Una de ellas ha sido reincorporada a su puesto de empleo (así se lo ordenaba la Justicia a la empresa) pero se ha hecho de forma irregular, por lo que el sindicato ha iniciado un nuevo procedimiento, así que el caso está otra vez en los juzgados.

Además, tal y como denuncia el sindicato, en este momento, otra delegada de CCOO está siendo sometida a sanciones y presiones por parte de La Gallofa.

LA SENTENCIA

“En el presente caso (…) han puesto de manifiesto la oposición de la empresa demandada a que el sindicato CCOO participase en las elecciones sindicales”, reza la sentencia del 11 de diciembre de 2017 que declaró nulo el despido de Ana María Teruel y obligaba a La Gallofa a reincorporar a la trabajadora.

La empresa despidió a la delegada de CCOO porque estimaba que con sus declaraciones públicas había tratado de dañar la imagen de la empresa.

Frente a esto, el juzgado entiende que las manifestaciones de la sindicalista “deben encuadrarse dentro de los derechos de libertad sindical, información y expresión, en cuanto que reflejan la situación de conflicto que se estaba dando en la empresa”, y recuerda que el Tribunal Supremo ya estableció en 2005 que “la celebración de un contrato de trabajo no implica de modo alguno la privación para el trabajador de los derechos que la Constitución le reconoce, entre ellos el (…) de difundir libremente ideas y opiniones”.

“Es muy importante esta sentencia porque yo lo único que he hecho es seguir trabajando para que mis compañeros tengan un salario y unas condiciones dignas”, explica la afectada, Ana María Teruel, quien cree que “hay que seguir luchando para garantizar los derechos de los trabajadores… y más si las empresas ponen estas trabas”.

EL CONTRATO DEL AÑO LEBANIEGO

La Gallofa es la adjudicataria, a través de una de sus sociedades, del contrato de merchandising del Año Jubilar Lebaniego, tras un concurso al que fue la única empresa que se presentó y en el que se incluyó entre las condiciones, como novedad respecto a otras ediciones de esta cita, la elaboración de un producto gastronómico propio.

OTROS CASOS: TINAMENOR

No es el único caso que ha trascendido recientemente en el que una empresa pierde un juicio ante los trabajadores que estaban desempeñando su derecho a la libertad de expresión y la acción sindical.

Los trabajadores de Tinamenor siempre defendieron la viabilidad de la empresa mientras el anterior dueño amenazaba con el cierre si no recibía dinero público

Recientemente se conocía que el anterior dueño de la piscifactoría Tinamenor, Gustavo Larrázabal, denunció a los representantes sindicales (también de Comisiones Obreras) porque en el transcurso del proceso judicial del concurso de acreedores pidieron que este se declarara culpable (es decir, achacable a errores en la gestión por parte de sus administradores y no a circunstancias fortuitas o fruto de la situación del mercado), actitud respaldada por la sentencia en aplicación de la Ley.

Cuando Tinamenor atravesaba dificultades económicas, los anteriores propietarios dijeron que si el Gobierno de Cantabria no les rescataba con dinero público, tendrían que cerrar, mientras los trabajadores defendían que era viable y aguantaron durante meses la situación.

Superada esa etapa, la empresa tiene ahora nuevos dueños, Naturix, ha realizado quince nuevas contrataciones y acaba de lanzar la marca SonRíoNansa, volcada hacia la acuicultura ecológica.