El Ayuntamiento de Santander ocultó al Pleno municipal un sobrecoste de 73.287 euros en las obras de la calle La Montañesa y Río Cubas, en contra de lo que marca la Ley de Contratos del Sector Público.

Apertura de la calle

Así lo indica el Tribunal de Cuentas en su ‘Informe sobre acuerdos contrarios a reparos de los interventores locales, anomalías en materia de ingresos y acuerdos con omisión del trámite de fiscalización previa’ correspondiente a 2015, recién publicado, consultado por EL FARADIO.

En concreto, se trata de unas obras que fueron contratadas en julio de 2012 por un importe de 157.176 euros a la empresa Excavaciones Palomera, pese a que se licitaron en 230.000 euros.

Las obras consistían en la ejecución de dos tramos de vial en esta zona del barrio de Tetuán, previstos en el PGOU, con dos carriles para vehículos y dos aceras que, además, permitía conectar con la calle Alejandro García y con Río Cubas hasta acabar llegando a la glorieta de La Pescadora, en Casimiro Sáinz.

La obra se recepcionó, de conformidad, en noviembre de 2012.

´Calle Río Cubas

Sin embargo, en mayo de 2013 el Servicio de Obras pidió a través de un informe con justificación técnica una obra adicional, que se justificaba en la necesidad de garantizar la estabilidad y seguridad de las edificaciones colindantes mediante la construcción de muros de contención ante el riesgo de deslizamiento de tierras, la realización de trabajos en un espacio reducido sin interrupción de los accesos y el restablecimiento de las condiciones de uso de las parcelas. Esos trabajos finalizaron en julio de 2013.

Una vez desarrollados, el director de Obra, ya en febrero de 2014, presentó una propuesta de liquidación, con variaciones respecto al proyecto inicialmente aprobado y por una cuantía de 73.287 euros, superior al 10% (de hecha era un 47% más).

Ese porcentaje es importante porque el 10% es el límite máximo de las modificaciones que pueden introducirse sin previa aprobación de un expediente de modificación, según marca la legislación estatal, recordada en este punto por el Tribunal de Cuentas.

Varios servicios municipales advirtieron de deficiencias en la tramitación: los servicios jurídicos y los de contratación, en sendos informes, a los que se sumó el Interventor, que también observó que la modificación debería haber cumplido la Ley.

Y lo que indica la Ley de Contratos del Sector Público, en su Disposición Adicional Segunda, es que esos cambios hubieran requerido un acuerdo del Pleno municipal, en el que están representados todos los concejales de todos los grupos políticos de la Corporación.

Extracto del informe del Tribunal de Cuentas

EL AYUNTAMIENTO ESGRIME MOTIVOS DE SEGURIDAD Y FALTA DE TIEMPO

El informe del Tribunal de Cuentas tiene respuesta, en forma de alegaciones, de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, refrendadas expresamente por el exalcalde, hoy ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al suceder durante su mandato.

Desde el Consistorio se remiten a la “necesidad” de acometer obras adicionales “urgentes e inaplazables”, así como a la “imposibilidad material” de tramitar un expediente administrativo para modificar el contrato.

Y consideran que lo que sí resulto ajustado a derecho fue el posterior reconocimiento extrajudicial de obligaciones, aprobado ya en Pleno, en el año 2014, en abril, 17 meses después de que se recepcionaran por primera vez, y diez meses después de que acabaran las obras complementarias.

El Ayuntamiento defiende que se trataba de una obra “de interés” para el municipio y que el modificado se debió a motivos de seguridad.

UN TRÁMITE ACCIDENTADO: CAMBIOS, RETRASOS Y MODIFICADOS

Estas obras salieron a licitación en 2010, y no se adjudicaron hasta julio de 2012 (previamente hubo que rectificar la cifra, pues inicialmente se licitó en 230.000 euros y se acabaría adjudicando en 151.176 euros, es decir, fue baja temeraria), mes en que también se firmó el contrato.

El plazo de ejecución era de 2 meses, si bien no se dieron por recibidas hasta noviembre, es decir, dos meses después de ese plazo.

El incumplimiento de los plazos de los contratos puede ser penalizado económicamente, algo que no consta en este caso (y que con otras empresas, como COPSESA o TEGINSER se ha evitado asumiendo el Consistorio la responsabilidad por los retrasos).

Lo que sucedió fue que durante la propia obra se detectaron necesidades extra en materia de seguridad, que no podían demorarse “en absoluto” y que no estaban previstas en el contrato.

El “breve” plazo fijado en los pliegos (los define el propio Ayuntamiento) y la “urgencia” ante esta situación imprevisible “de particular gravedad y riesgo” hicieron que no diera tiempo ni a redactar nuevos pliegos ni a paralizar las obras hasta que se hiciera un nuevo expediente.

El sobrecoste se canalizó, contando con informes jurídicos, a un reconocimiento extrajudicial de obligaciones, aprobado en 2014, De los 230.000 euros de licitación se pasó a los 151.000 de adjudicación, que, sumados a los más de 70.000 del sobrecoste hicieron que la obra al final costara prácticamente lo que se había licitado, sin el ahorro que supuestamente reportaría la baja temeraria, y con retrasos.

EL AYUNTAMIENTO NO LO HA HECHO PÚBLICO

Este informe del Tribunal de Cuentas llegó al Ayuntamiento en mayo del año pasado y se le dieron diez días para presentar alegaciones, pero su contenido no ha trascendido hasta ahora, cuando lo ha difundido este organismo estatal fiscalizador.

Tampoco queda reflejado en la Web municipal, en su apartado de modificados de obra: según la página, en 2014 –año en que se aprobó el expediente de crédito que incluía el sobrecoste– no hubo ningún proyecto reformado, y los de los años previos no se pueden consultar.

La Web del Ayuntamiento no recoge ningún modificado en 2014

SIN CONTROLES POSTERIORES DE LEGALIDAD

Además de este aspecto, el Tribunal de Cuentas incide en que el Ayuntamiento limita sus funciones de control interno a un examen previo de legalidad, sin incluir un control posterior ni otro de eficacia o eficiencia.

Desde el Consistorio responden que hay un control financiero –pero no de legalidad o eficiencia, que es lo que plantea el Tribunal de Cuentas– posterior que se plantea debe sujetarse a directrices de un decreto estatal que entrará en vigor en julio de 2018, y añaden que ha habido controles financieros trimestrales (en aplicación de la Ley de Estabilidad).