A petición de las organizaciones Cantabria por el Sáhara y Alouda Cantabria, los ayuntamientos de Alfoz de Lloredo, El Astillero, Castro_Urdiales, Comillas, Corvera de Toranzo, Guriezo, Laredo, Santa Cruz de Bezana, Santander, Santoña, Suances, Torrelavega, y Valderredible han aprobado mociones en la que instan al Gobierno de España a solicitar que se declare la nulidad del juicio a los activistas saharauis de Gdeim Izik, encarcelados desde 2010, y su inmediata puesta en libertad.

Concentración en Santander reclamando la libertad de los presos del Campamento Gdeim Izik.

La solicitud se basa en que los hechos supuestamente acaecidos se circunscribieron al Sáhara Occidental, Territorio No Autónomo pendiente de descolonización y ocupado ilegalmente por Marruecos, y por tanto, fuera de la soberanía, competencia y jurisdicción del Tribunal de Apelación de Salé (Marruecos).

Igualmente, solicitan al Gobierno de España que exija una investigación independiente, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aclare los hechos que se produjeron en el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik.

Así como las irregularidades denunciadas por el Consejo General de la Abogacía Española, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Centro Robert F. Kennedy, entre otros, sobre las confesiones realizadas presuntamente bajo torturas o malos tratos y determine la situación de las personas injustamente condenadas.

El juicio, que comenzó en diciembre de 2016, se ha celebrado en un tribunal civil después de que el Tribunal de Casación de Marruecos revocara las penas inicialmente impuestas contra los activistas saharauis por un Tribunal Militar en 2013, ordenando la repetición del juicio por falta de pruebas.

En la exposición de motivos, el texto de la moción recuerda que el Tribunal de Apelación de Salé (Marruecos) dictó severísimas e injustas condenas contra veintiuno de los veinticuatro presos políticos juzgados por su participación en el campamento de la dignidad de Gdeim Izik en 2010, imponiendo penas que incluyen, en algunos casos, la cadena perpetua. Sólo dos activistas saharauis están en libertad tras haber cumplido más años en prisión de los que el tribunal ha dictado para ellos y a un tercero, Hassana Aalia, condenado en rebeldía por el Tribunal Militar a cadena perpetua, le ha sido reconocido en España el estatuto de refugiado político.

Esta campaña de apoyo a los presos políticos saharauis lanzada a nivel estatal por la Coordinadora de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS Sáhara) ha recibido el respaldo de cientos de ayuntamientos de toda España.