La comisión extraordinaria sobre el incendio que se llevó la biblioteca del MAS, el museo de arte municipal de Santander, se ha celebrado este miércoles sin la presencia de los técnicos municipales y las empresas implicadas, como habían reclamado PSOE y PRC.

Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander

En concreto, habían pedido la comparecencia de cinco personas: el director del MUSEO, dos técnicos (el jefe del Servicio de Ingeniería del Ayuntamiento y la arquitecta municipal responsable del contrato de remodelación del edificio), y los responsables de las empresas, o, Codelse (responsable de la seguridad de los edificios municipales) y Siec (constructora que se encargaba de la reforma del museo). Ambas empresas discrepan sobre quién fue el responsable de que la alarma antiincendios llevará meses desenchufada.

El motivo de esta comisión “descafeinada”, como la ha calificado la oposición, ha sido, según el equipo de Gobierno del PP, que dos de esos tres técnicos que habían pedido se encuentran elaborando los informes con los datos sobre lo sucedido hace tres meses.

Esos técnicos trabajan en un expediente que podría, o no, desembocar en sanciones administrativas a las empresas responsables de las obras y la vigilancia, e incluso la resolución de las obras, aunque ceñido al plano administrativo, es decir, de momento no se baraja una denuncia judicial del Ayuntamiento a las empresas por los hechos.

Y a las dos empresas implicadas no se las ha citado porque lo que quería la oposición, según el PP, era un “careo” y un enfrentamiento entre ambas que a juicio del equipo de Gobierno no es el lugar donde debe producirse.

De modo que sólo ha comparecido el director del Museo, Salvador Carretero. Tampoco se les ha permitido visitar la nave de Raos en la que estaban almacenadas las obras.

LA ASEGURADORA ASUMIRÁ LOS DAÑOS

Sin novedades técnicas ni de las empresas, el principal titular que aportaba el equipo de Gobierno era el anuncio de que la compañía aseguradora del edificio del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS) ha comunicado al Ayuntamiento que asumirá los daños del incendio, para lo cual, ha realizado una primera provisión de fondos por importe de 250.000 euros que ha sido ingresada ya en la cuenta municipal.

Además, el Ayuntamiento ha contratado a un perito externo especializado en siniestros de este tipo para evaluar y cuantificar los daños en el inmueble con el fin de dar traslado a la compañía del alcance total en términos económicos y contar con un informe adicional al que realice la propia aseguradora.

Se estima que en un año estarán de nuevo las obras y ya se trabaja en la redacción de un nuevo proyecto.

«NEGLIGENCIA, IRRESPONSABILIDAD Y OSCURANTISMO»

Desde el PSOE, Pedro Casares reprochaba al equipo de Gobierno su “negligencia” y actitud “irresponsable”,

Casares recordaba en un comunicado que sigue sin saberse la verdad de lo que sucedió, y que lo único claro es que “el búnker no era un búnker”.  El PSOE insiste en que hay una serie de aspectos que implican responsabilidad política, como la vigilancia de las obras o el hecho de que no hubiera inventario, por falta de medios humanos y técnicos.

Para el PRC, esta decisión “unilateral” y “oscurantista”, “negativa y preocupante”, supone “usurpar” a la oposición su “derecho” a preguntar a quienes tienen información, en una “imposición”, una “huida hacia adelante” que, según exponía el portavoz José María Fuentes-Pila, parece querer “hacernos creer que nuestro patrimonio se quemó por arte de magia

Desde el PP reprochaban a la oposición que “hablan constantemente de incógnitas, pero nunca explican sobre qué términos” lo que impediría a los técnicos pronunciarse (si el PP les hubiera citado, cosa que no ha sucedido).

La principal duda sigue siendo quién apagó las alarmas, y para el PP se trata de cuestiones que corresponde resolver desde el ámbito administrativo y jurídico.

En la comisión se han repasado distintos informes ya aportados y la documentación sobre el acuerdo con el CASYC, que almacenará a partir de ahora las obras.

SOL 57 SE DILATA

Y mientras, sigue sin resolverte el expediente de investigación abierto por el Ayuntamiento tras el derrumbe de parte de un inmueble en Sol, 57, pese a los avisos vecinales y ejecutados por Dos Imanes Producciones sin licencia adecuada, en unas obras que pese a ello nunca se interrumpieron. Lo último que se supo fue que se pospone su resolución tres meses, con lo que se prolongará hasta abril-mayo, cuando el derrumbe fue el pasado mes de julio.

SANTANDER, LA MEJOR TRANSPARENCIA DE CANTABRIA, LA PEOR DE LAS CAPITALES VECINAS

A ese contexto de acumulación de noticias negativas sobre la gestión del PP en Santander (como el caos generado por la implantación del MetroTus o el reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre la falta de control financiero en los contratos municipales) se sumaba la Plataforma Dyntra, que evalúa la transparencia pública de los ayuntamientos cántabros, a través del estudio DAM Cantabria.

Lo hace a través de un índice dinámico que evalúa la transparencia mediante 152 indicadores agrupados en seis categorías, como participación, urbanismo u open data, y cruzando cumplimiento de leyes o buenas prácticas internacionales de acceso a la información.

El estudio deja un sabor agridulce para la capital cántabra: por un lado, es el Ayuntamiento que mejores cifras cumple de toda la comunidad autónoma (duplicando unos datos que colocan a los ayuntamientos de la región entre los menos avanzados en transparencia en todo el país), pero a la vez es el menos transparente de sus ciudades vecinas y se encuentra en el puesto 22 en el conjunto de las capitales.

En concreto, la media de los municipios cántabros es de un 28,43%, por debajo de la media nacional que es de un 30,50%. Y ahí Santander se posiciona a una gran distancia respecto a los demás ayuntamientos de la autonomía, con un 63,16%.

Le sigue, ocupando la segunda posición, el Ayuntamiento de Castro Urdiales con un 32,89% y en tercer lugar el Ayuntamiento de Camargo, con un 23,68%. Por otra parte, los Ayuntamientos de Torrelavega, Astillero y Piélagos no alcanzan el 20% de cumplimiento, situándose muy por debajo de la media nacional.