Algunos de los protagonistas de los incidentes en el acto de Pablo Iglesias.

Los dos denunciados por su participación en los altercados del pasado 27 de octubre a la salida de un acto en el Palacio de Festivales al que asistía el líder de Podemos, Pablo Iglesias y en el que se produjeron agresiones y amenazas a asistentes y medios de comunicación, serán procesados por delitos leves de agresiones y amenazas, pero no por delito de odio, coacciones o manifestación ilegal.

Así lo señala el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander en un auto que responde a la denuncia del periodista Oscar Allende, director de EL FARADIO, que sufrió estos ataques, en una decisión judicial contra la que se presentará recurso de reforma y de apelación.

El auto sigue en parte el criterio del Ministerio Fiscal y descarta que la convocatoria de la protesta contra la presencia de Pablo Iglesias en Cantabria el mismo día de la declaración unilateral de independencia en Cataluña fuera «incitadora del odio».

DELITO DE ODIO

La jueza se refiere a los «reiterados» mensajes al respeto, mientras obvia mensajes que se difundieran como «rojos de uno en uno al paredón”, o que se animaba a “llevar bates” o a “pisarles la cabeza” a los “perroflautas” y “putos progremitas”.

También se hablaba abiertamente de “llevar bates y abrirles la cabeza”, o unas tijeras para “podarle la coleta” a Pablo Iglesias o huevos para arrojarle, se decía “que parezca un accidente” o se advertía a los participantes que no llevaran la “bandera del águila” (franquista), que “es lo que quieren”, recomendando comprar banderas de España en sitios que no fueran “chinos”.

También obvia que se expulsara del grupo a aquellos que fueran discrepantes con la línea ideológica predominante.

COACCIONES Y MANIFESTACIÓN ILEGAL

El juzgado rechaza también que se produjeran coacciones, es decir, que se impidiera a los afectados realizar una acción que no estuviera prohibida.

En este caso, el periodista intentaba cubrir la salida de Pablo Iglesias del acto, ya que iba a desarrollarse entre protestas, pero no pudo hacerlo debido a que fue interceptado por un grupo entre el que se encontraban los dos denunciados. De hecho, ningún medio pudo conseguir esas imágenes, que sólo logró un estudiante universitario.

También se descarta el delito de manifestación ilegal, pese a que la convocatoria, difundida a través de un grupo de Whatssapp, no fue comunicada a la Delegación de Gobierno, como marca la Ley de Seguridad Ciudadana, y en ella se produjeron incidentes. Uno de los dos denunciados era administrador del grupo desde el que se realizó la convocatoria.

LA OTRA AGRESIÓN FUE ARCHIVADA POR FALTA DE IDENTIFICACIONES

Los manifestantes intentaron acceder al Palacio de Festivales

Ese día se produjo otro incidente, con una reportera de Europa Press TV que cubría el acto y que fue atacada con el palo de una bandera mientras grababa los hechos.

Ella presentó denuncia ante la Policía, que desembocó en una acción judicial que se archivó de forma automática al carecerse de autor conocido, es decir, debido a que no se hicieron identificaciones policiales en el mismo día y no había a quien achacar los hechos. En los días posteriores la Policía Nacional sí que realizó las identificaciones.  La causa se archivó pese a que el juzgado había encargado una prueba y pedido la declaración de la víctima, sin esperar a que se produjeran.

Además de estos incidentes, que tuvieron eco en medios nacionales y que recibieron la condena generalizada de partidos políticos, asociaciones o la patronal y la Asociación de la Prensa, hubo insultos y amenazas a una menor de edad, de origen latinoamericano, y una tercera causa en los tribunales de la que no han trascendido más detalles.

Ya desde antes del acto hubo momentos de tensión, con manifestantes –entre los que había algunos con la bandera franquista–lanzando mensajes racistas o vivas a Franco, encarándose con asistentes al acto e incluso con agentes de la Policía Nacional e intentando acceder al interior del recinto.