El pleno del Ayuntamiento de Santander, con el voto el bloque del Partido Popular y el concejal tránsfuga de Ciudadanos, David González ha rechazado las mociones de PRC y Antonio Mantecón (Santander Sí Puede) que pedían establecer algunas medidas contra actos que discriminen a personas, por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Un acto en el Ateneo

En el caso de la moción de Mantecón solicitaba la creación de un nuevo convenio con el Ateneo de Santander que obligara a devolver la subvención pública de organizar algún evento de ese estilo. Esto deriva después de la polémica con la programación (y posterior suspensión) de la charla de la vicesecretaria de organización de VOX, Alicia Rubio, para promocionar su libro, que critica lo que denomina la “ideología de género” y las leyes de protección de las mujeres y colectivos LGTBI.

El acto se anuló tras la denuncia de más de 30 colectivos y asociaciones, que aseguraron que promovía el odio y la violencia contra estos colectivos con «falacias».

En la iniciativa del PRC no se hablaba directamente del Ateneo pero sí pedía elaborar un protocolo de buenas prácticas que incluya realizar campañas para que las instituciones se adscriban a él y que se establezca una cláusula de defensa de los derechos humanos y de igualdad de género en contratos que se firmen con las instituciones que aspiren a tener ayudas públicas.

EL PP CONSIDERA QUE ESA CONDICIÓN SERÍA “CENSURA” Y LA OPOSICIÓN RECLAMA QUE SON CUESTIONES QUE PROTEGE LA CONSTITUCIÓN

Sin embargo, desde el equipo de Gobierno (incluido el siempre fiel David González) han rechazado ambas. Según la concejala de cultura, Miriam Díaz, ya existen protocolos en funcionamiento y se ha mostrado en contra de la iniciativa de Mantecón porque cree que los que “tienen el mismo derecho a manifestar sus ideas los que se mostraron en contra del acto como la asociación católica que lo promovió”.

La concejala ha acusado a la oposición de solicitar esas condiciones para “prohibir hablar” o “montar un lío cada vez que alguien dice algo políticamente incorrecto”. De hecho, ha espetado que “si es delito de odio, ¿por qué no lo han llevado a los juzgados ?”. “No voy a ejercer de censora antes que la propia justicia”, ha asegurado, añadiendo que “no comparte” sus declaraciones pero “creo que tiene derecho a opinar y hablar”.

Miriam Díaz, concejala de Cultura: “tienen el mismo derecho a manifestar sus ideas los que se mostraron en contra del acto como la asociación católica que lo promovió”

Sin embargo, la oposición, que ha votado en bloque a favor de ambas iniciativas, ha matizado que estas condiciones reclamadas las protege la ley de subvenciones cántabra y estatal y las recoge la propia propia Constitución Española.

Mantecón, quien ha acusado a una de las concejalas del PP de llamarle “hijo de puta” tras la intervención final de Miriam Díaz, ha respondido que “nadie está poniendo ningún tipo de límite a la libertad ideológica pero hay determinados postulados que tratan de atentar contra los derechos de grandes colectivos deben tener un control”. También la exedil de Ciudadanos, Cora Vielva, cree que “nadie está pretendiendo vetar ni prohibir a nadie que se exprese” sino que “el problema es cuando se hace en terreno público”.

El concejal de Izquierda Unida, Miguel Saro, cree que habría sido mejor opción un debate, en el que, como en este caso, “hasta pueden decir mentiras” pero que “el público pueda decidir porque la mentira tiene las patas muy cortas”.

También en el Partido Socialista han criticado que los populares «hable hoy de libertad de expresión» cuando “ustedes son el único partido al que la Asociación de la Prensa de Cantabria ha denunciado públicamente por perseguir la libertad de prensa de una periodista”, como fue el caso del ataque público a Olga Agüero y su columna de opinión en El Diario Montañés.

CAE LA MOCIÓN QUE PEDÍA REMUNICIPALIZAR EL SERVICIO DE LA GRÚA

También ha caído la moción presentada conjuntamente por IU y Santander Sí Puede que reclamaba que se exija el cumplimiento estricto y completo de las condiciones del contrato de la grúa a su concesionaria, Setex-Aparki, a la que se ha abierto un expediente por incumplir una parte de ellas al despedir a tres trabajadores apenas dos días después de que se les otorgara la concesión. En la iniciativa también se solicitaba la remunicipalización de la grúa “a la mayor brevedad posible”, algo que ha rechazado el PP.

El concejal de Protección Ciudadana y de Personal, Pedro Nalda, ha acusado a la oposición de “hacer demagogia” con ese tema, en el que ya han iniciado los trámites de sanción, y ha defendido que el Ayuntamiento es “sensible” a la situación de los trabajadores “aunque no existe relación laboral con ellos”. Algo que el portavoz socialista, Pedro Casares, ha rechazado porque “cómo no va a haber relación si se ha subcontratado el servicio”.

La oposición ha acusado al equipo de Gobierno de buscar “una privatización encubierta”, a lo que Nalda ha contestado que hay otros ayuntamientos gobernados por otros partidos que “también privatizan”.